Hace un año los viñedos de Donald Trump en Virginia y California, entraron en crisis por falta de trabajadores. En realidad se trata de un caso generalizado a lo largo y ancho de Estados Unidos.

Las labores agrícolas requieren entre 1.5 y 2 millones de trabajadores, que tienen dos características: 85 por ciento son mexicanos y la mayoría son indocumentados. Los consideran trabajadores no calificados, pero en realidad son muy pocos los que se pueden desempeñar en estas labores. Es un trabajo manual, agotador y mal pagado.

Por más de un siglo, los agricultores estadunidenses contaron con suficiente mano de obra mexicana, sean braceros legales, indocumentados o trabajadores temporales. Pero la creciente criminalización y persecución de los migrantes indocumentados ha afectado la producción agrícola que requiere de mano de obra y no puede mecanizarse. Se ha inventado gran cantidad de opciones, pero al fin de todo, nada puede suplir la mano de obra en ciertas cosechas, que necesariamente son manuales.

Cualquier imprevisto o contratiempo puede echar a perder toda la cosecha. Los ritmos de recolección están programados de manera milimétrica y con fechas precisas y si pasa algo, los contratistas ya tienen programado el trabajo de la semana siguiente en otro rancho y no hay modo de reajustarse.

Por otra parte, los trabajadores agrícolas tienen muy malas condiciones de alojamiento, bajos salarios y pocas o nulas prestaciones. Pero toda la producción agrícola y pecuaria depende de ellos.

En Idaho, por ejemplo, las granjas lecheras dependen de cuatro o cinco trabajadores para la ordeña, que se hace de manera mecanizada, pero siempre es necesaria la presencia de varios trabajadores. Viven en tráilers mal acondicionados y tiene ritmos de trabajo intensos. Pero la ausencia de un trabajador puede complicar todo el proceso, y las vacas no pueden dejar de ordeñarse. Hipotéticamente estarían en condiciones óptimas para reclamar mejores salarios y condiciones laborales, incluso para ir a la huelga, pero su condición de indocumentados se los impide.

Pero si los trabajadores agrícolas están estresados y con miedo, también los empleadores que dependen de la mano de obra están en la misma situación. Así lo expresan los propios legisladores que propusieron una nueva Ley de Modernización del trabajo agrícola:

Los hombres y mujeres que trabajan en las granjas de Estados Unidos alimentan a la nación. Pero los trabajadores agrícolas de todo el país viven y laboran con incertidumbre y miedo, lo que contribuye a la desestabilización de las granjas en todo el país, expresó Zoe Lofgren, una de las patrocinadoras del proyecto.

La ley HR 4916 fue aprobada con una amplia mayoría de votos, tanto de demó-cratas como de republicanos, y es la pri-mera propuesta bipartidista en temas migratorios que pasa en la Cámara de Representantes desde la propuesta de reforma migratoria integral aprobada por el Senado en 2013 y que nunca fue discutida en la Cámara de Representantes.

Ahora se plantea el dilema al revés, la tiene que aprobar el Senado, de mayoría republicana. En cierto modo la ley es una reformulación de las visas temporales H2A, pero que tendrían temporalidades más amplias, podría incluir a familias de trabajadores y eventualmente un camino para obtener una visa de residente. También favorece que algunos trabajadores puedan moverse de su lugar de trabajo, lo que llaman visa portable, pero sólo para 10 mil personas que califiquen.

Por primera vez se dice de manera expresa que en el medio agrícola existe una dependencia mutua: nuestros agricultores y ganaderos, que enfrentan una crisis laboral, necesitan ayuda, y los hombres y mujeres que contribuyen a la industria agrícola de nuestra nación necesitan seguridad.

Se supone que la aplicación de la ley, obligaría a todos los empleadores a verificar la condición de legalidad de sus trabajadores que estarían sujetos a este nuevo programa y también que los contratistas ya no podrían trabajar por su cuenta y tendrían que estar regulados y certificados.

Para acceder a este programa se requeriría que los trabajadores demuestren que han laborado en la agricultura, por lo menos 180 días en labores agrícolas en los dos años anteriores a la entrada en vigor del proyecto, además de contar con un récord de buena conducta y no haber tenido problemas con la policía.

En este caso, se les permitirá postularse aunque hayan infringido leyes de migración y tengan documentación falsa. Si no fuera así, el programa estaría destinado al fracaso. Pero también es un reconocimiento de que se adquieren derechos por haber laborado de manera honesta en años anteriores, aunque sea como trabajador indocumentado o con identidad falsa.

Habrá que analizar la ley con mucho cuidado, pero primero habrá que esperar a ver qué dice la Casa Blanca y el Senado, que en estos momentos no tienen muchos ánimos de aprobar leyes migratorias y están más empeñados en muros y deportaciones.

Jorge Durand