A Pedro Sánchez siguen poniéndole zancadillas y trampas de gran calado para que trastrabille irremediablemente. La meta de sus enemigos es procurar un adelanto de elecciones para reconquistar el poder. La derecha española no se habitúa a estar en segundo plano, pero en eso pudieran quedarse si le siguen haciendo la rima a Vox, donde no hay trazas de cederle protagonismo al Partido Popular si antes no se decide a integrarse por entero a la ultraderecha, olvidando matices seductores ocasionales.

Los extremistas voxianos se sienten tan estimulados con el medio centenar de asientos en el parlamento adquiridos a finales del año pasado, que ni siquiera disimulan cuál es su propósito y se echan al ruedo pasándole por encima al PP, fuente nutricia original de esa propensión larvada pero no muerta, capaz de aprovechar situaciones tan anormales y mal tratadas, como las referidas a Cataluña, sustento que facilitó a los ultras salir de la madriguera.

Rápido decidieron probar fortuna por su cuenta sin depender por entero de la derecha tradicional a la cual tanto se parecen. Con descarnado oportunismo se montan en la misma jaca que los del PP (Pablo Casado, actual regente) si les conviene (Vox, Santiago Abascal) o los emplean como peldaño en una ruta enfilada a prevalecer uno sobre los otros, pese a ser socios ideológicos.

¿Ejemplos? Entre tantos es posible citar la decisión del PP que preside la Junta en la comunidad de Andalucía, apoyado por Ciudadanos, de ceder a un diputado de Vox el espacio de decisiones en la mesa para la reconstrucción pos pandemia. La transferencia hace casi imposible emprender un proyecto viable en esa autonomía para la fuerte etapa que se está iniciando en España, pues  quienes se hacen cargo del estrado transferido no ocultan su empeño en boicotear cualquier empresa del gobierno o hacerle incómoda la menor empresa.

Los de Vox están afiliados a las palabras y acciones gruesas. Irrespetan una etapa de crisis requerida de unir fuerzas y aparcars diferencias. Abascal, en el Congreso alude a “la gestión criminal del Gobierno (que) ha llevado a la muerte a miles de españoles”. Califica de ilegal la prolongación de las medidas para acorralar a la pandemia y casi de inmediato convocó una protesta callejera, a partir de los barrios y sectores adinerados. En autos, pues a pie, cansa.

El slogan central fue demandar la dimisión del gabinete PSOE-Unidas Podemos y es parte de una estrategia indigna pero astuta, que capitaliza a la COVID-19 en busca de dividendos políticos. Se vienen expresando en el parlamento con un no a cualquier cosa, basados en la consideración de que el gobierno español, es “social-comunista”. Le niegan legitimidad a las autoridades electas, procedieron a otros actos (animaron las caceroladas contra el aislamiento) y acaban de optar por la protesta callejera, espacio para visibilizarse, no para dilucidar problemas.

En cuanto fueron adoptadas providencias de contención por el estado, emprendieron impugnaciones extemporáneas, presentadas a través de querellas judiciales contra la administración PSOE-Unidas Podemos, con acusaciones improbables y contradictorias, imputando al gobierno de “liberticida” debido a las disposiciones de recogimiento personal, o en esferas de la economía y los servicios. Al propio tiempo, presentaron demandas por “imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores por negligencia de las medidas de seguridad”.

El proceder recuerda las astucias de Mariano Rajoy con el problema catalán, al darle canales judiciales a un asunto de orden político y cerrando desde el inicio el diálogo o salidas factibles, —las había, por supuesto— con las cuales se hubiera evitado emponzoñar el delicado asunto.

La semejanza se encuentra en hechos como el acometido por Santiago Abascal y los suyos al votar contra la implementación del Estado de Alarma activado para adecuar las regulaciones con respecto a la contención del nuevo coronavirus. Apenas decretada la emergencia, se acercaron con dinero y abogados a quienes se consideran víctimas de la situación, buscando venderse como protectores de ciudadanos perjudicados y al propio tiempo, cosechando adeptos y engrosar sus bases electorales.

Imputan a socialistas y podemitas de usar la crisis sanitaria como escudo para aplicar estatutos de una agenda social visceralmente rechazada por la ultraderecha española, a su vez asistida por maniobras no menos infortunadas del PP.

Pese a la necesidad de implantarlo, ambas agrupaciones boicotean el Pacto por la Reconstrucción que trata de establecer Pedro Sánchez en el cuerpo legislativo con disposiciones para aliviar contrariedades recrudecidas por la ostensible situación sanitaria. Desde mediados de marzo, por encima de 6 millones de personas con urgencias económicas (como los trabajadores irregulares) están recibiendo ayudas oficiales.

En similar sentido, se dispone aplicar una Renta Mínima, programa cifrado en 3 000 millones de euros anuales dirigido a las franjas ciudadanas sumergidas en pobreza severa. Por esa vía, recibirán auxilio unos 850 000 ciudadanos en condición de extrema precariedad. Es un ingreso mínimo vital que figuró en el paquete social del PSOE-Unidas Podemos y las secuelas de  la pandemia hacen impostergable.

Asimismo,  la presidencia acaba de anunciar las primeras  entregas de un fondo ascendente a 16 000 millones de euros, a repartir entre las comunidades autonómicas.

Sánchez advirtió que el trance sanitario cede pero no está concluido y deben continuar observándose ciertas cautelas. En tanto, entre los alivios posibles, está el reinicio en las próximas semanas  de los añorados partidos de futbol “en condiciones que garanticen la máxima seguridad sanitaria para todos los participantes en la competición”, advirtió el mandatario.

A finales de junio se prevé reabrir el turismo, la principal fuente de ingresos nacionales capaz de generar, entre comercios e instalaciones propias del sector, un total de 176 000 millones de euros anuales, —el 14,6% del PIB— y cerca de 3 millones de empleos. Este año esas cifras, por fuerza, deben ser inferiores allí y acullá.

En medio de la crisis, o cuando esta se aplaca exigiendo reparaciones enormes, lo natural sería contribuir al esfuerzo pero no parece la tendencia del PP, proclive a sumarse a los enfebrecidos postulados de VOX en lo referente a sus ataques a la administración vigente, sin percatarse de que los malos empeños compartidos son capaces de generar execrables trascursos.

Vox hociquea por hacerse más fuerte y desplazar al PP como primera fuerza conservadora. A lo mejor lo consiguen con ayuda de los posibles descalabrados.

El surgimiento de Ciudadanos (Cataluña, 2006) se considera por algunos analistas ibéricos, una resultante, o el obligado acompañamiento de la debacle económica del 2008. Esa experiencia negativa y la fragmentación del conservadurismo, hicieron desaparecer la alternancia de los dos partidos principales (PSOE Y PP) y dan base al retorno de la ultraderecha, ya independizada del PP, bajo el título de Vox, corriente agazapada desde el franquismo hasta tener condiciones y mostrarse a plenitud.

Esas cofradías retrógradas se juntan para boicotear un propósito nada ideal aunque sin duda preferible a las regresiones malignas provenientes de aquellos que perdieron la supremacía (PP) por corruptos, y quienes resurgen con actos  repugnantes (VOX), aunque ni unos ni los otros recuerden sus trapos impúdicos.

Hay casos (EE.UU., Trump) en los que la alharaca, las mentiras y trapacerías, ganaron. ¿Por qué no  ellos?, se dicen por lo bajo y proceden  por lo alto, insanamente.

Elsa Claro