El llamado a juicio al expresidente de Ecuador Rafael Correa por un presunto vínculo al denominado Caso Sobornos, según fiscales, provocó denuncias de una posible trama para inhabilitar políticamente al líder de la Revolución Ciudadana.

La decisión la tomó la jueza Daniella Camacho durante una audiencia preparatoria de juicio, de varias horas, en la que analizó elementos presentados por la Fiscalía General del Estado.

Además de Correa, fueron llamadas otras 20 personas, entre ellas el exvicepresidente, Jorge Glas, y exfuncionarios como Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla y María de los Angeles Duarte.

De acuerdo con las denuncias de la Fiscalía, participaron en un supuesto esquema de corrupción, consistente en captar aportes de contratistas estatales para financiar actividades proselitistas del oficialista Movimiento Alianzas País, de 2012 a 2016, a cambio de contratos con el Estado, lo cual ha sido rechazado por los acusados.

Durante la diligencia, la jueza Camacho sobreseyó a María Augusta Enríquez (exasesora de Vinicio Alvarado), Cai Runguo (exapoderado de la empresa Sinohydro) y José Verdú (Constructora Verdú).

Para muchos, el caso carece de sustento y se inscribe en la persecución política en marcha, por parte del gobierno, contra Correa y sus seguidores y defensores de la llamada Década Ganada, período de las dos gestiones del expresidente (2007-2017), a quienes acusan de cohecho.

Asimismo, como el delito por el cual son investigados no prescribe, el criterio es que la meta final es impedir la participación del exmandatario en las justas presidenciales previstas en 2021.

‘Llamar a juicio a Rafael Correa por Caso Sobornos es responder a las élites usando a la justicia como instrumento de persecución’, consideró el Movimiento Revolución Ciudadana en reacción al dictamen judicial.

Según la formación política, no bastó el informe del Consejo Nacional Electoral, que indica que Alianza PAIS, formación en la cual militaba Correa, cumplió controles en reportar gastos de campaña.

En un Comunicado, la instancia alertó que por dos años y medios, el exjefe de estado y otros líderes de la Revolución Ciudadana, han sido blanco de persecución, por lo que consideraron el caso como político y no judicial.

De su lado, el abogado Ramiro Aguilar afirmó: ‘Ya lograron lo que querían acusar a @MashiRafael de #cohecho, para que la acción no prescriba y no pueda volver al pais. Todo lo demás es cuento’.

Para el también jurista Alejandro Vanegas, quien calificó el proceso como una verguenza y burla a la nación: El llamado caso ‘arroz verde’, luego rebautizado inmoralmente por la fiscal como ‘sobornos’, es un mamotreto cuyo pilar era una prueba forjada : 1 cuaderno escrito en 30 minutos, en un vuelo de avión, 5 años después de los supuestos…!!!

En su opinión, el llamado a juicio penal es algo insólito, sin mérito procesal alguno, pues no existen los elementos del tipo cohecho, pero lo más grave radica en que, por mera presunción, no cabe etapa de juicio penal contra inocentes.

Horas antes del inicio de la audiencia preparatoria de juicio, el exdignatario ecuatoriano adelantó que no esperaba nada de los jueces y una fiscal, evidentemente puestos ahí para perseguir.Tras conocer el dictamen, escribió en su cuenta en Twitter: ‘Aunque todo el caso ‘Soborno’ es una gran payasada, pasará a la historia que el gran ‘indicio’ contra mí, aceptado por la inefable jueza Camacho, es préstamo de $6.000 del fondo que teníamos en Presidencia con nuestros propios aportes, y pagado hasta el último centavo’.

Es político, no jurídico, es la conclusión, incluso, de especialistas que no defienden las ideas de Correa.

No obstante el desacuerdo generalizado, el proceso continuará su curso y el caso regresará a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, donde el próximo paso es sortear el tribunal que llevará a cabo la audiencia de juzgamiento para los 21 procesados.

Sinay Céspedes Moreno