Como afirmamos en anterior artículo, se desató la confrontación abierta entre el gobierno que encabeza Gustavo Petro y los sectores más parasitarios de la oligarquía financiera. Con ocasión de la presentación de la reforma al sistema de Salud, de los anuncios de las reformas pensional y laboral y la intervención directa del Presidente en la regulación de los servicios públicos, se desplegaron las fuerzas encontradas y el ambiente político está caldeado.

La “alianza interclasista” y la “amplia coalición de gobierno” –como era de esperarse– están siendo sacudidas desde adentro y desde afuera. Las diversas clases sociales, sus fracciones internas y sus representantes políticos, se alinean de un lado u otro. Crujen con diferentes sonidos y formas las débiles costuras de esas alianzas y la intensidad de la confrontación hace que el bloque de poder tradicional muestre su verdadero rostro y el de “sus instituciones”.

En esta semana han sucedido hechos de suma importancia. Muestran la forma como la casta dominante en su conjunto reacciona contra las reformas sociales que impulsa el gobierno. El Fiscal y la Procuradora que lideran la oposición en coordinación con los gremios empresariales son reforzados –ahora– por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional que directamente intentan obstaculizar la acción del gobierno por medio de fallos judiciales. Intentan amarrar de pies y manos a Petro para que poco pueda hacer y desanimar a su gente.

Lo anterior ha sido adobado con el “affaire” de la familia presidencial que obligó a Petro a solicitar una investigación de la Fiscalía sobre el comportamiento de su hijo mayor y hermano, y la ocurrencia de la primera crisis ministerial. Todo ello y mucho más, es resultado de las tensiones reales y artificiales que se orquestan para debilitar al gobierno, mermarles fuerza a sus reformas, y hacer creer que el país vive su “peor momento” por efecto de la “inexperiencia de Petro”. Olvidan los opositores y sus medios de comunicación que hace 4 años le concedieron a Duque más de un año de aprendizaje.

Poco a poco en Colombia se acumulan condiciones para que ocurra algo similar al “Golpe de Pasto” contra el entonces presidente Alfonso López Pumarejo (1944). Por ahora son sólo gestos e insinuaciones como la propuesta del expresidente Pastrana de “hacerle un juicio político a Petro”, recordando el “proceso 8.000” que se utilizó en 1994 para deslegitimar y paralizar al gobierno de Samper. Así, tensionan la cuerda y tratan de provocar reacciones aventureras tanto dentro como fuera del gobierno. El atentado contra el director de la UNP, mano derecha del presidente, pareciera ser parte de una campaña de crispación de nervios.

Vale la pena, entonces, observar, describir y analizar, así sea brevemente, el comportamiento de las clases sociales y de sus diversas fracciones durante estos primeros meses del gobierno del Pacto Histórico. Ello, a fin de identificar y comprender sus expresiones políticas y avizorar las principales tendencias en desarrollo. Sólo así podremos aproximarnos a la realidad nacional que es una verdadera olla a presión, en donde a lo largo de décadas se han acumulado conflictos que se expresan en el actual “estallido social” (parcial, disperso, “sordo”, latente), que se ha desencadenado en diferentes territorios y regiones de Colombia.

Las clases sociales, sus fracciones y el gobierno de Petro

En forma muy sintética presento algunas ideas al respecto. Se requiere más adelante un texto más amplio y profundo que detalle el movimiento real de la vida en Colombia y de sus manifestaciones políticas y culturales. Por ahora, veamos:

–       Los sectores populares y sus diversas clases y sectores sociales como son los trabajadores (formales e informales, precariados, urbanos y rurales), los campesinos mestizos, indígenas y afros, los pequeños y medianos productores, los colonos cocaleros y pequeños mineros ancestrales y artesanales, y todos aquellos sectores que de una u otra manera participaron en el estallido social de 2021, apoyan a Petro y están a la expectativa de sus realizaciones. Algunos de esos sectores, presionados por circunstancias como los desastres causados por el invierno o por el acumulado de problemas que estaban represados, aprovechan la presencia de un gobierno que “dialoga y no reprime” para conseguir soluciones inmediatas. Han protagonizado a lo largo de estos primeros siete (7) meses un verdadero “estallido social” como lo ocurrido con las comunidades de La Mojana, el Canal del Dique, los indígenas de Risaralda, Valle y norte del Cauca, las comunidades de El Guavio (Cundinamarca), los colonos de Puerto Gaitán, el sindicato de maestros del Cauca, los campesinos de Los Pozos (San Vicente del Caguán), los mineros del Bajo Cauca antioqueño y del sur de Córdoba y otros sectores de variadas regiones.

Frente a esta avalancha de estallidos populares localizados y dispersos en diversos territorios de Colombia, que en su mayoría son por causas legítimas pero que, en algunos casos, es estimulada por actores armados de diverso tipo o por autoridades locales y regionales que juegan a desestabilizar y debilitar al gobierno progresista, la respuesta de la administración nacional –en general– ha sido “reactiva”, y “tradicional”. A pesar de los pronunciamientos y de la buena voluntad del presidente Petro, el Estado es lento, burocrático e ineficiente. Se organizan comisiones, se firman acuerdos, se prometen soluciones y se aplazan decisiones.

El único cambio, que es importante pero no es suficiente, es que no se acude a la represión de las fuerzas armadas, aunque no dejan de presentarse enfrentamientos violentos que han dejado los primeros muertos en Los Pozos (un policía y 2 campesinos), y, además, los bloqueos sucesivos de las carreteras (única forma de presión) crean graves problemas para el conjunto de la población como el desabastecimiento y problemas de diverso tipo (inseguridad, violencia, etc.). La oposición se frota las manos y posiciona la idea de que tenemos un “gobierno débil” que es incapaz de mantener el orden y la estabilidad, y que con su actitud “permisiva” estimula el caos y el desorden a todo nivel.

Es importante resaltar que entre los sectores más marginados de nuestra sociedad se está pasando de la expectativa positiva al desencanto, la desilusión y el pesimismo. Algunos sectores de la juventud rebelde, especialmente la que se identifica con la “primera línea”, que no entienden lo de la “separación de poderes”, se empiezan a sentir traicionados. Amplios sectores de la población, golpeados por la inflación, la escasez y altos costos de los alimentos, el desempleo y demás crisis acumuladas, aunque saben que son fenómenos causados por la guerra y otras situaciones internacionales, tienden a culpar al gobierno de “no hacer nada” y empiezan a creer las versiones de la oposición que le achacan todos los problemas a Petro que “con sus reformas genera incertidumbre entre los inversionistas”.

Todo lo anterior influye de una u otra manera en la correlación de fuerzas, que lo decide todo. No es casual que sea después del 14 de febrero, cuando la respuesta popular no fue lo suficientemente robusta y fuerte ante el llamado del presidente Petro a movilizarse en apoyo a las reformas sociales, que se profundice la ofensiva de la “institucionalidad dominante” contra el gobierno, que aparezcan las denuncias y rumores contra el hijo y el hermano del presidente, y que las fisuras dentro del Pacto Histórico, la “coalición de gobierno” y el mismo gabinete presidencial se hagan visibles y empiecen a generar conflictos y fracturas. No es la hecatombe ni una crisis general, pero es una alerta.

–       Las “clases medias” y las burguesías emergentes tienen un comportamiento contradictorio frente al gobierno y a sus iniciales reformas sociales. También están a la expectativa, pero sus diversos componentes sociales tienen posiciones más definidas. La reforma laboral es la que más les preocupa por cuanto saben que el incremento en el costo de la fuerza de trabajo golpea sus ingresos y ganancias. Frente a la reforma al sistema de salud les inquieta que se puedan perder algunos de los logros obtenidos a lo largo del tiempo, que no son por obra de la gestión de las EPS sino por la presión sostenida de los “usuarios”, que han interpuesto millones de tutelas a lo largo de los 30 años de vigencia de la Ley 100. Apoyan la intervención frente a los monopolios que manejan las pensiones y los servicios públicos, dado que les interesa que la gente se pensione y que se rebaje el valor de las tarifas, especialmente de la energía eléctrica, pero aspiran a que dichos cambios no generen inestabilidad económica y que se realicen en forma tranquila y consensuada.

En su mayoría, desconfían que las reformas lleven a la “estatización” de la economía y temen que el Estado acapare la gestión y administración de los servicios públicos por cuanto la identifican con politiquería y corrupción, y, además, les preocupa que aparezcan fuertes sindicatos que terminan exigiendo exagerados privilegios para los trabajadores de esas empresas y entidades estatales. Frente a la “paz total”, a las políticas de industrialización y al cambio de la matriz energética, muestran en general una actitud positiva siempre y cuando se realicen en forma metódica, gradual y planificada.

Las clases medias y burguesías emergentes (sean de origen legal o ilegal; de sectores agrarios, de servicios o industriales; urbanas o rurales), son en general conservadoras. La mayoría de estos sectores apoyaron a Rodolfo Hernández y no a Petro en importantes regiones que se caracterizan por su peso económico (Antioquia, Santander, Eje Cafetero, etc.) pero se puede afirmar, que sólo quienes fueron fuertemente afectados por las guerrillas y quienes tienen un origen vigorosamente tradicional (clericales, militares, etc.) están decididamente en contra del gobierno, identifican los cambios y reformas propuestas con el “castro-chavismo”, y, por tanto, apoyan todo lo que signifique derrotar a Petro. El resto –la gran mayoría– también están expectantes, y aunque no apoyan al gobierno no les interesa “tumbarlo”.

–       A nivel de lo que llamo las castas dominantes, o sea, la oligarquía financiera, los grandes terratenientes y la burguesía burocrática de alto nivel (grandes contratistas, políticos tradicionales, etc.), que es un grupo de familias totalmente minoritario dentro de la sociedad colombiana pero que son la que tienen –en verdad– el Poder económico y político, la posición frente al gobierno de Petro es más homogénea pero no es única y está en evolución. En la recta final de las elecciones de 2022, algunas de sus fracciones, especialmente las que se venían deslindando de Uribe con ocasión del “proceso de paz” liderados por Santos, prefirieron a Petro frente a un Rodolfo Hernández que les generaba mayores preocupaciones e inseguridades. Liberales, conservadores y el Partido de la U, parcialmente y con vacilaciones, decidieron sumarse obligados por sus bases y así defender desde adentro sus intereses y controlar (moderar, domesticar) al nuevo gobierno.

En cambio, los sectores más parasitarios de esa oligarquía (grandes banqueros y especuladores financieros) y los terratenientes más reaccionarios que se aliaron con paramilitares para despojar a campesinos de sus tierras, nunca consideraron esa opción. Petro es su enemigo y no lo consideran un demócrata. Se sumaron taimadamente a Hernández en la campaña electoral porque sabían que eran una carga, pero en la recta final, cuando Rodolfo viajó a Miami, mostró toda su esencia y ello sentenció su derrota. La fracción oligárquica y burguesa “pacifista o santista” se acabó de marear y aunque tampoco apoyó abiertamente a Petro, envío a sus mandaderos políticos a hacer la tarea, ya fuera dentro del Pacto Histórico o en el “frente amplio” (actual coalición de gobierno).

En el actual período, cuando Petro ha dicho que “el cambio no será retórico” y que efectivamente está decidido a tensar la cuerda “hasta donde el pueblo quiera”, esa fracción oligárquica continúa jugando a la “moderación”. Saben que tienen las mayorías en el Congreso, pero también son conscientes que la crisis económica y social que vive Colombia –así no lo reconozcan abiertamente– es profunda y monumental, y que ellos y sus gobiernos son responsables de esa situación. Ya vivieron la experiencia con Petro en la alcaldía de Bogotá de querer sacarlo del gobierno en las primeras de cambio y, no sólo no pudieron hacerlo, sino que lo convirtieron en víctima y lo potenciaron hacia la Presidencia de la República.

Por ello, se ven obligados a soportarlo, “jugar a la política”, desgastar al gobierno, quitarles el filo a sus reformas, desesperar a sus bases sociales y a sus seguidores, provocar reacciones inmaduras o infantiles dentro del gobierno o sus partidos políticos, y mediante la guerra jurídica (lawfare) y mediática, generar divisiones para provocar su desmotivación y llevarlos hacia la auto-derrota. Dicha estrategia empezó desde el mismo día en que se posesionó Petro, dado que saben que la ventaja obtenida en las elecciones es insuficiente para hacer cambios estructurales en nuestro país y aspiran a que Petro no consiga ampliar su base social y política.

Esa fracción “pacifista” de la oligarquía aprendió mucho durante el proceso de desmovilización y desarme de las Farc, y sabe que tampoco pueden frustrar en forma burda, inmediata y arbitraria los anhelos de democracia y de cambio de una gran parte del pueblo colombiano. Además, como lo comprueba el escrito sobre la reforma de la Salud del excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, saben que efectivamente se requieren cambios tanto en el sector de la salud como en lo pensional, laboral, servicios públicos y otras áreas de la administración pública y del aparato productivo, y que oponerse tajantemente a dichas transformaciones puede llevar a este país a una desestabilización más profunda y de pronóstico reservado.

Y, además, después de haber impulsado un “proceso de paz” con bombos y platillos a nivel internacional, de posar como demócratas y “humanitarios” con el apoyo de la ONU, no pueden orquestar y ejecutar un golpe de Estado sin tener los motivos de fuerza mayor que exigirían que Petro –en verdad– se coloque por fuera de las instituciones “democrático-liberales”. Además, saben que para dar un “golpe suave” se necesitan condiciones especiales (graves delitos) para que el Congreso pueda “destituir por sentencia” al presidente de la República, dado que no existe la figura de la revocatoria o que un simple “juicio político” pueda terminar en destitución.

Conclusiones y propuestas

Es evidente que la estrategia desarrollada por las castas dominantes colombianas, especialmente, por la oligarquía financiera más parasitaria, que utilizan la guerra mediática y el “bloqueo jurídico” contra el gobierno de Petro, han afectado parcialmente su iniciativa política y podrían debilitar la gobernabilidad de su ejercicio y gestión transformadora. Hábil y ladinamente han logrado posicionar la idea de que el Presidente tiene un sesgo “anti-empresarial” y que solo le preocupa el futuro de “los más pobres”, colocando a la defensiva a amplios sectores de la sociedad.

Es posible que el acento y la priorización del ejercicio legislativo de las reformas sociales (salud, pensiones, laboral) sin contar con una base social y política más amplia y consolidada, y algunos errores de coordinación y comunicación entre el presidente Petro y demás miembros de su gobierno, además del escándalo orquestado alrededor de los supuestos delitos cometidos por integrantes de su familia, sumado a la explosión de “estallidos populares” localizados pero conflictivos, estén afectando la imagen del Presidente. Así lo indican las encuestas.

Pero también, las circunstancias internacionales que son la causa de la inflación y de la inestabilidad de la moneda (devaluación del peso) más los problemas propios y relacionados con la llamada “paz total” y otras iniciativas polémicas del gobierno (justicia restaurativa, pedagogía en las calles, etc.), no sólo sean una preciosa oportunidad para que los opositores fortalezcan sus campañas de mentiras y embustes, sino que efectivamente se esté enviando un mensaje de “tener mucho afán” y de “querer abarcar más de lo que se puede hacer”.

Si ello es así, se requiere repensar más la estrategia. El presidente Petro tiene muchas herramientas en sus manos para mostrar su voluntad de cambio, más allá de hacer aprobar unas reformas legales. Habría que modificar los “ritmos del cambio”, mostrar más realizaciones y ejecuciones concretas en áreas sensibles (producción de alimentos, apoyo a emprendimientos, etc.) y acumular más fuerza entre las clases medias y burguesías emergentes que les interesa la industrialización y la modernización de la infraestructura para generar empleo formal y fortalecer el mercado interno.

Y claro, comprometer a las bases sociales del Pacto Histórico a desplegar como prioridad una campaña sostenida de pedagogía en las calles, pero protagonizada por militantes y simpatizantes, dirigida no sólo a obtener el apoyo de la población a las reformas sociales planteadas sino a mostrar el enorme potencial de progreso, bienestar y justicia social que tenemos entre manos si logramos consolidar el proceso de cambio que va mucho más allá de la gestión de gobierno.

Ello implica rectificar algunos comportamientos puramente electorales y burocráticos, que pecan de “electorerismo”, que se alcanzan a observar en las dinámicas políticas de los grupos y partidos que hacen parte del Pacto Histórico en este momento que se avecinan las elecciones regionales y locales. ¡Todo está en nuestras manos!

Fernando Dorado