La gente siempre se ha matado por los recursos, como en el caso del agua, para poner un ejemplo. Abres el grifo y se derrama. Probablemente uno da por sentado que siempre fue y será así, pero aunque la Tierra está cubierta de agua, solo el 0,03% es apta para el consumo, esto significa que el 99,7% del agua del planeta es inutilizable. Los seres humanos derraman alrededor de 2 millones de toneladas de aguas residuales y desechos en las aguas del globo todos los días. Casi mil millones de personas no pueden acceder al agua potable. Con una población mundial en crecimiento, es una receta para el desastre. ¿Podría la escasez de agua causar una guerra?

Que se libren conflictos por el acceso a los recursos naturales no es nuevo. Los principales conflictos del siglo XX estuvieron motivados, total o parcialmente, por el acceso a los recursos naturales. Si el agua y minerales raros serán el motivo de las guerras futuras, podrían parecerse a las pasadas por el oro, la plata, el petróleo, los bosques, el cobre, el aluminio, las bananas y cientos de otros recursos que posee un grupo y que otro desea. Los estudios de la ONU muestran que más del 40% de los conflictos armados internos de los últimos 60 años han estado vinculados con los recursos naturales. El crecimiento de la población, el consumismo, la degradación medioambiental y el cambio climático están poniendo una presión insostenible sobre dichos recursos.

Aunque la gente no lo sepa existe un ingenioso relato acerca de la maldición por tener recursos naturales, algo así como una condena, una especie de lado oscuro de los recursos naturales encabezados por Darth Vader. Y como era de esperar, en el reino de las tinieblas el continente africano era número puesto. La independencia de los pueblos africanos después de la Segunda Guerra Mundial mostró cómo la falta de industrialización y la alta dependencia de los recursos naturales traían crecimientos económicos muy bajos en la mayoría de estos países.

Aunque la abundancia de recursos naturales puede significar riqueza y prosperidad para una nación, su ineficiente explotación provoca que este acontecimiento sea una maldición y no una bendición. Por tal motivo, surge la teoría de la maldición de los recursos naturales, que explica que los países ricos en dichos recursos son más propensos a tener bajas tasas de crecimiento que aquellos que no lo son, y de paso muestra que su eficiencia en el manejo es tan mala que resulta conveniente que grandes empresas privadas se encarguen de tan pesada carga.

La distribución injusta de los recursos naturales, su mala gestión y la corrupción que de esto emana son otros vectores que conducen al conflicto, especialmente en los países que tienen instituciones débiles o debilitadas. Los recursos naturales también sirven para financiar guerras. Desde 1995, el 75% de los conflictos en África han sido parcialmente financiados de tal manera. Así, la extracción ilegal de minerales, madera, carbón y especies silvestres han servido para alimentar las disputas.

Por ejemplo, la República Democrática del Congo, que concentra el 80% de las reservas mundiales de coltán, un mineral fundamental para la elaboración de productos electrónicos, ha alcanzado más de seis millones de muertos, mujeres violadas, niños soldados, desplazamientos sociales. Estas actividades han generado 100.000 millones de dólares para los rebeldes y los grupos criminales, detrás de ellos están Alcatel, Ericsson, Siemens o Nokia, las multinacionales obtienen ganancias del conflicto.

Mediante la utilización de todo tipo de instrumentos de política, ya sean golpes blandos, maniobras judiciales, financieras, económicas, diplomáticas, militares, comunicacionales, culturales, de inteligencia, o a través de instituciones de crédito, como el FMI, u organismos multilaterales buscarán subyugar la voluntad de los países en pos de sus intereses.

El golpe de Estado en 2019 a Evo Morales ya no deja dudas del papel central que tuvo el litio en su motivación, “el nuevo petróleo del siglo XXI” como dejamos expuestos en los artículos BOLIVIA MODELO EXITOSO (I) y (II), donde desde 2017, mediante la sanción de la Ley Nº 928, se creó la Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Sus misiones y funciones son la de ser responsable de realizar las actividades de toda la cadena productiva: prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización.

Si el litio emerge como factor clave para garantizar la transformación de la matriz energética y del patrón tecnológico, y las mayores reservas del mundo se encuentran en los países del Triángulo del litio, compuesto por Argentina, Bolivia y Chile, resulta simple comprender que el tablero de la geopolítica mundial estará atravesado por la disputa por los recursos naturales estratégicos, al constituirse estos como elemento esencial  de poder, porque permiten modificar, o en la mayoría de los casos, sostener el estatu quo vigente.

En el caso de Bolivia la idea es más grave. Seis años después de la creación de Yacimientos de Litio Bolivianos, este será el primer país en el mundo en aplicar la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) a escala industrial para explotar ese recurso desde 2024. A diferencia de las piscinas de evaporación, que permiten una recuperación de entre 40 y 45% de litio de las salmueras en un periodo que dura más de un año, la EDL duplica ese porcentaje, y lo más irritante es que se lleva a cabo con la firma del convenio entre la estatal YLB y el gigante chino CATL Brunp & CMOC.

Más de US$16.000 millones en capitales de China se han inyectado al desarrollo minero en Perú desde 2009, año en que ambos países suscribieron un tratado de libre comercio. De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Energía y Minas (Minem), entre enero y noviembre de 2022, empresas de propiedad china invirtieron US$577 millones en exploración, mantenimiento, equipamiento e infraestructura. Ahora la estabilidad política del Perú afecta sus ganancias y suministros.

La construcción de cadenas mundiales de suministro de bienes primarios es central para las potencias hegemónicas, así como para incentivar a sus empresas de recursos naturales a invertir en el exterior, conducir a sus bancos públicos y privados a realizar préstamos con contrapartidas en petróleo, gas y minerales alrededor del mundo. En América Latina hay una antigua tendencia de endeudamiento que limita o elimina la inversión estatal conduciendo el desarrollo de sectores a la dependencia. Ahora se refleja una nueva disposición que afecta las estructuras productivas de la región, y fortalece el modelo exportador (extraccionista) basado en bienes primarios. Y, en particular, por la percepción de que esa inserción se relaciona y afirma por relaciones entre el centro y la periferia, donde la región parece estar cada vez más subordinada, lo que incluye a los Estados Unidos o a China como nuevo “eslabón” de esta dependencia.

Mantener los volúmenes de importación y consumo de estos bienes no es fácil, menos para las potencias que deben proteger su producción basada en estos insumos, por lo que invertir en estos bienes alrededor del mundo es una política estratégica, y su disputa es unos de los ejes de la matriz. Por esto la gobernanza de los recursos naturales es hoy un elemento clave en la agenda de desarrollo, sobre todo para América Latina y el Caribe; uno de los principales ejes hacia un futuro sostenible.

La gobernanza de los recursos naturales se ejerce a través del conjunto de instituciones formales (marcos constitucionales, leyes, contexto fiscal, regulación sectorial, territorial y ambiental, entre otras), de instituciones informales (reglas implícitas en la práctica de uso común) y de decisiones políticas soberanas, cuyo accionar conjunto rige el funcionamiento de los sectores extractivos. Se determinan así los regímenes de propiedad (por ejemplo, leyes de concesiones), marcos tributarios (tratamiento fiscal específico de estos sectores) y mecanismos de ahorro, distribución y uso de las rentas públicas provenientes de estos sectores (fondos de inversión y estabilización), así como otras funciones de ordenamiento de las actividades asociadas a los sectores extractivos de recursos naturales.

La clara responsabilidad y rol del sector público en la gobernanza de los recursos naturales se basa en la comunión armónica entre progreso y modelo de desarrollo, planificación y fijación de metas. Es evidente que los próximos años serán decisivos para la búsqueda del cambio estructural de los países de la región, entendido como la reasignación de los recursos de sectores de baja productividad a los de productividad intermedia y alta.

Es claro que la guerra por los recursos será central en América Latina por lo que los países deberán tener propuestas acorde con un cambio estructural que permita un desarrollo más pleno e inclusivo. Debe incluir, al menos, mecanismos institucionales que puedan asegurar: una inversión pública eficiente de las rentas generadas; manejo adecuado de las distorsiones macroeconómicas derivadas de la volatilidad de los ciclos de precios de los bienes primarios y los flujos fiscales y de divisas asociados, así como la capacidad del Estado para prevenir y resolver la conflictividad y hacer un ordenamiento efectivo y gestión integrada de los recursos en el territorio.

A menudo se nos enseña que las guerras tienen causas políticas, que son conflictos por el poder global o el orgullo nacionalista. Pero a medida que cambia el clima, parece cada vez más probable que en el futuro se libren conflictos por el acceso a los recursos naturales. Y nadie en su sano juicio puede creer que quienes lo tengan están condenados en lugar de haber sido bendecidos.

Alejandro Marcó del Pont