Con el comienzo ayer de la votación para ciudadanos en el extranjero, empezó en Colombia la elección presidencial que tendrá su jornada central el domingo. Conforme se acerca ese momento, crecen los temores a una reacción desesperada de la oligarquía colombiana, tradicionalmente violenta, ante la perspectiva de que los comicios sean ganados por el senador Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y aspirante a la presidencia por el partido de izquierda Colombia Humana.

De acuerdo con las tendencias reflejadas por los sondeos, Petro aventaja al candidato oficialista, Federico Gutiérrez, lo que puede significar la concreción de la primera presidencia progresista del país, con un programa que incluye la reforma agraria, la instauración de un sistema de salud público y universal, la reducción progresiva del uso de combustibles fósiles, la reorientación del presupuesto hacia programas sociales y la transición a un programa público de pensiones.

El ex alcalde capitalino ha sido perseguido, espiado y difamado en los medios oficiales desde hace muchos años, no sólo por su participación de juventud en la organización guerrillera M-19 y sus posicionamientos progresistas sino, sobre todo, por sus sistemáticas denuncias sobre los vínculos entre el oficialismo y el narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción, particularmente claros en el caso del ex presidente derechista, Álvaro Uribe Vélez.

No debe soslayarse que en Colombia la oligarquía y la delincuencia organizada han asesinado a dirigentes y candidatos presidenciales que hubieran podido significar la suspensión de la corrupción y de la impunidad: fue el caso de Eliécer Gaitán, en 1948, y cuyo homicidio dio inicio a un prolongado periodo de violencia política en el país sudamericano; el izquierdista Jaime Pardo Leal (1987) y su sucesor en la dirigencia de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa (1990); el liberal Luis Carlos Galán, en 1989; el ex insurgente Carlos Pizarro Leongómez (1990). Debe tenerse en mente, asimismo, que tanto Petro como su compañera de fórmula, la activista social y ambiental Francia Márquez, han sufrido diversos atentados y múltiples amenazas. El riesgo de ataques a la vida de los aspirantes de Colombia Humana no puede dejarse de lado en un entorno en el que han tenido lugar 77 homicidios de activistas sociales y defensores de derechos humanos tan sólo en lo que va de 2022, el más reciente de los cuales privó de la vida a Juan Felipe Fernández Bustamante, de Partido Cambio Radical, asesinado ayer en Anorí, Antioquia.

A este alarmante panorama debe sumarse la posibilidad de que el régimen colombiano recurra a una anulación de los comicios o a un fraude masivo en caso de que su abanderado se vea superado por Petro.

En tal circunstancia, resulta imperativo que la comunidad internacional y en especial la latinoamericana se mantengan al tanto de los sucesos en Colombia y que exijan la realización de unas elecciones limpias y pacíficas. Cabe esperar, por último, que el país de Gabriel García Márquez logre por fin poner fin al dominio oligárquico y superar así la pesadilla de violencia, corrupción, represión y paramilitarismo en que se ha visto sumido durante muchas décadas e iniciar el tiempo de esperanza que tanto necesita y anhela.

La Jornada