Hay de robos a robos. Por ejemplo, el robo de identidad es una práctica común en nuestro país. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, somos el octavo lugar en incidencia de este ilícito a nivel mundial, que consiste en hacerse pasar por otra persona para efectos de contratar un préstamo bancario, un seguro u obtener una tarjeta de crédito, entre otros actos que tienen como fin último cometer algún tipo de delito.

Hacerse pasar por otra persona ante una autoridad o instituciones financieras no resulta tan sofisticado si se cuenta con los datos de la persona, extraídos por ejemplo mediante el hurto de carteras o el llenado de cuestionarios en páginas de Internet de dudosa procedencia.

Así también, en México se comete con cierta frecuencia otro delito, el de falsificación de documentos oficiales, entre ellos la credencial de elector, ante lo que el Instituto Nacional Electoral ha implementado protocolos para evitar precisamente que se materialice este delito, pero a veces no se trata de una falsificación, sino de una credencial original que pudo haber sido obtenida precisamente mediante el robo de datos o falsificación de otros documentos oficiales, como el pasaporte mismo.

Uno de los tantos usos que se le da a las identificaciones falsificadas es presentarlas para constituir sociedades, que luego se dan de alta ante el Sistema de Administración Trinutaria (SAT).

Abren cuentas bancarias, operan en aparente legalidad para finalmente realizar actos en perjuicio de particulares, instituciones financieras y del propio fisco, despareciendo los socios pero no los efectos de los actos realizados por la persona moral.

Pero hay de identidades a identidades. No es lo mismo robarse la de Juan y Juana Pérez que tratar de celebrar actos jurídicos haciéndose llamar Andrés Manuel López Obrador o Beatriz Gutiérrez Müller.

De alguna manera esto fue lo que narró el Presidente de México en la mañanera del martes, donde nos adelantó la nota de que su nombre y el de su esposa habían sido identificados el pasado 11 de agosto como socios de 26 empresas inscritas ante las oficinas del SAT en Veracruz.

El mandatario habló sólo de lo que sucedió ante esa instancia fiscal, pero hay más historia atrás.

Para que una sociedad pueda iniciar trámites frente al Servicio de Administración Tributaria debieron haberse acreditado otros supuestos, particularmente el acto jurídico de constituir las sociedades mercantiles.

De acuerdo con la ley, la constitución de este tipo de empresas debe darse ante fedatarios públicos, quienes tienen como obligación cerciorarse de la identidad de las personas que comparecen ante ellos, en este caso los supuestos socios, a quienes se les piden los documentos oficiales necesarios para tal efecto.

Pero ahí está otro detalle. Pensar que un fedatario, en cualquier lugar de la República Mexicana, no le suene ligeramente conocido el nombre de Andrés Manuel López Obrador, resulta casi imposible; es decir, que uno o varios fedatarios públicos se supone tuvieron a la vista a unas personas que manifestaron llamarse igual que el jefe del Ejecutivo y su esposa. Se identificaron con documentos supuestamente oficiales, sin haberles llamado la atención, o notado algo raro, ya que en caso de que fuera coincidencia esta sería casi para Ripley. O, de plano, afirman que el mandatario y su cónyuge comparecieron.

Así entonces, si hubiese sido ante notario, implicaría la presencia física de gobernante del país en el distrito notarial para otorgar precisamente el acto constitutivo de las empresas. La historia de los hechos que hacen al Presidente socio de 26 sociedades recientemente constituidas tiene aún un hilo por ser investigado, el antecedente que da nacimiento a las sociedades, sin cuya existencia jurídica sería imposible su registro ante Economía y luego su inscripción ante el SAT.

Este es el extraño caso que hizo al mandatario neoempresario, donde, de revisarse los antecedentes, habrá otros personajes involucrados en la fabricación de hechos.

Arturo Maximiliano García

Arturo Maximiliano García: El autor es notario público, analista económico y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de California.