Para Cristina Fernández, la derrota en las PASO (véase «Gambito de dama», Brecha, 17-IX-21) tuvo como ingrediente destacado la subejecución presupuestaria, el ahorro del gobierno previo a las elecciones. El déficit fiscal previsto el año pasado por Guzmán y su equipo para 2021 era de 4,5 puntos del PBI «sin pandemia» y hasta agosto solo se habían ejecutado 2,1 puntos en programas sociales destinados a enfrentar las consecuencias de una pandemia que aún azota Argentina. Es decir, menos de la mitad del gasto estatal avizorado. «No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos, pasando por Europa y en nuestra región también: el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia», señala la expresidenta en su carta. Y en otro pasaje: «Confío que el presidente se va a sentar con su ministro de Economía para mirar los números del presupuesto». Al cierre de esta edición aún no estaba definido cuándo la propia vicepresidenta se reuniría con Martín Guzmán para hablar sobre estos temas.
¿Un cinturón muy ajustado?
«La carta de la vicepresidenta fue un mensaje interno, parte de una discusión doméstica del Frente de Todos [FT]. No veo que el presupuesto anterior ni el que acaba de presentarse en el Congreso sean de ajuste», señala a Brecha Marcelo Elizondo, miembro del consejo directivo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y exdirector de la Fundación Exportar entre 2002 y 2010. «El gasto público sigue alto, como en 2020 y 2021, no veo ajuste. Pero tener un discurso poco amigable con los mercados le juega en contra al gobierno», afirma, además. Su visión es compartida por vastos sectores empresariales y de los principales medios de comunicación, que, al decir del diario La Nación, temen un «abrupto aumento del gasto público, que enciende las alarmas de muchos analistas».
En cambio, para el economista Francisco Cantamutto, integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Sociedad de Economía Crítica, «la vicepresidenta tiene razón cuando dice que se subejecutó presupuesto, en especial en programas sociales. Junto con eso hubo un ajuste fiscal por la vía de la pérdida de poder real en los salarios del sector público, de las jubilaciones y pensiones en 2020».
Según Cantamutto, el diagnóstico planteado en la carta de la vicepresidenta es adecuado. «En términos reales, el salario cayó durante el gobierno del FT, un gobierno que venía a resolver los problemas que dejó el gobierno anterior y no lo hizo, más allá de la pandemia. La pobreza urbana persiste en niveles del 40 por ciento», sostiene Cantamutto a Brecha. De acuerdo al economista, el FT «busca gestionar a partir de la búsqueda de consensos y la conciliación; eso implica no enfrentarse a lo realizado por los gobiernos de la etapa previa; en los hechos, hasta ahora no se ha afectado los intereses reales de la economía concentrada en la Argentina y se ha buscado reconstruir la macroeconomía con base en el perfil preexistente, que no le otorga al mercado interno un rol dinámico».
A la búsqueda de divisas
El proyecto de presupuesto nacional 2022 enviado en la tarde del miércoles 15 a Diputados por el ministro Guzmán prevé un crecimiento del PBI de 4 puntos. Estima, además, una inflación anual del 33 por ciento y un déficit fiscal de 3,5, y proyecta que el valor del dólar para fines de 2021 será de 131,5 pesos argentinos.
Horas antes del envío al Congreso de ese proyecto, el presidente Fernández y su equipo económico, encabezado por Guzmán y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, habían encabezado junto a gobernadores y empresarios del sector petrolero el acto de presentación del proyecto de ley de promociones hidrocarburíferas. Consensuado con los empresarios y los gremios del sector, el proyecto tiene como objetivo, especialmente, reactivar Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén (sobre este yacimiento de petróleo no convencional véase, por ejemplo, «La huella del fracking», Brecha, 4-VI-15).
«El FT está buscando excedentes exportables como salida a la crisis a través de la ley de hidrocarburos, el pool agrícola y productos primarios extractivos que ahora incorporan la explotación del litio en el norte, por ejemplo», afirma Cantamutto, que apunta que detrás de esta estrategia está el «neodesarrollismo del gobierno», representado en especial por Kulfas (véase a este respecto la entrevista de Brecha con el hoy ministro de Desarrollo Productivo, 26-VII-19).
Darío Martínez, secretario de Energía, fue el encargado de presentar el proyecto de ley de promociones hidrocarburíferas, 50 carillas a las que tuvo acceso Brecha y en las que se crea un régimen de beneficios tributarios a las empresas del sector por 20 años. Los sucesivos intentos anteriores de aprobar una ley marco para el sector habían fracasado y ahora el proyecto nacido en el seno del equipo económico tiene en contra a los senadores peronistas y a la propia vicepresidenta Cristina Fernández. Consideran que el período de 20 años de exenciones a las empresas es excesivo y no están dispuestos a votarlo tal como ingresó al Senado.
Mientras tanto, la mirada de la vice sigue puesta sobre Guzmán y Kulfas. En plena renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aún no hay certezas sobre su resultado y eso condiciona no solo el acceso al crédito, sino las metas de pagos a futuro con el organismo. «Con el FMI se está renegociando un acuerdo de facilidades extendidas que implica reformas estructurales de la economía, pero que nunca reconoce la corresponsabilidad del FMI en la firma de un acuerdo ilegal con el anterior gobierno. No hay que olvidar que el organismo violó sus propios estatutos para otorgar el préstamo al gobierno de Macri. El gobierno no logró torcer el brazo de la discusión y termina negociando ajuste fiscal y reformas estructurales, y apenas discute reducir los cargos por sobretasa en el exceso de deuda», señala, por su parte, Cantamutto.
Mensaje al electorado
La primera aparición pública del nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur (el exgobernador tucumano «provida», que entró en reemplazo de Santiago Cafiero), fue junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para anunciar en la mañana del lunes la flexibilización de las medidas contra el coronavirus, a partir, según dijeron los funcionarios, de una baja en los casos registrados en las últimas semanas. A partir del 1 de octubre no será obligatorio el uso de tapabocas en lugares abiertos, se reabrirán gradualmente las fronteras para el ingreso y el egreso de ciudadanos y volverá el público a los estadios de fútbol.
A estas medidas sociales les siguieron los anuncios del Consejo del Salario, que reúne a empresarios, Estado y sindicatos: a partir de octubre habrá un aumento escalonado en el salario mínimo del 52,7 por ciento, que se completará en febrero. Con estas medidas, junto con la promesa de desarrollar políticas sectoriales para el campo, la industria, pequeños productores y pequeñas empresas, el gobierno busca seducir a la sociedad de cara a las legislativas del 14 de noviembre. Tiene como objetivo recomponer el voto histórico del peronismo, levantar el piso histórico alcanzado en las PASO de 67 por ciento de participación electoral, sumar al seis por ciento que votó por partidos que en las primarias no lograron el 1,5 de votos y recuperar al menos una parte del seis por ciento de votos en blanco. Por ese mismo botín va la oposición de Juntos por el Cambio. Las cartas están echadas y también la suerte de Alberto Fernández.
Fabián Kovacic
