Colombia cumple hoy un mes de protestas antigubernamentales contra la violencia y por la paz, algo no visto en décadas en este país.

Las acciones se desencadenaron con el paro masivo nacional del 21 de noviembre último durante el cual diversos sectores salieron a las calles a expresar su inconformidad y a demandar medidas efectivas en apartados como educación, salud, empleo y medioambiente.

Desde entonces, diferentes formas de protestas, en su mayoría pacíficas, se suceden en el país, entre ellas, concentraciones, movilizaciones, conciertos y cacerolazos.

Varias fuentes coinciden en que la galopante desigualdad y décadas de abandono estatal están detrás de las protestas.

Durante las mismas, se repitieron las denuncias por lo que diversas voces consideran violaciones de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza sobre todo por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

En ese sentido, uno de los hechos que más trascendió este mes fue la muerte del joven Dilan Cruz, quien falleció el 25 de noviembre último a pocos días de haber sido herido de gravedad por un integrante del Esmad durante una protesta pacífica en esta capital.

Después de varias semanas de movilizaciones, a través de las redes sociales digitales usuarios coinciden en que el gobierno y el Congreso están desoyendo la inconformidad expresada en las calles, pues la víspera fue aprobada por los legisladores un polémico proyecto de reforma tributaria.

Se trata de una iniciativa defendida por el Ejecutivo, por considerarla necesaria para mejorar la calidad de vida de los colombianos, mientras que sus detractores aseguran que es lesiva para millones de personas.

Entretanto, las reuniones entre el Comité de Paro y el gobierno siguen sin arrojar acuerdos.

Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, ha reiterado que ‘no se ha llegado a acuerdos porque tenemos discrepancias con la posición del gobierno frente al carácter de que ésta es una mesa de negociación con el Comité’.

Sigue existiendo una diferencia sobre el alcance de la mesa. Ellos hablan de unas ‘conversaciones’, mientras nosotros insistimos en la necesidad de una mesa de negociación con el Comité separada del ‘diálogo nacional’ del gobierno, detalló.

Igualmente, apuntó, mantenemos el criterio de que esta negociación la haremos en el contexto de las movilizaciones que estamos realizando.

En el pliego de peticiones que entregó a la Presidencia de la República, el Comité pidió la disolución del Esmad, sobre el que llueven las críticas, y la depuración de la Policía Nacional.

Empero, siguen las denuncias por lo que varias voces ven como uso excesivo por parte de la Fuerza Pública contra las manifestantes.

Además, el Comité pidió que el gobierno no adelante proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria.

Sin embargo, fue emitido un decreto presidencial que, en opinión de muchos, abre la puerta a la privatización de empresas públicas.

El Comité solicitó que el Ejecutivo inicie con las organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados; que se tramite con la entidad Dignidad Agropecuaria Colombiana los temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en ese sector.

Pidió también que el gobierno aborde con al movimiento ciudadano Defendamos la Paz el proceso de cumplimiento e implementación de los Acuerdos de Paz, firmado en 2016 entre el Estado y la exguerrilla FARC-EP.

Asimismo, insistió en la necesidad de que se definan las políticas ambientales, protección de páramos y demás con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.

Prensa Latina