Andrés Manuel López Obrador llegó a su cuarta semana desde que triunfó en forma espléndida en las urnas con 30.1 millones de votos o el 53% de la votación, con un nivel de aceptación que está casi 20 puntos por arriba del porcentaje con el que ganó. El presidente electo tiene 71% en la aprobación de su trabajo, y sólo 12% lo critica. Otro 12% dijo no saber qué contestar y 5% prefirió no emitir opinión sobre el tema, de acuerdo con Parametría. 

También llega con la primera baja en su equipo de gobierno, la subsecretaria Tatiana Clouthier, la que si bien se adelanta a los díceres de los analistas –los que aún no asimilan que fallaron en sus cálculos para el 1 de julio y, por ello, agudizan al máximo el espíritu “crítico”, como aquello de que “muchos ciudadanos ya se arrepintieron de darle su voto a AMLO–, adelantó: “Ante especulaciones, inventos e incluso frotadas de mano aclaro: asumo cargo de diputación por así ser lo mejor para la patria y mi familia; no hay telenovelas por escribir y sí cariño y trabajo de la mano con López Obrador”.

Cuarta semana en la que tras dialogar con el general secretario Salvador Cienfuegos y el almirante secretario Francisco Soberón, el presidente electo anunció el sábado 25 lo que era previsible, que permanecerán el Ejército y la Marina en las calles para realizar tareas de seguridad pública y combate al crimen. “La medida será transitoria”.

Previsible por lo obvio y hasta tragicómico, promesas de campaña electoral aparte, “ante el grado de inseguridad y de violencia en el país y porque la Policía Federal no se ha podido consolidar ni está preparada para sustituir a las fuerzas armadas”. A ello agregó la antigua debilidad de los cuerpos estatales y municipales.

La pregunta es en qué y cómo gastaron los antecesores de AMLO los multimillonarios recursos destinados a seguridad pública y a la PF, antes Preventiva, fundada en el sexenio de Ernesto Zedillo por Francisco Labastida. No es un secreto que del combate a la delincuencia organizada surgieron jefes que amasaron fortunas que les permiten vivir en Miami y ser proveedores del gobierno de Enrique Peña Nieto, como Genaro García Luna, consentido de Felipe Calderón.

Semana cuarta del tabasqueño de Macuspana de una febril actividad que incluyó la primera reunión de lo que será su gabinete legal y ampliado, ante el que definió líneas de acción y criterios de suma importancia, como las consultas ciudadanas ante los grandes proyectos de infraestructura, como el Tren Maya (ojo Leo Zuckermann) y el aeropuerto para el valle de México, a fin de “Prevenir cualquier conflicto cuando éstas se empiecen a realizar y tener comunicación constante con las comunidades”, como sucede con el tren Toluca-Ciudad de México que tiene un notable retraso en su construcción, así como el aeropuerto en Texcoco, estado de México, impugnado por unos y apoyado por otros.

También acordaron evitar el dispendio y establecer una política y una cultura de austeridad republicana, como una cuestión de principios y no sólo administrativa, “privilegiar el bienestar social, la eficacia y el reconocimiento, como sujetos de derecho”, a las comunidades de los pueblos originarios (atención Marcos-Galeano), así como “un rotundo ‘no’ al sistema que ha imperado en los últimos 30 años que es el neoliberalismo”.

Todo ello mientras Cuauhtémoc Cárdenas rechaza que a “AMLO y Morena” se les pueda caracterizar como representantes de la “izquierda mexicana”. El señor ingeniero que fue empleado de Vicente Fox y de Miguel Ángel Mancera, olvida que en el III Congreso del PRD se opuso a que éste fuera definido como partido de izquierda y perdió la votación.

Eduardo Ibarra Aguirre