Todavía no había terminado la reunión del Superior Tribunal de Justicia sobre habeas corpus para Lula, cuando surgió noticia de que un militar de la FAB (Fuerza Aérea Brasileña) había sido apresado en Sevilla, en un vuelo presidencial que iba a la reunión del G20, en Japón, con 29 kilogramos de cocaína.

Después de la sorpresa – a pesar de que en este año había ocurrido un caso similar con un militar brasileño en un vuelo hacia Paris -, vinieron las preguntas: antes de todo, ¿cómo había salido de Brasil con los paquetes de cocaína en su bolso de mano? ¿Qué significa que un miembro de la FAB estuviera involucrado en un caso de tráfico de drogas?

Además de los errores en la seguridad de la presidencia de Brasil, vinieron las especulaciones del riesgo de la extensión del tráfico hacia las FFAA brasileñas. Inmediatamente se han asociado el uso de las FFAA en el combate al tráfico en Rio de Janeiro y cómo ese contacto puede haber contaminado a esa institución. La participación de un militar vinculado a la presidencia, viajando impunemente en un avión de la comitiva presidencial, es síntoma que está involucrada otra gente dentro de la Fuerza Aérea o incluso en otros sectores de las FFAA.

Otra preocupación es con la falta de seguridad de un vuelo presidencial, lo que refleja el desorden generalizado en el gobierno, que cambia de ministros y de secretarios semanalmente. En plena crisis de las denuncias de The Intercept, el presidente de Brasil abrió otro frente de crisis con dos sectores fundamentales del gobierno. Cambió a cuatro importantes asesores militares, incluido el de más rango en el gobierno, sustituyendo a éste por un miembro de la Policía Federal de muy bajo rango. El principal militar sustituido en una entrevista dijo que el gobierno es un quilombo, que solo se concentra sobre lo que no es prioritario, generando crisis tras crisis.

Por otro lado, el presidente pidió la renuncia al presidente del BNDES, un gran banco público de financiamiento, porque no se encontraron las irregularidades en el funcionamiento del banco, conforme el nuevo presidente siempre pregonó. Los empresarios han recibido de muy mala manera la forma abrupta y sin razones de la sustitución del presidente del banco.

En ese clima, el presidente de Brasil cambió su itinerario para ir a la reunión del G20, cambiando Sevilla por Lisboa, como si ello resolviera los problemas.  Se mostró incómodo con las declaraciones de Ángela Merkel de que está muy preocupada con la situación grave que vive Brasil y que pretende tener una conversación seria con el presidente brasileño, especialmente sobre los temas de la devastación forestal. Disgustado, el presidente brasileño dijo que aceptaría críticas en la reunión del G20, en la cual no tendrá ninguna figuración significativa, incluso porque ha publicado un documento con sus posiciones extravagantes sobre la globalización y los temas prioritarios de la reunión de Japón.

Mientras tanto, el STF votaba dos requerimientos presentados por la defensa de Lula. El primero es una solicitud de cancelación de un proceso, por comportamiento nada imparcial de parte del juez que lo preside. El segundo es una declaración de recusación del juez Moro, lo cual, en caso de ser aceptado, ante las evidencias presentadas por The Intercept, implicaría que todos los procesos dirigidos por este juez serían cancelados, llevando a Lula a la libertad.

La presidenta dal PT, Gleisi Hoffman, dijo que Lula está sometido a una verdadera tortura jurídica. Cada cierto tiempo se crea un clima de tensión y expectativa alrededor de algún nuevo recurso de la defensa de Lula, como si se tratara de un partido final de un campeonato. Previsiones, análisis, entrevistas con jueces, trasmisión por el canal del sistema judicial, expectativas:  todo inunda los medios, los tradicionales y los alternativos.

Lula siempre recomienda tener los pies en el suelo, se mantiene sereno, sin grandes expectativas. Pero las decisiones actuales del Supremo Tribunal Federal revisten características especiales. Son las primeras desde la revelación de las conversaciones hechas por The Intercept, donde datos reiterados confirman lo que la defensa de Lula siempre dijo: Moro y todos los de la Lava Jato, no son imparciales, no actúan como jueces, sino como partido, coordinados, moviéndose como partido político, que tiene un objetivo: perseguir a Lula, impidiéndole ser candidato en las elecciones del 2018, cuando todas las encuestas apuntaban a la victoria de Lula en primera vuelta.

Entre las decisiones absurdas del STF está la declaración reiterada de que el juez Moro es apto para juzgar a Lula. La revelación de las conversaciones entre el juez y los acusadores de Lula, instruyéndolos directamente sobre cómo actuar – lo cual es absolutamente prohibido – han replanteado esa decisión.

La primera demanda de la defensa de Lula fue rechazada, la segunda fue aplazada para agosto, después de las vacaciones del Poder Judicial. Uno que otro juez se ha mostrado asustado con las revelaciones, uno que otro ya ha dicho que no ha cambiado su posición.

Lo cierto es que el clima político ha cambiado con esas revelaciones. Tras ser publicadas, la situación de Moro y de sus colegas queda más y más comprometida. Sospechosamente, Moro y su más cercano colaborador han viajado a EEUU. Moro proyecta visitar a organismos de seguridad del gobierno norteamericano. El mismo día en que aparecía el escándalo del tráfico de drogas en avión presidencial brasileño, Moro visitaba la DEA, órgano norteamericano encargado del combate a tráfico, para firmar un convenio con el gobierno brasileño.

Emir Sader

Emir Sader: Sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).