En Uruguay, los triunfadores electorales lo hicieron profesando y prometiendo la reducción del Estado, a su juicio un Estado pesado e ineficiente cuanto no inútil. Sin embargo en el mundo, la covid- 19 trajo de nuevo y con más fuerza que ninguna ideología la necesidad de un Estado verdaderamente fuerte.

Esta posición se hace dominante justo cuando todos vemos que estamos echados a la suerte de una sociedad de mercado global que no sabe qué hacer con esta peste.

Pero el gobierno uruguayo ha encontrado, como siempre hacen los uruguayos, una forma de hacer las cosas distintas, o al menos que parezcan, y viene instaurando un proceso de supuesta salida de la crisis (que puede terminar en una gran zambullida en ella) de la mano de lo que el presidente define como una “nueva normalidad”. Una nueva normalidad que se busca imponer de la mando de una nueva autoridad, comandada desde un discurso enérgico, lleno de asesoramiento de grandes comunicadores, y protagonizada por un joven presidente que apenas llega a tener un respaldo directo de un 30 por ciento de la población y que llegó a su cargo como la figura principal de una coalición antiprogresista que juntando a los cinco partidos que se oponían al Frente Amplio no llegó al 50 por ciento de los votos, pero tuvo y tiene el apoyo obsceno de toda la gran prensa del país, de todas las asociaciones que representan a las grandes patronales nacionales y algunas internacionales, en particular de las multinacionales de las telecomunicaciones.

Y a tal punto llega la confluencia antiprogresista político – empresarial que en medio de la crisis, sin haber logrado siquiera un plan, a horas de haber logrado armar un comité académico para darle un poco de seriedad al seguimiento de la pandemia, que no venía gozando de mayor aprobación entre el público más informado, el gobierno concreta una importante maniobra antidemocrática e introduce en el parlamento una ley de urgente consideración con 500 artículos que de no llegar a discutirse en 90 días queda automáticamente aprobada.

Dicha ley, al decir de todos los constitucionalistas serios del país, y de la galaxia, no es otra cosa que una maniobra política para procesar una importante reforma del Estado en 90 días, que aunque fue anunciada desde la campaña, no deja de ser un atropello al sistema democrático y a la sociedad toda, más aún si la misma debe ser procesada en medio de la pandemia con aislamiento social.

Pero volviendo a los sistemas de salud y a las reflexiones que en el mundo se vienen produciendo, todas en contra de la orientación de esta reforma, se da que todos los países que priorizaron el ahorro estatal y la privatización extendida de la salud, permitiendo el predominio de la lógica de aseguramiento privado, han mostrado estar en peor condición para afrentar la pandemia y están dando marcha atrás con sus reformas de mercado, incluso al grado de nacionalizar buena parte de los sistemas de salud como es el caso de España o Irlanda.

En Uruguay los círculos más informados están expectantes de que el ingreso de la academia al monitoreo de la pandemia tenga por resultado una profundización en la observación de los sistemas de salud que produzca sinapsis en un gobierno que está mucho más preocupado por concretar su agenda liberal y autoritaria que de la crisis sanitaria, a tal punto que ha concretado un aumento de tarifas en medio de la crisis social, con un aumento de dos puntos del desempleo en un mes, con un incremento de más de 1000 por ciento en el seguro de desempleo y procesando una verdadera caza de brujas en el sistema público de salud a manos de ex militares de la dictadura.

La reciente creación de este comité de expertos ha abierto esperanzas de que la propia responsabilidad del trabajo científico, propenda a generar un proceso de registro de la evolución de la pandemia que sea capaz de proponer previsiones y prioridades de trabajo para la autoridad sanitaria dentro del Estado y para un futuro donde pueda haber una próxima crisis (AH1N1(2009), el SARS (2002), el Ébola (2014), el MERS (coronavirus 2015) y ahora (el COVID-19). Aunque estos temas no parecen ir en el sentido de la agenda de la coalición de derechas para la que la pandemia parece ser un simple accidente por el que se transita hacia una nueva normalidad.

Sobre el plan para enfrentar la pandemia no se sabe nada con claridad, los académicos dicen que se precisa monitoreo pero que la gestión es un asunto político y el gobierno sostiene que es necesario el ajuste fiscal y social para atender a los intereses que ellos representan, la crisis sanitaria no salió del horizonte pero va tomando de a poco un acento de clase dado que los sectores más informados, que son los mejor posicionados socialmente, y que tienen voz pública, van transitando hacia una “nueva normalidad” con más cuidados y donde la responsabilidad sobre el contagio se instala como un asunto personal pero más o menos posible.

Quienes menos tienen, como siempre, harán lo que puedan, si tienen un poco de suerte les irá mejor que si no la tienen, pero el gobierno ya les dijo qué es lo que tienen que hacer, si no lo hacen porque no quieren, porque no entienden o porque no pueden, no es algo por el cual este gobierno se sienta responsable, ya les dieron una canasta de 30 dólares para que pasen la cuarentena y ahora se espera que den lo mejor de sí.

El ajuste liberal no para ni con pandemia ni con crisis social, al menos esa es la impresión que viene dando el proceso uruguayo, y no es de extrañar, nadie podría pensar que Macri o Bolsonaro hubieran cambiado de rumbo de sus hazañas por un simple virus.

Pablo Rodríguez Masena

Pablo Rodríguez Masena: Licenciado Ciencia Política, UBA; Magíster en Diseño y Gestión de Programas Sociales, Flacso.