Después de cambiar el Código del Trabajo y promover una nueva ley de asilo, el gobierno de Francia se dispone a emprender una nueva reforma que se anuncia particularmente espinosa, esta vez en el sector ferroviario.

Cambiar el funcionamiento de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), compañía considerada modelo y patrimonio del sector público en esta nación europea, implicará para el Ejecutivo entrar en un nuevo campo de batalla con contrincantes muy bien definidos: los sindicatos.

Este lunes, el primer ministro galo, Edouard Philippe, compareció en un largo discurso ante la prensa para delinear los principales ejes de la reforma, en la cual espera avanzar lo más rápido posible.

‘Queremos ir rápido, sin que ello implique afectar la concertación o el debate parlamentario’, afirmó el jefe de Gobierno, pese a lo cual manifestó que el plan es aprobar la reforma mediante decreto presidencial, sin acudir a la Asamblea Nacional.

De acuerdo con Philippe, ‘la situación es alarmante, para no decir insostenible. Los franceses pagan cada vez más caro por un servicio público que funciona cada vez peor’.

De ahí la necesidad, según el gobernante, de proceder a una rápida reforma, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia.

En su discurso, el primer ministro negó que el objetivo sea privatizar la compañía, lo que constituía una de las principales preocupaciones.

‘No estamos preparando la privatización: la SNCF es un grupo público que asume misiones de servicio público. Es un patrimonio de los franceses y como tal permanecerá’, afirmó.

Sin embargo, la reforma gubernamental atacará a uno de los pilares de la SNCF, la contratación de personal bajo el estatuto específico de ‘trabajador ferroviario’.

El jefe de Gobierno anunció que a partir de una fecha determinada, los nuevos empleados ya no disfrutarán de esa condición, que garantizaba hasta ahora ventajas como tener garantizado el puesto laboral de por vida, lo que los protegía de los despidos.

Otros beneficios son aumentos salariales cada año, un régimen especial de Seguridad social con acceso privilegiado a los centros de salud, así como la posibilidad de disfrutar la jubilación mucho antes que un trabajador normal.

Una vez eliminadas estas ventajas, ‘a las nuevas generaciones, a los aprendices, a todos los que quieren comprometerse en la SNCF, les decimos que se beneficiarán de las condiciones de trabajo de todos los franceses, las del Código de Trabajo’.

Los empleados y sindicatos del sector, que consideraron ese anuncio como una injusticia y una preocupación, no demoraron en reaccionar: para el 22 de marzo está convocada una huelga general por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), mientras otras organizaciones llamaron a realizar acciones a partir del día 12.

‘Cuando el gobierno no quiere discutir, hay que hacerse escuchar de otra forma’, aseveró el secretario general de la CGT, Philippe Martinez.

El líder sindical admitió los problemas de funcionamiento de la SNCF, pero negó que ello esté relacionado con las ventajas de los asalariados.

‘Quiero que me expliquen por qué el estatus de trabajador ferroviario es la causa de los problemas e incidentes que han afectado a los viajeros’, cuestionó.

Otro asunto que generó una férrea oposición fue el método escogido para aprobar la medida mediante decreto, obviando a los diputados, lo que fue rechazado por políticos de casi todos los partidos.

De acuerdo con los cuestionamientos, ello significa un golpe contra el diálogo social y el debate democrático.

Aunque la semana pasada el ministerio de Transporte comenzó un proceso de concertación con los actores involucrados en el tema, los sindicatos desconfían de que exista una real voluntad de escuchar sus puntos de vista.

‘El gobierno quiere forzar las cosas sin discusión, y eso solo puede empeorar la situación’, lamentó Martinez.

Luisa María González