En Colombia, jóvenes desafían cada noche al mortífero gobierno de Duque gritando, nos quitaron la salud, nos quitaron la universidad, y ahora nos quitan el salario y, a pesar del peligro, se organizan para salir a la calle, porque están desesperados. Su grito cuenta una historia, la de agresiones que se acumulan y de que basta entonces cualquier cosa para el desbordamiento.

Y mientras, acá, en México, la nueva Ley General de Educación Superior (LGES) (DOF 20/04/2021) y los que la propusieron, diseñaron y aprobaron, hacen su pequeña gran contribución a la desesperanza de los y las jóvenes mexicanos y dan un paso a la disolución del carácter autónomo de nuestras universidades; borrándoles identidad, sometiéndolas a un control cupular a manos de funcionarios federales, gobernadores y hasta rectores privados.

El recuento: se prometió el derecho a la educación superior, la gratuidad y la obligación del Estado de abrir lugares. Pero en la LGES ni lo uno ni lo otro, y tampoco lo tercero. No habrá derecho a la educación porque pese a la insistencia de estudiantes, académicos y sindicatos universitarios, la ley deja en manos de las autoridades universitarias mantener, reforzar y añadir, incluso, más requisitos para el ingreso a sus instituciones. Con apoyo legal, ellas regularán ahora el alcance que tendrá un derecho humano tan básico como la educación. Cuidan su hermoso jardín, pero cierran la puerta en un país que tiene uno de los niveles más bajos de cobertura de América Latina.

Se prometió, además, gratuidad, simple y llana, pero lo que se aprobó garantiza que pasarán muchos inviernos antes de que se haga algo notorio en este tema. Siendo literales, en la LGES no se aprobó la gratuidad, sino el movimiento perpetuo hacia la gratuidad, habrá una transición gradual a la gratuidad (artículo 66). Pero, ¿quién decide qué tan gradual es gradual? En la autónoma, será la autoridad universitaria. Escucharemos en los años venideros la frase “seguimos transitando…”. Y el lenguaje es todavía más desesperanzador en el caso de la obligación del Estado de proveer de lugares suficientes: “se establecerá un fondo federal especial destinado a asegurar… a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad, de manera gradual, de los servicios de educación superior” (artículo 64).

Y, por otro lado, en contradicción con el anuncio del fin de los exámenes de selección que hizo AMLO en la campaña y ya en la Presidencia, ahora se decide darle a la evaluación (y acreditación) lo que durante 30 años de neoliberalismo nunca tuvo: legalidad (artícu-los 58 y 59). Por otro lado, profesores, estudiantes y sindicatos solicitaron una y otra vez democracia en las instituciones y ampliación de derechos. Pero ahora se refuerzan más las autoridades locales al crearse un Sistema Nacional de Educación Superior (artículo 47), que integra absolutamente a todas las más de 5 mil instituciones –incluyendo autónomas– bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En ese sistema “corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa las atribuciones siguientes: (…) III.- Coordinar el Sistema Nacional de Educación Superior…” (artículo 47 y II). Pero, además, se crea un super consejo universitario, una especie de cúpula directiva –como en Canacintra y Concanaco– el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior que se encarga de acordar las acciones y estrategias que permitan impulsar el desarrollo de la educación superior (artículo 52). La composición de esta cúpula muestra su tendencia autoritaria y vertical, pues quienes lo conforman serán funcionarios de la SEP, y 32 gobernadores, y más de 100 rectores de universidades públicas y privadas. En total, casi 180 integrantes de los cuáles sólo 18 serán estudiantes y académicos. Y en otra parte se dice que son los actores más importantes del Sistema (artículo 22, I).

De esta manera, después de 100 años de lucha por la autonomía el frente de rectores (Anuies), una SEP más papista que Milton Friedman con un Congreso dócil, ganan por todo lo ancho la batalla, y ahora tenemos una autonomía confinada. “Estamos satisfechos….” declaró el titular de la UNAM y, claro, es un paso que fortalece secularmente a las autoridades individuales. Sin embargo, falta hacerlo funcionar y, lo más importante, falta la respuesta que nacerá de la misma semilla que se ha sembrado. Crear un sistema nacional abre el terreno a una unidad más amplia –con el tiempo, hasta nacional– que recobre el esfuerzo de 1920-1930, de una Federación Nacional de Estudiantes y el de 1979-1980 de un Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Educación Superior, incluyendo a los precarios, que hoy, son los que luchan. Un sistema educativo rígido, excluyente y dominado por la autoridad genera persecución, y también rebelión. Y, como se ha dicho, pierden el miedo, por eso les tienen miedo.

Hugo Aboites

Hugo Aboites: UAM-Xochimilco.