Estados Unidos ha intensificado su campaña militar y económica contra el gobierno venezolano al ir más allá de las sanciones económicas y al incautar físicamente un petrolero frente a la costa del país bolivariano. Personal militar y de las fuerzas del orden estadounidenses abordó y requisó un Very Large Crude Carrier (VLCC) frente a la costa de Venezuela, confiscando directamente su carga autorizada, un acto que Caracas y otros estados denunciaron como piratería en medio de una escalada más amplia de la guerra económica y el despliegue militar en el mar Caribe.

El robo, que Caracas describió correctamente como “un acto de piratería internacional”, añade otra capa a que Estados Unidos haya creado una esfera de influencia en el hemisferio al atacar a Venezuela y en el intento de Washington de cortar la principal fuente de ingresos del país bolivariano y en su intento de forzar a su presidente Nicolás Maduro a la capitulación. Estados Unidos ha consolidado su mayor presencia militar en la región en décadas, incluyendo el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe.

El aumento militar ha ido acompañado de una campaña de ataques letales contra supuestos barcos de tráfico de drogas, que ha causado al menos 84 muertos desde septiembre. Paralelamente, la Unión Europea, vasalla de Estados Unidos, está deliberando medidas para eludir a los estados miembros que se oponen a la confiscación y uso de activos rusos confiscados, mientras también buscan apoderarse de los supuestos buques de la ‘flota en la sombra rusa’ en el mar Báltico, mientras que drones marinos ucranianos han atacado dos buques supuestamente de la flota en la sombra también en el mar Negro. por lo tanto, según todos los informes, el Occidente liderado por Estados Unidos está de facto en medio de una serie de duras medidas geopolíticas ilegales.

Piratas del Caribe

El 10 de diciembre, la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, anunció la ejecución de una orden de detención para un petrolero de crudo que transportaba petróleo desde Venezuela e Irán. La operación, que involucró al FBI, Seguridad Nacional, la Guardia Costera y el apoyo militar estadounidense, fue captada en un vídeo de 45 segundos que mostraba dos helicópteros acercándose a la embarcación y personal armado camuflado descendiendo en rápel hasta su cubierta. El objetivo fue identificado por analistas marítimos como el VLCC Skipper, que había cargado aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo pesado venezolano. Cuando se le preguntó por el destino del petróleo confiscado, el presidente Donald Trump dijo: “Supongo que lo quedamos”, sin presentar este robo como si fuera una aplicación legítima de las sanciones estadounidenses.

El gobierno venezolano emitió una declaración formal acusando a Estados Unidos de “robo flagrante” y denunciando esto como “un acto de piratería internacional” ante organismos internacionales. Irán hizo lo mismo, cuya embajada en Caracas declaró la incautación como una “grave violación de las leyes y normas internacionales.” La acción no se percibe solo como una sanción económica, sino como una violación soberana, un acto de fuerza en alta mar que viola las normas establecidas de jurisdicción marítima. El vídeo que muestra a las fuerzas estadounidenses abordando el buque es descrito por observadores como piratería, haciendo que Estados Unidos parezca no como un agente de la ley, sino como un estado fuera de la ley, operando fuera del propio orden internacional que afirma defender.

Dando Ejemplo a Venezuela

Esta incautación representa la primera interceptación directa de una carga de petróleo venezolano desde que se impusieron sanciones integrales por Estados Unidos en 2019, señalando un cambio decisivo en la estrategia. Los esfuerzos previos se centraron en sanciones financieras y secundarias, intentando disuadir a compradores internacionales y aseguradoras navieras de tratar con el petróleo venezolano. Al intentar incautar físicamente la carga, Estados Unidos está atacando directamente la línea financiera venezolana de ingresos petroleros. El petrolero objetivo, el Skipper, fue acusado por Estados Unidos de formar parte de una “flota en la sombra” de buques que utilizaban propiedades y tácticas como transferencias de barco a barco para evadir sanciones.

La justificación legal de la incautación se basa en la ley de sanciones estadounidense y en la supuesta implicación del petrolero en el comercio autorizado de petróleo iraní bajo su nombre anterior, Adisa. Los expertos advierten que difumina la línea entre la aplicación de la ley y los actos de guerra, lo que podría invitar a medidas de represalia o animar a otras naciones a adoptar tácticas similares para hacer cumplir sus propias leyes internas a nivel internacional. Además, la operación tuvo lugar en medio de un gran despliegue militar estadounidense en la región, que el presidente Trump había vinculado previamente a una posible intervención en Venezuela.

Operaciones Pasadas Similares Contra Irán

Estados Unidos ha empleado anteriormente la táctica de incautar petroleros como componente clave de su aplicación de sanciones contra Irán, estableciendo un precedente legal y operativo para las acciones recientes frente a Venezuela. Cabe destacar que, en una importante operación en 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. incautó dos petroleros que transportaban crudo iraní, dirigiendo uno a Houston, Texas, donde se confiscaron casi dos millones de barriles de petróleo y posteriormente se vendieron por más de 110 millones de dólares. Estas acciones estaban justificadas bajo las leyes internas estadounidenses, específicamente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y los estatutos antiterroristas, que los tribunales han utilizado para autorizar procedimientos civiles de decomisos contra activos vinculados a entidades sancionadas como el Cuerpo de Guardianes Revolucionarios Islámicos (IRGC) de Irán.

Es posible que Estados Unidos utilice este mismo marco legal que trata la carga como prueba de un crimen contra Venezuela, intentando paralizar el comercio entre el país bolivariano y el sur global, permitiendo la incautación incluso en alta mar. A diferencia de la reciente operación en la que personal militar estadounidense se subió a un buque cerca de Venezuela con la cuerda rápida, las incautaciones de petroleros afiliados a Irán a menudo han implicado maniobras legales más complejas, como atraer barcos a puertos amigos o aprovechar asociaciones internacionales para detener embarcaciones. Por ejemplo, en 2023, Estados Unidos colaboró con las autoridades griegas para detener al Pegas, que llevaba bandera rusa, que transportaba petróleo iraní, aunque posteriormente fue liberado tras impugnaciones legales.

El efecto principal es la presión psicológica contra Venezuela, que genera incertidumbre en el mercado y afecta la disponibilidad inmediata de suministros. Venezuela, que ya descuenta su crudo para competir con el petróleo sancionado de Rusia e Irán, ahora enfrenta un riesgo adicional de interceptación de envíos. Esto podría limitar aún más su capacidad de exportación, estrechar el suministro global de su crudo pesado y afectar a las refinerías especializadas que dependen de él.

Una Nueva y Peligrosa Fase de la Piratería

La toma del Skipper marca la apertura de un nuevo y peligroso capítulo en la campaña de presión estadounidense contra Venezuela. Traslada el conflicto del ámbito del sabotaje económico y financiero al ámbito físico, empleando activos militares para hacer cumplir la política económica de la piratería. Para la comunidad internacional, el incidente plantea preguntas urgentes sobre los límites del poder unilateral y el futuro de la libertad de navegación.