Hace 14 años, en septiembre de 2006, los senadores Orrin Hatch de Utah y Richard Durbin de Illinois propusieron una ley, llamada por su acrónimo DREAM Act, en español sería la Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros. Y a sus posibles beneficiarios les llamaron dreamers.

Se trataba de dar alivio y cierta seguridad legal a los jóvenes que habían llegado siendo pequeños con sus padres y se habían educado y socializado en Estados Unidos. El argumento principal de la ley era que se trataba de personas que habían cruzado ilegalmente la frontera, pero que legalmente no eran responsables por ser menores de edad cuando eso ocurrió. En todo caso, sus padres eran los culpables.

Muchos de estos niños llegaron como parte de un proceso de reunificación familiar que era consecuencia de otra ley, llamada IRCA, que legalizó a 3.2 millones de migrantes indocumentados. En muchos casos, se trataba de migrantes solos que tenían a sus familias en sus países de origen y que al ser ellos legales, optaron por traer al resto de su familia por la vía irregular.

Así se formaron las llamadas familias con estatus migratorio mixto, donde el padre o la madre son legales, los hijos mayores son indocumentados y los menores ciudadanos. Otros casos, fueron migrantes que llegaron con sus hijos menores a Estados Unidos y todos estaban en calidad de indocumentados.

Se han hecho varios intentos para introducir la ley DREAM, que es una propuesta de ley sensata, con gran apoyo popular y bipartidista, pero nunca ha sido debatida. Se trataba de facilitar la educación de estos jóvenes que sólo podían terminar la preparatoria y luego se les negaba el acceso a la universidad al no poder acceder a fondos estatales que fueron prohibidos por otra ley: IIRAIRA de 1996. La ley DREAM preveía darles una visa de residencia temporal y exigía ciertos requisitos y condicionantes. No todos los jóvenes podían acceder a este beneficio, pero favorecía a quienes habían concluido sus estudios básicos. Era una forma de reconocer a un capital humano formado y socializado en Estados Unidos y que aportaba múltiples beneficios a la sociedad y a la economía.

Sin embargo, esta propuesta de ley, como cualquier otra iniciativa de reforma migratoria, fue sistemáticamente bloqueada por los republicanos y pone en evidencia la profunda división de opiniones y sentimientos que existen en la sociedad estadounidense en torno al tema migratorio. División y parcialidad que es más ostensible entre la clase política.

Para subsanar en algo el fracaso de Barak Obama en cuanto a la reforma migratoria durante su administración, en junio de 2012 promulgó una orden ejecutiva: el programa Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que retomaba lo esencial del DREAM Act y que dio alivio temporal a unos 700 mil jóvenes, de los cuales 80 por ciento son mexicanos.

Pero esa orden ejecutiva inmediatamente fue impugnada por varios estados y empezó la batalla legal. Otra orden ejecutiva que otorgaba beneficios a los padres de los dreamers (DAPA) tuvo peor suerte.

Como quiera, DACA otorgaba alivio temporal a los jóvenes, quienes tenían que renovar su expediente cada dos años con una incertidumbre bianual que los mantenía con la espada de Damocles en la cabeza de manera permanente, lo que generó uno de los movimientos sociales de migrantes más consistentes y originales. Muchos dreamers salieron de las sombras, tomaron las calles y se hicieron militantes. Es quizá el rescoldo que quedó de las grandes marchas de 2006 por la legalización que se ha venido apagando con la represión y persecución permanentes. Los dreamers, sin embargo, han persistido, se han organizado y poco a poco van ganando tiempo y credibilidad.

DACA les otorga alivio temporal, permiso para estudiar y trabajar, pero no es residencia legal, menos aún un camino a la ciudadanía. Es algo similar a los programas de protección temporal que se otorga a migrantes por razones humanitarias (TPS), que siempre tienen que ser renovados y siempre pende la amenaza de que se les vaya a suprimir. La diferencia es que los dreamers están organizados y tienen amplio respaldo popular.

La ley DACA fue una salida por la tangente que salvó en parte la credibilidad de Obama y de los demócratas con la población hispano-latina. Y ahí radica el interés de Trump en impugnarla, en derribar todos aquellos pequeños logros del primer presidente negro de Estados Unidos. Es un arreglo de cuentas porque la impugnación de Trump tiene que ver con el argumento principal de si Obama tenía o no potestad para promulgar una ley ejecutiva como DACA; muchos opinaban que se había extralimitado.

Pero no le salió la jugada, en realidad la cancelación del programa por parte de Trump no cumple con los requerimientos legales estipulados. Fue un improntus, con fallas en su argumentación y de procedimiento.

Cada día que pasa los dreamers ganan tiempo y será más difícil deportarlos o cancelar el programa. Pero todo depende de otra pesadilla, que Trump se relija en noviembre.

Jorge Durand