A mediados de mayo, a punto de cumplir los primeros seis meses de su llegada al poder, estalló un escándalo en las alturas del gabinete ampliado de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que puede considerarse como el primer serio descalabro que sufre su gobierno.

El detonador de la cascada de declaraciones, contradeclaraciones, discusiones en los medios de todo tipo que impactaron a los más amplios sectores de la población y en las que el propio presidente intervino dando sus versiones y cayendo en contradicciones flagrantes, fue la carta en la que Germán Martínez Cázares hizo pública su renuncia el 21 de mayo como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En breves líneas este curtido funcionario hacía una dura crítica de las nefastas consecuencias en el sector salud del gobierno del subejercicio y los retrasos en la ejecución del gasto público del presupuesto federal puestos en práctica por AMLO a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La austeridad a rajatabla

El IMSS, la institución de seguridad social más grande de América Latina, con más de 60 millones de derechohabientes y 27 millones de asegurados, según su ex director “estaba siendo estrangulado financieramente”. Las consecuencias del control y “la injerencia perniciosa” de la política de austeridad a rajatabla de Hacienda eran notorias en la creciente escasez de recursos para solventar las también crecientes demandas de la población más necesitada de los servicios médicos de las instituciones públicas de salud: despidos masivos de personal y al mismo tiempo contradictorias vacantes sin ocupar, sobrecargas de trabajo e incertidumbre en el personal sanitario, congelada la compra de equipo, parado el pago a proveedores de medicamentos y rezagada la inversión en la siempre insuficiente infraestructura de una institución con más de 30.000 camas.

La renuncia de Martínez Cázares, fulminante como fue, descolocó a AMLO. Era una crítica por parte de un personaje insignia de su gobierno y su partido. Gran parte del éxito obradorista se ha basado en su política pragmática desplegada en el abanico más amplio y heterogéneo de diversas fuerzas que integran su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Germán Martínez es uno de los más importantes políticos de la derecha mexicana, fue presidente del PAN durante el gobierno neoliberal del ex presidente Felipe Calderón quien en 2006 fue el beneficiario principal del fraude electoral que le arrancó la victoria a AMLO. La invitación a participar en su gobierno la hizo éste para demostrar el enfoque ecuménico, léase conciliador, que fue el mensaje central de toda la campaña electoral obradorista. Era muy difícil esperar un zarpazo de parte de él, pero en su carta escribió: “Es inhumano, ahorrar, y controlar en exceso el gasto en salud. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres”. Palabras doblemente hirientes por su contenido y por quien las dijo hacia el gobierno obradorista supuestamente de “izquierda”.

Ciertamente la situación impugnada del ex director del IMSS no era una novedad. Desde por lo menos treinta años es una constante el desmantelamiento de los servicios médicos públicos empezando por las dos instituciones más importantes el IMSS y el ISSSTE (Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado) e incluyendo el fiasco que resultó ser el Seguro Popular establecido durante el sexenio panista de Vicente Fox y los hospitales, clínicas y demás instituciones de salud estatales y regionales: falta crónica de fármacos, sobresaturación de consultas y servicios auxiliares de diagnóstico, dificultad del tratamiento especializado a todos los pacientes, para no hablar de la desatención proverbial de las comunidades pequeñas fuera de los grandes centros urbanos. Cualquier usuario común y corriente de estas instituciones ha padecido las aglomeraciones en los consultorios, las colas enormes en las farmacias que pueden durar horas y demás carencias.

Lo novedoso fue, y eso explica el escándalo que desató la renuncia de Martínez Cázares, que la situación era reconocida con motivo de un conflicto en el propio gobierno. Se constataba una situación del todo diferente a la expresada en la campaña electoral de AMLO como candidato presidencial y supuestamente mantenida a partir de su llegada al Palacio Nacional: su compromiso de dotar al pueblo mexicano de un servicio de salud pública a la altura de los que existen en Dinamarca o Canadá.

En el más puro concepto neoliberal de los gobiernos anteriores, el nuevo gobierno incrementaba el de por sí ya muy profundo deterioro de las instancias de salud pública siguiendo al pie de la letra los requerimientos impuestos por las agencias financieras internacionales a todos los gobiernos: austeridad del gasto público, prioridad de las soluciones no estatales, promoción de los intereses particulares. Las informaciones que fueron saliendo describían un panorama desolador y patético de los centros de salud pública a lo largo y ancho del país. Reducción de cirugías por falta de materiales que a veces deben llevar los propios enfermos, disminución de la plantilla de los enfermeros y enfermeras (el sindicato del ISSSTE considera que la institución tiene un déficit de 90 mil en el personal de enfermería), clínicas de maternidad que carecen de los materiales para salvar la vida de recién nacidos, pacientes enfermos de cáncer y otras enfermedades que protestan por falta de medicamentos, insolvencia económica de instituciones nacionales de punta como los hospitales Infantil, de Nutrición, General Manuel Gea González, de Cancerología entre otros.

Para Martínez Cázares la conclusión inevitable de la política de ahorro gubernamental promovida como línea fundamental por AMLO en su gobierno se sintetizaba en las siguientes frases. Decía la carta: “Pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención a pacientes y un segundo efecto indirecto todavía peor: el fortalecimiento de los servicios privados”. O sea, que en nombre de una política de austeridad justificada con el propósito de reunir recursos para los fondos necesarios para el asistencialismo a los estudiantes, a los miembros de la tercera edad y a las comunidades indígenas más aisladas y pobres se hundía más en el hoyo de la precariedad e insuficiencia a las instituciones de salud pública destinadas precisamente a los más pobres y necesitados, favoreciendo al mismo tiempo al circuito de la medicina como gran negocio capitalista. Una realidad que chocaba por completo con el objetivo prioritario de las promesas electorales de la campaña de AMLO. ¿Cómo no recordar con ironía una de las consignas centrales de esa campaña: “Por el bien de todos, primero los pobres”?

AMLO a la defensiva

La respuesta de AMLO reveló que la situación lo había puesto a la defensiva. Su primera reacción fue de descalificación de las protestas y los protestantes: “son inventos”, “están mal informados”. Después vino la negación rotunda: “no hay congelamiento de recursos a los medicamentos”, “no existe la retención de 2.300 millones de pesos”. Finalmente reivindicó las medidas de su gobierno como las indicadas “para mejorar en mucho el sistema de salud y erradicar una gran corrupción existente con los proveedores de medicamentos”.

Pero las informaciones que salían como cascada en los medios no mentían: la situación desastrosa del sistema de salud en toda la República producida por la retención del presupuesto correspondiente a 2019 no pudo ser encubierta con simples palabras. Se corroboró que en efecto desde diciembre de 2018 el gobierno había decidido la retención de más de 2 mil millones de pesos con el objetivo de realizar la “compactación” de plazas y revisar la política de compras concentrada en unos pocos proveedores que se aprovechaban de su situación por ser los proveedores de más de la mitad de los medicamentos comprados por el sector. Todavía una semana después de estallido del conflicto provocado por la carta de Martínez Cázares, Alfonso Ramírez Cuevas, presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados anunciaba que se daba marcha atrás en la “compactación” de plazas y se subsanaban la retención de mil 200 millones de pesos correspondientes a los centros de salud de alta especialidad. (La Jornada, 28.05.2019)

Cumplidos los seis meses de gobierno, AMLO sigue manteniendo un alto grado de aceptación popular, la cual ciertamente ya no es de más del 80 por ciento como en los primeros cien días, pero está alrededor del 70 por ciento lo que representa un colchón considerable para su política. Pero lo ocurrido en este mes de mayo ciertamente representa un quiebre: se ha acabado la luna de miel. Millones de mexicanos y mexicanas que sufren en carne propia las carencias y deficiencias del sector de salud pública votaron por MORENA el 1° de julio pasado, muchos creyendo verdaderamente en las promesas que hacía AMLO de efectuar los cambios necesarios para que dicho sector se transformara para llegar al nivel del existente en los países escandinavos. Lo que está sucediendo en estos días seguramente va a comenzar a llevarlos a pensar que esas promesas tenían mucho de demagogia, pues lo que en realidad está sucediendo es que la verdadera política defendida por el gobierno obradorista es la de austeridad a rajatabla que en el caso del sector salud equivale a un austericidio. No se puede minimizar las consecuencias que en el imaginario popular tendrán los impactantes hechos y polémicas de estos días.

Precisamente mientras redactábamos estas notas se ha producido un acontecimiento que da mucho que decir sobre su significado. De repente, de una manera intempestiva, sin que hubiera el mínimo anuncio de que se estaba procesando la medida, el gobierno de AMLO ha decidido detener a Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México, uno de los hombres más ricos del país y ha ordenado la captura de Emilio Lozoya Austin, un político muy cercano a Peña Nieto (dirigió su campaña presidencial) y fue director de Pemex durante los primeros años de su gobierno. Lozoya ha sido denunciado por directivos de Oderbrecht presos en Brasil como uno de los destinatarios de los sobornos de millones de dólares que esta compañía hacía, entre otras, a las empresas petroleras de América Latina. Ancira acusado de ser el beneficiario de un negocio que significó un desfalco multimillonario de Pemex fue detenido en España el 29 de mayo y se niega a ser extraditado a México, lo cual será motivo de un juicio que podrá alargarse durante seis meses. Lozoya, quien ya había sido inhabilitado por diez años a cualquier cargo gubernamental debido a omisiones en su declaración patrimonial sin que se incluyera en la acusación nada relacionado al soborno de Oderbrecht, ha huido y está siendo buscado por Interpol. Es imposible, dada lo sensacional del acontecimiento que de un día para otro acapara la atención de los medios, no pensar en una hábil maniobra del presidente para desviar la fuerte presión crítica a la que fue sometido durante la semana que duró el escándalo producido por la carta de Martínez Cázares.

Sea lo que fuere, los acontecimientos de este mes de mayo han marcado un quiebre en la primera mitad del primer año del gobierno obradorista. Todas las señales indican que la segunda mitad será tan compleja, sino es que aún más, que la que ha terminado estos días. La “agenda” para el resto del año es abundante en problemas. Los nubarrones de una economía estancada siguen arremolinándose a pesar de las declaraciones optimistas de AMLO que considera, ante el escepticismo generalizado de todo tipo de economistas, que el crecimiento anual será del ¡¡4 por ciento!! El primer trimestre de 2019 fue más violento en homicidios (incluidos feminicidios) que el correspondiente del último año del gobierno de Peña Nieto y la Guardia Nacional se supone entrara de lleno en funciones hasta julio. El programa estrella del obradorismo los pagos asistenciales con tarjeta a los estudiantes y a los adultos de la tercera edad no logra superar su deficiente difusión y son numerosas las protestas al respecto. Y hasta ahora AMLO, ha intentado eludir un enfrentamiento con Trump que además del muro, exige que el gobierno de México actúe como guardia fronterizo de los tres mil kilómetros que separan (y unen) a los dos países para impedir el paso de las oleadas de centroamericanos que atraviesan el país. A pesar del incremento de las fuerzas represivas que operan en la frontera sur de Chiapas, de su brutal comportamiento con los centroamericanos que logran entrar a México, Trump no está satisfecho y aquí se gesta un choque inevitable.

Y el mes de mayo en su último día cerrará con una movilización en el Zócalo de la Ciudad de México convocada por el movimiento de solidaridad con el EZLN para protestar por el constante hostigamiento a los territorios zapatistas por parte de las fuerzas militares y policiacas del régimen.

La “Cuarta Transformación” de México anunciada por AMLO no será posible realizarla con los métodos y la mayoría del personal que hoy prevalecen en su gobierno, métodos y personal en gran medida de los gobiernos que lo antecedieron. No puede ser la empresa de un caudillo, por poderoso que sea. La verdadera e histórica transformación revolucionaria que urgentemente es necesaria del pueblo mexicano ya se prepara en lo más profundo de las masas populares de este país y sólo será posible cuando del seno de éstas surja el caudillo social colectivo constituido por los trabajadores, sus aliados en la ciudad y el campo, las mujeres y los pueblos indígenas que a través de sus luchas de liberación e independencia en las calles, en las fábricas, en los campos, en las escuelas y universidades tomarán su destino en sus manos para forjar el México socialista, feminista, protector del medio ambiente e internacionalista que trascienda la situación de decadencia en la que nos ha arrojado el capitalismo con su violencia y barbarie.

Manuel Aguilar Mora

Manuel Aguilar Mora: Historiador y profesor de la UACM (Universidad Autónoma de la Ciudad de México), militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS).