En las elecciones presidenciales realizadas el domingo pasado en Bolivia, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS) del ex presidente Evo Morales, derrotó de manera contundente a los aspirantes de la derecha que respaldaron el golpe de Estado de noviembre de 2019 e instauraron un efímero régimen de facto en ese país sudamericano.

Debe destacarse que durante más de 11 meses, desde que Morales fue desalojado de manera ilegítima del poder, con la complicidad de las fuerzas armadas y de la policía, se abatió contra sus partidarios una feroz persecución política que incluyó masacres, encarcelamientos, exilios e inhabilitaciones judiciales.

La administración de Jeanine Áñez y los cabecillas civiles del golpe, Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) y Fernando Camacho (de la agrupación racista Creemos), hicieron en ese periodo todo lo que pudieron, no sólo por desacreditar al presidente derrocado y a su partido, sino también por minimizar la fuerza del MAS en las urnas y postergaron la realización de los comicios, de forma inicial previstos para marzo, en la creencia de que podrían ganar tiempo adicional para neutralizar al partido de Morales. A lo que puede verse, el resultado fue el contrario.

Es digno de mención, además, que el golpe contó con el abierto y descarado apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro, quien emprendió por su cuenta una campaña propagandística orientada a presentar las frustradas elecciones del 20 de octubre del año pasado, en las que Evo buscaba su tercera relección, como fraudulentas, una especie que nunca pudo demostrarse, pero sirvió de pretexto a los golpistas y dio pie a varios gobiernos de derecha para dar, unos días más tarde, su reconocimiento al régimen de facto.

Así pues, el MAS fue acosado por la policía, sus dirigentes fueron criminalizados y gobernantes y medios de otros países presentaron a su máximo líder como narco, corrupto y hasta dictador. En tales circunstancias, que el partido haya logrado remontar la brutal ofensiva de la derecha y haya ganado la elección presidencial del domingo, por mayoría absoluta –lo que descarta el escenario de una segunda vuelta–, habla de la férrea determinación de los sectores mayoritarios de la sociedad boliviana de recuperar la democracia y el proyecto social, progresista y soberanista que Morales aplicó en el país andino desde 2005.

Una consideración insoslayable a la luz de los resultados electorales es que nunca hubo fraude alguno en los comicios de noviembre, y éste fue un invento de Almagro para desestabilizar a Bolivia, lo cual confirma por enésima vez y de manera rotunda que desde que ocupa la Secretaría General de la OEA, el ex canciller uruguayo utiliza el cargo para promover golpes de Estado y destruir las instituciones democráticas en los países del continente que no se pliegan a las directrices de Washington.

No debe dejar de mencionarse el digno papel desempeñado por nuestro país en la crisis boliviana. En efecto, tras el golpe México no sólo envió a Bolivia un avión de su fuerza aérea para rescatar a Morales y a su vicepresidente, Álvaro García Linera, sino que ofreció asilo político a ambos y buscó en todo momento una solución pacífica para una nación que llegó a estar próxima a una guerra civil, esfuerzo en el que colaboró con Argentina y los países de la comunidad caribeña.

Cabe felicitarse, pues, por el retorno de Bolivia a la democracia, por la derrota del golpismo y por la recuperación en ese país hermano de un camino de justicia social, igualdad y soberanía.

La Jornada