Desde el punto de vista de Donald Trump y del gobierno mexicano, la operación antiinmigrante ha sido todo un “éxito” para contener el flujo de centroamericanos a México en la medida en que durante el primer semestre del año el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a 104 mil 439 migrantes irregulares en todo el país, de los cuales 21.44% (alrededor de 22 mil 400) fueron aprehendidos en los primeros 23 días luego del Acuerdo Migratorio Bilateral sellado entre México y Estados Unidos el 7 de junio (La jornada, 3 de julio de 2019, en: https://www.jornada.com.mx/2019/07/03/politica/003n2pol).

Dicho Acuerdo contempla 5 vertientes: 1) el despliegue de 6000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera sur; 2) reforzar el Instituto Nacional de Migración para los extranjeros que cumplan las leyes nacionales, 3) ampliar los programas sociales para el sureste del país, 4) ofrecer albergues y puestos de trabajo a migrantes y, 5) cooperar con los países centroamericanos para un Plan de Desarrollo Integral que atienda las causas de la migración ( Sputnik , 8 de julio de 2019, en: https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201907081087933679-gobierno-mexicano-defendera-a-migrantes-de-ese-pais-en-eeuu-en-caso-de-deportaciones/).

Cumpliendo fielmente con estos lineamientos, el número de personas detenidas se viene incrementando constantemente: en enero, fueron 8 mil 248 extranjeros en condición irregular en el país; en febrero, 10 mil 39; en marzo, la cifra subió a 12 mil 756 migrantes presentados; 20 mil 564 en abril; 23 mil 679 en mayo y en junio alcanzó 29 mil 153.

Bajo la cobertura de ese acuerdo, y del compromiso incondicional asumido por el gobierno mexicano para evitar aranceles, este envió a 6 mil agentes de la Guardia Nacional, soldados y marinos a la frontera sur, y 15 mil más al norte, con el propósito de contener los flujos migratorios y cumplimentar las órdenes del magnate de la Casa Blanca que se encuentra en plena campaña electoral con vistas a su reelección el próximo año.

Las cifras de las personas deportadas también se han incrementado. Según el INM, en los primeros 6 meses de 2019 se deportó a sus países de origen a 75 mil 759 migrantes indocumentados.

En particular la población más afectada han sido los niños. De acuerdo con datos del el DIF en la primera mitad de 2019 los módulos de Tijuana y Mexicali han albergado casi la misma cantidad de menores que llegó en 2017 (Reforma, 8 de julio de 2019).

Estos movimientos (detenciones, deportaciones y albergues infantiles) ocurren a lo largo y ancho del territorio nacional y en las fronteras norte y sur del país con el objetivo de “taponear” los flujos migratorios.

Por otro lado, han circulado denuncias de incursiones e inspecciones de la policía (Guardia Nacional e INM) en hoteles y hospedajes que el gobierno ha desmentido, en particular en la ciudad de Tapachula, Chiapas, con el propósito de detectar a presuntos migrantes irregulares principalmente hondureños ( La Jornada Miércoles 3 de julio de 2019) y a los traficantes de personas conocidos como “polleros”, cuya actividad ilegal consiste en el cobro de altas cuotas en dólares por persona con la promesa de internar a los interesados en Estados Unidos.

Todas estas acciones se inscriben en la estrategia federal de combate a la inmigración, particularmente de centroamericanos acordada con el gobierno de Estados Unidos y en el compromiso de albergar a los miles de deportados procedentes de aquel país que tienen que esperar en el nuestro para tramitar y resolver su situación migratoria, configurando, de este modo, una suerte de “tercer país seguro” bajo la cobertura de la inhóspita fórmula “quédate en México“.

Diversas fuentes y testimonios aseguran que, a pesar de estas acciones, no ha disminuido el número de personas afanadas en atravesar el territorio nacional para llegar a Estados Unidos. Con las nuevas rutas, aseguran, ahora es mucho más peligroso y accidentado para quienes emprenden esta empresa debido a que los recorridos los hacen por caminos no convencionales para burlar los puntos migratorios y los puestos policiales, sobre todo en la frontera sur colindante con Guatemala y Belice.

Ante la amenaza de Trump de iniciar las deportaciones masivas —junto con la imposición de aranceles a las exportaciones en el caso de no contener los éxodos de indocumentados— se calcula que sólo de mexicanos serían alrededor de un millón, más los de otras nacionalidades, generando un problema mayúsculo tanto para el gobierno federal como para la población mexicana, particularmente, la que vive en las regiones fronterizas (Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, entre otras), donde se acusan altos índices de desempleo, marginalidad, informalidad, bajos salarios, violencia, criminalidad, desigualdad y pobreza, sólo paliada por los endebles y precarios empleos que se crean en la industria (trasnacional) maquiladora de exportación.

Hasta ahora la cancillería mexicana se ha limitado a declarar que se prepara para defender legalmente a esos miles y miles de trabajadores indocumentados mexicanos sin detallar las acciones y estrategias concretas que se desplegarán al respecto a través de sus 50 consulados en Estados Unidos (Véase Sputnik, op. cit.).

Por consiguiente, es de esperar que se incrementen la violación a los derechos humanos y todo tipo de injusticias contra los trabajadores indocumentados, cuya suerte dependerá en el futuro de las estrategias y políticas que desplieguen los gobiernos en ambos lados de la Frontera.

Mientras tanto, en Estados Unidos discurre la campaña electoral de Donald Trump al amparo del desastre humano-migratorio no reconocido por la llamada “comunidad internacional“; las deportaciones de indocumentados, la violencia y la muerte de personas (mujeres, hombres, niños y adultos) como saldo de las acciones persecutorias e intimidatorias llevadas a cabo por las autoridades y los aparatos represivos de ambos países.

En síntesis a 26 días de que se cumpla el fatídico plazo impuesto por Donald Trump —¡y aceptado por México!— para controlar y “resolver” el tema migratorio y contener los éxodos masivos centroamericanos, se está muy lejos de cumplir con los objetivos de ese Acuerdo Migratorio Bilateral firmado el 7 de junio e impuesto, de facto, por Washington. Por lo que es de esperar que el magnate de la Casa Blanca, en el marco de su campaña de reelección presidencial, arremeta nuevamente con la amenaza, no solamente de iniciar las deportaciones de miles de personas indocumentadas que permanecen aterrorizadas en Estados Unidos —incluso dentro de las llamadas “ciudades santuario” (Sanctuary city)—, sino, además, con gravar con impuestos las exportaciones de Mexico que tanto asustaron al gobierno federal de este país.

Adrían Sotelo Valencia

Adrián Sotelo Valencia: Profesor-investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la FCPyS de la UNAM, México.