Prueba de estos logros políticos, económicos y sociales es el público reconocimiento efectuado por la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) liderada por el Comisionado Francisco Eguiguren en su última visita de trabajo en agosto 2018.

Marcha atrás

Todos estos progresos democráticos, sociales y culturales están dando marcha atrás. ¿Y en beneficio de quién? Ciertamente no de la inmensa mayoría de los bolivianos y bolivianas que siguen manifestando su dolor, indignación y desacuerdo por las calles de todo el país, mientras siguen siendo severamente reprimidos, una represión que se salda ya con 34 muertos, 800 heridos y 624 detenidos.

La CIDH ha denunciado el “uso desproporcionado de la fuerza” contra los manifestantes, por la policía y las fuerzas armadas, la impunidad por estas acciones, la preocupación por las limitaciones a la libertad de prensa, el odio racial contra los pueblos indígenas, “la necesidad de instalar un proceso de diálogo nacional público, representativo e inclusivo para nombrar los miembros de una autoridad electoral renovada y organizar elecciones transparentes y creíbles en un plazo de 90 días”, pero con cese previo de la violencia. En el mismo sentido, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con países como España, exigen una comisión investigadora independiente, en especial para las muertes ocurridas en Cochabamba.

Intereses económicos

Esto me hace pensar que hay otros intereses, una longa manu que está barajando las cartas a su favor. Bolivia posee la mayor reserva de litio del mundo, un mineral esencial para la elaboración de baterías, esas que usamos en los móviles y ordenadores portátiles, y esas mismas que cada vez más se usarán en los automóviles eléctricos. Se trata de un mineral que, en manos del pueblo y sus legítimos representantes, podría rápidamente convertir a Bolivia en un país rico, pero que en manos de los de siempre, se enriquecerán las élites político-empresariales de siempre, locales y extranjeras, en particular las del gigante país del norte.

Por ello, no me sorprende que el nuevo gobierno interino haya puesto entre sus prioridades la reconfiguración de sus relaciones internacionales, nombrando, antes que nada, un nuevo embajador en Estados Unidos, once años después de que ambos países expulsaran mutuamente a sus diplomáticos.

No, Bolivia no está regresando alegremente a la normalidad, sino todo lo contrario, se sigue desangrando. La escalada del uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas militares y de seguridad bolivianas es extremamente preocupante, sobre todo si ya tienen previamente garantizada la impunidad por Decreto presidencial, aunque fruto de los acuerdos de la mesa de diálogo, ya se ha derogado el temido y aberrante Decreto Supremo Nº 4078 .

Por mi parte, concuerdo y me sumo a la declaración firmada por expertas y expertos en derecho internacional, y hago lo propio con el Grupo de Puebla, como parte del CLAJUD , en el que hemos pedido la adopción de medidas cautelares para miembros del Gobierno de Evo Morales, así como de otros organismos y organizaciones que instan tanto al gobierno como a las fuerzas de seguridad a respetar y cumplir con sus obligaciones legales internacionales de proteger la libertad de reunión y prohibir el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes civiles.

Si, como afirma Boaventura de Sousa , “la democracia liberal no tiene futuro y corre el riesgo de morir democráticamente al elegir recurrentemente antidemócratas o gobiernos que rápidamente se separan de sus bases sociales”, tenemos la obligación moral de colaborar con Bolivia para que el país regrese a la senda de progreso e igualdad iniciada por Evo Morales y que ha sido tan beneficiosa para la inmensa mayoría del pueblo

Debemos seguir vigilantes, denunciar los abusos y proponer caminos, porque en Bolivia, en América Latina, en España y en el mundo entero, cuando se duerme la razón afloran las peores pesadillas y regresan los fantasmas del pasado fascista que ya creíamos superado, o, como bien reza el cuadro de Goya, porque “el sueño de la razón produce monstruos”.

Baltazar Garzón

Baltazar Garzón: Jurista. Miembro del Consejo Latinoamericano de Derecho y Democracia (CLAJUD).