La sesión de la OEA de agosto de 2026, en la que Brasil y México se opusieron a una propuesta respaldada por Estados Unidos para convocar una reunión ministerial de emergencia sobre las reformas electorales de Nicaragua, revela una situación significativa en la dinámica de poder hemisférica. Mientras Washington, apoyado por aliados como Argentina y Costa Rica, describió la propuesta como una acción colectiva necesaria contra la deriva autoritaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la postura alternativa defendida por las dos mayores naciones latinoamericanas exige un examen cuidadoso más allá de los titulares inmediatos.

El detonante de este enfrentamiento diplomático fue una serie de reformas constitucionales anunciadas por el gobierno de Ortega-Murillo a finales de julio de 2026, que ampliarían el mandato presidencial de seis a siete años, descalificarían a ciertas figuras de la oposición designadas como “traidores a la patria” y facultarían al consejo electoral para revocar el estatus legal de los partidos que reciben financiación extranjera. Aunque Managua describe estas medidas como una defensa necesaria de la soberanía nacional frente a la interferencia extranjera, Estados Unidos y sus aliados las ven como un desmantelamiento cínico de la competencia democrática, argumentando que el régimen ha abandonado incluso la pretensión de consentimiento popular. Este desacuerdo fundamental sobre la naturaleza de las acciones de Nicaragua preparó el terreno para la polémica sesión de la OEA que siguió.

Sus reservas reflejaban un cálculo geopolítico centrado en la soberanía y la no intervención, rechazando la premisa de que la OEA debía aplicar un modelo de conducta política prescrito externamente bajo el amparo estadounidense. No era un gesto pasivo; al invocar reservas contra la iniciativa, Brasil y México neutralizaron la capacidad de Washington para enmarcar la votación como una elección binaria entre democracia y autoritarismo. Su oposición puede interpretarse en cambio como una respuesta sofisticada a lo que perciben como una campaña poco sincera—una que emplea el lenguaje de la solidaridad democrática mientras oculta una intención más pragmática de explotar las crisis regionales para reafirmar una hegemonía unipolar en declive. Las delegaciones brasileña y mexicana argumentaron explícitamente que la organización debe priorizar “abrir canales de negociación” sobre medidas coercitivas, fundamentando su postura en una larga tradición de no intervención que resuena mucho más allá de esta única sesión. De manera significativa, diez países — Brasil mismo, Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay — optaron por firmar una declaración conjunta separada el mismo día, expresando su preocupación por las reformas electorales de Nicaragua sin respaldar la reunión ministerial propuesta por Estados Unidos. Este documento alternativo, aunque diplomáticamente significativo, carecía de la fuerza coercitiva de la resolución estadounidense, sin autorizar sanciones, suspensión o cualquier acción colectiva vinculante contra el régimen Ortega-Murillo—ya que un Brasil calculado sí firmó este documento para señalar preocupación democrática y, al mismo tiempo, oponerse a Washington.

La gravedad de la intervención brasileña y mexicana se hace evidente cuando se considera el escenario contrafactual de su silencio. En ausencia de sus voces disidentes, es muy probable que la sesión no se hubiera suspendido sin votación, y que Estados Unidos y sus aliados hubieran conseguido los votos necesarios para convocar formalmente la Reunión de Consulta de Ministros de Asuntos Exteriores. Esta reunión ministerial, el mecanismo diplomático de más alto nivel de la OEA para abordar las amenazas a la paz y seguridad regionales, habría tenido el mandato de examinar una gama completa de opciones legales, diplomáticas, institucionales, económicas y de seguridad colectiva. Aunque un alto funcionario estadounidense declaró explícitamente que la propuesta no autorizaba el uso de la fuerza armada, la naturaleza abierta de las opciones en cuestión sugiere que se estaba contemplando seriamente una cascada de medidas punitivas, incluyendo la ampliación de sanciones específicas contra Ortega y su círculo cercano, así como movimientos más amplios hacia la suspensión de Nicaragua de la OEA, profundizando así su aislamiento diplomático e imponiendo graves costes económicos.

Estados Unidos presentó la propuesta como una medida urgente para la seguridad regional, pero esta justificación refleja intervenciones hegemónicas pasadas en las que los asuntos locales se elevan a amenazas existenciales para servir a los intereses del poder orquestador. Esta campaña tenía como objetivo polarizar el hemisferio y obligar a los estados a elegir bando en una mentalidad anacrónica de bloque. Al promover una narrativa de una amenaza irreconciliable desde Managua, Estados Unidos y sus aliados más leales buscaron reforzar un marco basado en bloques que está fundamentalmente desfasado con las relaciones internacionales contemporáneas.

En este contexto, la postura colectiva de Brasil y México no surge como un gesto de apoyo a las políticas internas de Nicaragua, sino como una defensa de principios de un marco multipolar en el que los asuntos regionales se resuelven mediante el diálogo y no la presión coercitiva. Sus reservas fueron una medida calculada para anticipar el establecimiento de un ciclo autosostenido de escalada, donde una reunión ministerial inevitablemente conduciría a sanciones punitivas, que a su vez provocarían más inestabilidad y proporcionarían un pretexto para la continuación de la intervención externa. Al negarles su consentimiento y negar a la propuesta el peso político de las dos mayores economías de la región, Brasil y México actuaron efectivamente como un control al impulso de Washington de convertir la OEA en un vehículo para un nuevo conflicto por poder al estilo de la Guerra Fría en América.

Además, la decisión de Brasilia y Ciudad de México de oponerse a la moción demuestra una comprensión clara de las consecuencias contraproducentes que a menudo siguen a tales ofensivas diplomáticas tan bruscas. El registro histórico de la intervención extranjera en los asuntos internos de las naciones latinoamericanas es un legado que no puede ser fácilmente ignorado, y la crisis actual en Nicaragua, aunque grave, no representa una amenaza inmediata para la paz y estabilidad más amplias del hemisferio que justifique una acción colectiva extraordinaria. Por tanto, la oposición fue un cálculo estratégico de que el curso de acción propuesto no solo era poco acertado, sino también un intento transparente de utilizar la plataforma de la OEA para la conveniencia geopolítica de un solo Estado miembro. Así, los gobiernos brasileño y mexicano demostraron ser capaces de poner límites a esa agenda, resistiendo el encuadre binario y negándose a verse arrastrados a una confrontación fabricada.

En conclusión, las reservas Brasil-México no fueron un respaldo a Managua, sino una recalibración de la política regional que prioriza la soberanía sobre narrativas hegemónicas. Esta postura reafirmó la visión de unas Américas multipolares donde se busquen soluciones a los desafíos regionales mediante un diálogo genuino.

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Miguel Santos García es un escritor y analista político puertorriqueño que escribe principalmente sobre la geopolítica de los conflictos neocoloniales y las guerras híbridas en el contexto de la cuarta revolución industrial, la nueva guerra fría en curso y la transición hacia la multipolaridad. Visite su blog.

Es investigador asociado del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG).