El expresidente peruano Alan García, puso fin hoy trágico fin, suicidándose con un disparo en la cabeza, a una larga y controvertida trayectoria en la que gobernó dos veces su país y quedó marcado con el estigma de la corrupción.

García decidió acabar con su vida para no ser detenido por orden de un juez anticorrupción que contradijo la rutina de décadas de denuncias de corrupción, de las que salía siempre indemne o, como dicen sus detractores, impune.

Nacido el 23 de mayo de 1949, su padre era militante del Partido Aprista y luchador antidictatorial -García lo conoció a los cinco años, pues nació cuando su progenitor estaba en la cárcel- y su madre una humilde maestra del mismo partido.

Ingresó a la juventud aprista a los 17 años, en el que escaló posiciones hasta integrar el exclusivo grupo de jóvenes que alternataban con el jefe del partido, Víctor Raúl Haya de la Torre, y tras estudiar en las universidades Católica y de San Marcos, viajó a Europa, y a su retorno se reintegró al viejo partido.

En 1978 fue elegido miembro de la asamblea constituyente como ruta de salida a un largo gobierno militar, y en 1980, siendo ya secretario de organización del aprismo, impulsó la candidatura presidencial de Armando Villanueva, quien fue derrotado por el centroderechista Fernando Belaúnde.

Ese año fue elegido diputado y sentó las bases de su campaña electoral, con banderas de renovación, retorno a las viejas banderas de reforma del aprismo y lucha contra la corrupción interna, logrando ser elegido por primera vez presidente en 1985.

En 1990 terminó su administración en medio de la condena general, por una administración caracterizada por su inflamado verbo reformista y por un gran caos económico de hiperinflación e incesante devaluación.

Aquel gobierno dejó denuncias nunca juzgadas por corrupción y por matanzas y otros atentados contra los derechos humanos, en el marco de la llamada guerra interna, que siguen pendientes de ser jugados.

Aunque diversas evidencias indican que ayudó a su sucesor, Alberto Fujimori, a ser elegido en 1990, en 1992, cuando Fujimori cerró el parlamento y gobernó de la mano con los militares, la casa de García fue allanada y él buscó asilo en Colombia.

Solo regresó a Perú en 2001, después que la corte suprema declaró prescritos los delitos que se le imputaban por grandes casos de corrupción registrados en su quinquenio de gobierno.

Tras su retorno, intentó volver a la presidencia en los comicios del mismo año, siendo derrotado por el neoliberal Alejandro Toledo. En 2006 logró su objetivo con banderas neoliberales y anticomunistas, sobre el nacionalista Ollanta Humala.

Al final de su último gobierno, en 2011, otra vez dejó una estela de denuncias por actos de corrupción, como los indultos a miles de condenados por narcotráfico, pero los abogados de García consiguieron invalidar judicialmente los resultados de una investigación parlamentaria sobre esa administración.

Si bien anunció su retiro de la política para dedicarse a escribir y a la docencia, García intentó otra vez reelegirse en 2016, al frente de una alianza neoliberal y conservadora, pero sufrió un duro revés, al obtener menos de seis por ciento de los votos.

Tal resultado se repitió en las encuestas, desde entonces, con ligeras variantes, junto a la creciente percepción de García como el exgobernante y el político más corrupto del país, lo que él y sus seguidores consideraban producto de una campaña de odio y desprestigio.

Intentó reiteradamente recuperar vigencia como político, para atribuir las acusaciones en su contra como producto de esa animadversión, con más intensidad luego que la fiscalía encontró nuevos indicios de corrupción en su último gobierno.

Radicado en España, en noviembre de 2018 retornó por unos días para declarar en una audiencia sobre las investigaciones de la fiscalía, pero el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó que no salga del país por 18 meses.

Ese mismo día, tras declarar su acatamiento a la decisión del juez, se introdujo en la casa del embajador de Uruguay en Lima y pidió asilo alegando persecución, lo que fue rechazado por ese gobierno.

Las pesquisas continuaron hasta que la empresa brasileña Odebrecht confesó al ministerio público de Perú que había pagado sobornos por más de cuatro millones de dólares al exsecretario de García, Luis Nava, al hijo de este, y a otro allegado, Miguel Atala.

La cercanía de los nombrados a García y su nula capacidad para beneficiar a Odebrecht, hicieron que la fiscalía considere que García era el destinatario final de las coimas y, por tanto, pida y obtenga la orden de detención, que el juez iba a aceptar por el anterior intento de eludir a la justicia.

Manuel Robles Sosa