¿No se puede o no se quiere prevenir los femicidios? La pregunta suena boba. ¿Cómo no se va a querer? Entonces…. ¿No se puede? Estamos cansadas de hacer diagnósticos, de señalar lo que falta, lo que hace mal la justicia patriarcal o las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, otra mujer es asesinada por su pareja o el ex. Y otra. Y una más, en una cuenta que parece no tener fin.

Desde hace años, el movimiento feminista reclama el efectivo cumplimiento de la educación sexual integral –que se aprobó en el año 2006 en el Congreso– como una política de Estado a largo plazo, federal, para que llegue a cada escuela para deconstruir desde la primera infancia el machismo que nos atraviesa a todes y prevenir, entre otras situaciones concretas, los noviazgos violentos: ya estaba en el petitorio de la primera marcha de Ni Una Menos, del 3 de junio de 2015, y sin embargo, todavía no llega a todas las aulas, fundamentalmente por falta de decisión política.

Hay docentes comprometidas que la promueven, pero no alcanza. Al punto que se tuvo que incluir en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo votada en diciembre, un artículo –el 13°– que dice que “El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de implementar la ley 26.150, de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población”. Es decir, el Congreso les recuerda a los gobiernos que no pueden seguir esquivando su responsabilidad frente a la ESI. La ley 26.150 cumplió ¡16 años! ¿No quieren o no pueden? Apenas, un ejemplo.

Donde se pone la lupa se encuentran dispositivos gubernamentales –a nivel local o provincial, o programas nacionales—con bajo presupuesto (siempre es menos del necesario) o sin recursos especializados para dar respuestas efectivas, oportunas, a las víctimas. Las activistas o promotoras de género que trabajan en territorio, en una ONG, en una red de mujeres, lo saben.