Como es de sobra conocido el escándalo de los de Papeles de Panamá saltó a los medios el 3 de abril del pasado año. Fecha que será recordada por la mayor filtración de documentos de la historia del periodismo, a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). Y a partir de este año, como el Día de Acción Global Contra los Paraísos Fiscales, acordado en el Foro Social de agosto de 2016. Siendo este uno de los muchos legados que ha dejado ya esta impresionante labor de investigación y coordinación a cargo de más de 400 periodistas del todo el mundo.

“La base de datos” de la que se nutrió el ICIJ para realizar sus investigaciones constaba de más de 11 millones de documentos que fueron desgranando hasta llegar a poder afirmar que había 214.000 empresas offshore involucradas y repartidas en 21 jurisdicciones de los mas llamados “paraísos fiscales”, que efectuaban operaciones en casi todos los países. Un acontecimiento sin precedentes, tanto por el volumen de información que se manejó, como por la ingente cantidad y gravedad de los delitos y estafas realizadas a escala mundial.

No siendo menos desdeñable la importancia de los nombres que allí nos desvelan; doce jefes de Estado, ciento veintiocho políticos, numerosas personas cercanas a líderes políticos y como no podían faltar, conocidos futbolistas empresarios y actores.

Pero más allá de las impresionantes cifras, nombres y datos, lo impactante de esta trama es su magnitud global, la ineficiencia del sistema y por último, pero no menos importante, la falta de voluntad política para poner fin a la lacra de la evasión y elusión fiscal a través de los paraísos fiscales.

Ya que pueden llegar a resultarnos hasta irrisorios sus intentos de solución, sin ir más lejos me viene a la memoria, la grandilocuente declaración que hicieron los países del G20 en la Cumbre de Londres de 2009, afirmando que “la era del secreto bancario había llegado a su fin”. A raíz de lo cual, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se suma anunciando una medida que conlleva la eliminación de la lista de paraísos fiscales a los países que firmaran un mínimo de 12 acuerdos de intercambio de información, consecuencia de la cual nos encontramos que en el año 2011 ya no existían paraísos fiscales para la OCDE.

Y en esta línea de actuación, España no se queda atrás y en ese mismo año, firma un convenio con la República de Panamá mediante el cual, dicho país dejar de ser considerado paraíso fiscal para España. Parece casi infantil esta lógica, recordándome inevitablemente al juego de niños que cerrando los ojos, se convierten en invisibles.

Sin embargo este no es asunto menor, es de sobra conocido los graves impactos que la evasión y elusión fiscal tiene en los presupuestos nacionales, estimándose unas pérdidas anuales de entre 50.000 y 70.000 millones de euros[1]. Esto se traduce en dinero que no se invierte en servicios sociales públicos, siendo esta problemática aún más acentuada en los países en vías de desarrollo, llegando a elevarse esta cifra hasta los 100.000 millones de dólares según el Informe sobre las inversiones en el mundo de 2015 de Naciones Unidas[2].

Esto ya nos debería parecer suficientemente grave, pero es que además no podemos dejar de denunciar que se estima que hay 7,6 billones de dólares ocultos en paraísos fiscales de fortunas individuales, una suma mayor que el PIB de Reino Unido y Alemania juntos.

Y que a su vez los principales bancos europeos son también grandes benefactores, como nos revela Oxfam en su último informe a nivel europeo “Bancos en el exilio”, donde se concluye que los 20 principales bancos europeos declaran una cuarta parte de sus beneficios en paraísos fiscales. Siendo la cifra de 25.000 millones de euros el beneficio obtenido en los paraísos fiscales.

Todas estas escandalosas cifras son más que suficientes, para volver a poner sobre la mesa, la necesidad de poner fin a los paraísos fiscales. Es hora de exigir una vez más, a nuestros representantes políticos que se tomen en serio esta problemática, y que tomen medidas para acabar con el fraude, la evasión y la elusión fiscal.

Son muchas ya las personas que en todo el mundo se han dado cuenta de la relevancia e implicaciones que tienen los abusos por parte de las multinacionales, bancos y grandes fortunas, y trabajan para conseguir una economía más humana y justa al servicio de la mayoría.

Un ejemplo de este compromiso es la Semana de global de Acción que comenzó el pasado sábado 1 de abril, en la que cientos de organizaciones y plataformas de la sociedad civil están saliendo a la calle a demandar soluciones y compromisos, tan claros como contundentes. Por citar algunos ejemplos, que la Unión Europea sancione a los países o territorios que conservan el secreto bancario. O ilegalizar en los estados de la Unión Europea toda actividad económica de empresas que cuenten con filiales en paraísos fiscales. Y a nivel estatal exigir que la ley de Contratación Pública, actualmente en trámite parlamentario, incorpore criterios para penalizar a empresas o bancos vinculados a paraísos fiscales, en la línea de la iniciativa “Zonas libres de paraísos fiscales”.

Ha llegado el momento de que los ciudadanos y ciudadanas nos tomemos también esta lucha como nuestra, es hora de recompensar y estar a la altura de ese esfuerzo colaborativo que hicieron los 400 periodistas del todo el mundo en un ejemplo sin precedente de cooperación para conseguir un fin para el bien común. Es el turno de la ciudadanía para sumarnos al movimiento global por la justicia fiscal.

Ana Sagaseta Almazán

Ana Sagaseta Almazán: Pertenece al Departamento de Campañas y Ciudadanía de Oxfam Intermon y es miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal de Madrid.

Notas:

[1] Informe sobre las inversiones en el mundo de 2015: reforma de la gobernanza internacional en materia de inversiones, CNUCED, 2015.

[2] European Parliamentary Research Service (2015, Septiembre). “Bringing transparency, coordination and

convergence to corporate tax policies in the European Union”. Disponible aquí: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(2015)558773_EN.pdf