El Gobierno recuperó iniciativa y hasta sus contendores admiten que perdieron centralidad de agenda. A partir de ahí puede discutirse cómo se sitúa cada quien frente los asuntos en danza, pero es innegable que hoy la oposición corre detrás de las instalaciones temáticas oficiales y no al revés.

Que por fin se haya debatido y sancionado en la Cámara baja el propósito de aplicar un tributo a las grandes fortunas (apenas 360 de ellas significan el 60 por ciento del monto imputable); que el Presidente se comprometa a empujar la legalización del aborto como decisión de salud pública imprescindible; que ya esté en marcha un operativo fenomenal para la vacunación masiva contra el coronavirus (aunque comunicado con una dosis excesiva de optimismo, quizá); que se lance una gran ofensiva de obra pública, son ingredientes positivos.

Una consideración similar correspondería a que el arreglo con el FMI fue trasladado al año próximo, con Biden asumido pero, sobre todo, con un panorama económico (muy) eventualmente más claro si es que todas o alguna de las vacunas producen efecto.

Nada de eso significa un horizonte despejado, ni por asomo.

Los números inflacionarios; el nuevo festival de bonos para controlar la cotización del dólar; la incertidumbre por cómo se ejecutará cierta recuperación con los índices de desempleo y falta de trabajo que deja la pandemia; atravesar diciembre; el interrogante inmenso de la vuelta a clases; los haberes jubilatorios, son componentes angustiantes.

Pero por algo será que la oposición, a falta a de disparadores más atrayentes, se concentra en la novela aburrida del Ministerio Público Fiscal; el pedido de indagatoria a Carrió por la red de espionaje macrista; la obsesión continua por cada señal intrascendente de Cristina contra Alberto y viceversa; el militar la palabra “ajuste” nada menos que desde sus antecedentes espantosos, que la llevaron a la derrota.

Una mirada rápida a los sumarios de la prensa opositora revela que noticias frívolas, ligadas mayormente al mundo del espectáculo, a los escándalos de personajes mediáticos, a “la inseguridad”, al deporte, son principales.

Cualquiera diría que hay una relación inversamente proporcional entre eso y el hecho de que el grueso confrontativo no da muestras de saber para dónde desembuchar, excepto por el agotador denuncismo anti K y la protección al macrismo vandorista.

Tienen además un intríngulis complejo con la sobreexposición de los cruzados libertarios.

Los Milei o los Espert aseguran griterío y extravagancias antipopulistas para satisfacción del panelismo televisivo; pero a la vez, con elecciones legislativas a la vista que habilitan -como siempre- toda cana al aire de un sector del electorado, corren el riesgo de estimular la división del voto gorila.

Sería más útil observar otros aspectos.

Hay un dato de enormidad pedagógica, no solamente simbólico, que Alejandro Bercovich recordó el viernes en su columna de BAE Negocios, con base en lo que otro colega, Hugo Alconada Mon, publicó en su libro La raíz de todos los males.

Se trata del aporte solidario y extraordinario que Mauricio Macri les pidió a los dueños de grandes haciendas para la campaña presidencial de 2015: un 1 por ciento de sus patrimonios.

Es la mitad de lo exigido a esos magnates en el proyecto que recibió media sanción de Diputados, para ayudar en la emergencia.

“Aquella contribución era sobre el total y no sólo sobre lo declarado, tal como el propio autor ratificó más tarde bajo juramento ante el juez platense Ernesto Kreplak. La ventaja era que podía integrarse en efectivo o en especie, porque el comité de campaña prefería todo ‘barrani’ para no exceder el gasto permitido”.

La cuestión es que Macri recaudó unos 7500 millones de pesos, a valores de hoy, para sufragar actos, medios y cartelería; una cifra once veces superior a lo declarado por los recolectores cambiemitas ante la Cámara Nacional Electoral.

Como señala Bercovich, el subregistro difícilmente pueda ser impugnado con autoridad moral por el Frente de Todos, pero sí expone la contradicción de los grandes contribuyentes que, si era por Macri Presidente, estaban bien predispuestos a la exacción privada mientras ahora se indignan por la estatal.

Es también en el libro de Alconada Mon donde figuran como aportantes macristas los miembros de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que el jueves agregaron su grito en el cielo por el “impuesto a la riqueza”: Rocca, Bulgheroni, Roggio, Eurnekian, Pescarmona, Escasany, Elsztain, su ruta.

Como elemento mucho más directo -aunque en el mismo sentido- puede tomarse el tweet que, desde su cuenta oficial, lanzó el bloque del PRO.

Fue tarde cuando quisieron borrar que, ante a la imposición del aporte a patrimonios individuales portentosos, en tanto representantes del 46 por ciento de la Cámara de Diputados votarían a favor de los intereses del 0,02 por ciento más rico de la población argentina.

Y por si poco fuese en materia de sincericidios, colmaron el vaso las declaraciones de Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, en su diálogo con el humorista Fernando Iglesias.

La formación docente es uno de los vectores de lo que dijo la funcionaria, y lo abordó con una superficialidad que espanta al mínimo rigor requerido.

Es llamativo que ni uno solo de los cuadros o figuras académicas de que dispone la derecha se dispuso a respaldarla.

Se borraron del mismo modo colegas y autoridades mayores del gobierno de la Ciudad, ayudadas por un periodismo independiente al que le pareció mejor no insistir con el tópico so pena de embarrarla más todavía.

Nadie discutiría con seriedad que es todo un tema cómo se forman los educadores, y precisamente por eso es una ofensa inaguantable que Acuña lo haya remitido a la proveniencia de clase, el ventajerismo de la pobreza, la edad, la militancia política.

Todo eso en medio de cómo vienen cargándose los docentes una coyuntura inédita y dramática, más allá de factores individuales que nunca pueden ser elevados al rango de conjunto del área.

En percepción absolutamente subjetiva, la ministra no se dio cuenta o relativizó que sus afirmaciones trascenderían y, más bien, se sintió en una charla reservada de compinches.

Si fue así, es en verdad un agravante de lo que Acuña nunca habría aseverado si se hubiera sentido en un medio de alcance vasto, porque expresa su cinismo.

De allí que lo peor no es ni siquiera lo apuntado, sino su convocatoria a que los padres denuncien a los docentes que bajarían línea subversiva.

Así lo describió Alberto Kornblihtt, uno de nuestros científicos prominentes, en el artículo que publicó Página/12.

“Declara la guerra contra los institutos de formación docente y contra los maestros, por su supuesto escaso capital cultural atribuible, según ella, a su origen pobre. Se pone en guerra contra los gremios y los maestros que bajan línea por defender frente a sus alumnos sus derechos a cobrar un salario digno y a tomar partido por un mundo más justo y solidario, al que no se llega nunca con el mero esfuerzo individual…”.

“Para esta guerra, Acuña necesita soldados y aliados; y los busca en los padres apelando al peor de los valores que una persona puede transmitir a sus hijos: la delación. Acuña imagina un ideal de una escuela aséptica, sin conciencia de clase, sin ebullición ideológica y sin inmersión en la realidad cotidiana de los postergados. La escuela que concibe también baja línea, pero ella no lo admite. Es la línea que necesita el poder económico para perpetuarse y perpetuar la injusticia”.

Según quedó inferido desde lo personal, la ministra de Educación porteña quizá no haya declarado guerra alguna y estará arrepintiéndose de haber volcado pensamientos íntimos cuando la era determina que casi toda confesión queda en la nube.

En cualquier caso, cabe agradecerle a ella, al bloque de Juntos por el Cambio, al periodismo enardecido en favor del 0,02 por ciento de los argentinos, y sus etcéteras, haber ratificado tan claramente, sin perjuicio de mantener pensamiento crítico, en qué lado hay que estar.

Eduardo Aliverti