Esta semana (11 y 12 de marzo) tuvo lugar un nuevo encuentro del Consejo del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Allí se debatió nuevamente la propuesta de India y Sudáfrica para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la covid-19, hasta inmunizar a toda la población. Ambos países, al igual que Brasil, Singapur y otros, tienen una gran capacidad de producción, pero no disponen del conocimiento.

La iniciativa, que viene siendo evaluada desde octubre del año pasado, ha recibido un apoyo creciente de los países miembros, la Organización Mundial de la Salud (OMS), legisladores de Estados Unidos y miembros del Parlamento Europeo. Sin embargo, los gobiernos de los países sede de los laboratorios que desarrollan la vacuna se oponen a dicha propuesta que, por el momento, parece la única salida para solucionar el cuello de botella que se ha generado en su provisión en todo el mundo. Esta falta de suministro ocurre, inclusive, en la Unión Europea que realizó las compras de las vacunas de manera conjunta para asegurar mejores precios. Los laboratorios AstraZeneca, Pfizer/BioNTech y Johnson&Johnson no han cumplido las entregas en las fechas pactadas por lo que el proceso de vacunación es lento y difícil de organizar. Algunos países se ven además amenazados por una tercera ola de contagios.

La situación en América Latina es aún más grave. Nuestra región tiene dosis para inmunizar a menos del 3% de su población pues solo se han recibido 40 millones. La producción mundial es insuficiente y esta ha sido acaparada por los países desarrollados que han comprado entre dos y tres veces las necesidades de su población, acción conocida como “nacionalismo de las vacunas”. Sin embargo, la compra no garantiza necesariamente la disponibilidad. Solo a Estados Unidos, Canadá y, en menor medida al Reino Unido, les sobran las vacunas.

Tampoco está funcionando el mecanismo Covax pues las vacunas llegan a cuenta gotas mientras la enfermedad avanza en la región y adquiere ribetes dramáticos en Brasil, México, Colombia y Perú. Solo estos dos últimos han recibido 117 mil dosis, cada uno, bajo este mecanismo que ha resultado un fracaso. Así lo denunció el canciller de México, Marcelo Ebrard, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pasado 17 de febrero.

Por efectos secundarios, varios países de la Unión Europea han suspendido la aplicación de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19

Según un reciente estudio de The Intelligence Economist Unit (EIU), algunas regiones en el mundo no podrán vacunar a la mayoría de su población hasta 2023, aunque estima que América Latina culminaría, en promedio, a mediados de 2022. A pesar de esta realidad, no ha habido ningún intento de los países desarrollados de encontrar una solución real. Sucede que aumentar la producción de vacunas, tal como busca la iniciativa, implicaría menores precios y reduciría la capacidad de los laboratorios farmacéuticos de imponer condiciones a los gobiernos, tal como lo vienen haciendo. No les importa la pandemia. Negocios son negocios. La rentabilidad en la industria farmacéutica es probablemente solo superada por la del narcotráfico y la venta de armas.

Contratos secretos 

En enero, miembros del Parlamento Europeo tuvieron acceso a un contrato de compra de vacunas firmado entre la Comisión Europea y el laboratorio alemán CureVac, considerado uno de los más transparentes. Descubrieron que no estaban fijados los precios de las dosis, ni establecido el calendario de entrega y tampoco la cantidad de dinero pagado por adelantado. Como los laboratorios son dueños de la patente –a pesar de los miles de millones de dólares que han recibido en subsidios del Estado (léase de los contribuyentes) para desarrollar la vacuna– les prohíben a estos exportarlas o donarlas sin su consentimiento.

Los gobiernos y los organismos de salud pública, en todo el mundo, han tenido que aceptar sus exigencias de mantener los detalles clave de los contratos en secreto porque sencillamente son inaceptables. Los términos les permiten manejar los plazos de las entregas sin ninguna consecuencia y canalizarlas al mejor postor.

Las demoras en la entrega de las vacunas generan una sensación de zozobra y desconfianza en la ciudadanía, puesto que las autoridades no pueden programar adecuadamente el proceso de vacunación ni informar sobre el cronograma de su llegada. Los gobiernos suelen ser calificados por el sector privado de ineficientes y presionan para que se les permita comprar directamente las vacunas a los laboratorios. Esto ocurre en Brasil, Perú, México y en Argentina. Probablemente piensan que los laboratorios no les pedirán garantías y que con ellos cumplirán el plazo de las entregas por ser super eficientes. Quizás suponen también que las garantías que le exigen los laboratorios a los gobiernos para eximirse de toda responsabilidad ante la probabilidad de daños causados por la vacuna debería ponerlas el Estado, tal como ocurrió con la deuda externa privada, que tuvimos que cargarla los contribuyentes, durante la década de los ochenta.

A los brazos de China y Rusia

Así, mientras la humanidad pugna desesperadamente por las vacunas, China y Rusia han encontrado la puerta abierta para hacer diplomacia con las suyas, y tener una mayor presencia en el tablero de la geopolítica mundial. En América Latina, Chile ha vacunado al 32% de su población con una participación importante de vacunas producidas por el laboratorio chino Sinovac. La Universidad Católica de Chile participó en un ensayo clínico y el gobierno tuvo acceso preferencial a ellas. Este mismo laboratorio, Sinovac, tiene un acuerdo de transferencia de tecnología de su vacuna y participa con el Instituto Butantán de Sao Paulo en su fabricación.

La vacuna Sputnik V, producida por Rusia, ha sido muy bien acogida en varios países latinoamericanos y de Europa

Argentina y Perú realizaron ensayos clínicos con Sinopharm y, toda vez que la vacuna ya está aprobada, han recibido una primera entrega de un millón de dosis, de un acuerdo por 30 y 38 millones de dosis, respectivamente. México, con una de las tasas más altas de muertes por número de habitantes en el mundo, registró incumplimientos en la entrega de las dosis adquiridas, básicamente, a laboratorios norteamericanos. Por eso, durante una reunión virtual sostenida el 1 de marzo con el presidente Biden, el presidente López Obrador tenía proyectado pedirle a su colega compartir con México parte del suministro estadounidense de vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, antes del inicio de la reunión, se descartó que Estados Unidos estuviera considerando, al menos en esta fase, compartir las dosis con su vecino u otros países. Días después, el gobierno mexicano acordó la compra de 10 millones de dosis de Sinovac y 12 millones de dosis de Sinopharm.

La vacuna rusa Sputnik V ha sido aprobada por un número mayor de países en el mundo, que las chinas, inclusive más que la norteamericana producida por Moderna. En la región, sin embargo, las chinas han sido aprobadas por un mayor número países. La primera, Sputnik V, ha recibido el visto bueno de ocho países: Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Además, a fines de febrero, el laboratorio Richmond y el Fondo Ruso de Inversión firmaron un acuerdo preliminar para fabricar esa vacuna en Argentina. En el caso de las vacunas chinas, al menos una de las cuatro disponibles han sido aprobadas por nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

Salvo Costa Rica, El Salvador, Panamá y Cuba –que no ha aprobado ninguna– todos los países de la región han aprobado el uso de la vacuna rusa Sputnik V, fabricada por el laboratorio Gamaleya, o alguna de las cuatro vacunas chinas producidas por los laboratorios CanSino, Sinopharm y Sinovac. El gobierno cubano evitó caer en la guerra de las compras de vacunas y apostó por desarrollar una propia. Cuba es el único país latinoamericano que tiene dos proyectos de vacuna, desarrolladas por el Instituto Finlay de Vacunas, que se encuentran ya en la fase 3 de los ensayos clínicos.

El suministro de vacunas chinas y rusas también tiene lugar en Africa. Edward-Ekpu del Instituto Milken, considera que “a pesar del escepticismo inicial, varios países africanos ya habían optado por la vacuna china Sinopharm y la rusa Sputnik V debido a la falta de acceso a la vacuna occidental. Con más datos que muestren que son efectivas y seguras, combinado con el esfuerzo diplomático que están realizando Rusia y China para promover sus vacunas en África, más naciones africanas terminarán comprándolas a chinos y rusos tengan o no acceso a las vacunas occidentales”.

Esta presencia creciente se da en países de Asia y también de Europa. Algunos (Hungría, Servia y Bielorusia) han optado por la vacuna producida por Sinopharm, mientras que otros (Macedonia, Eslovaquia, República Checa, Boznia Herzegovina y Hungría) han aprobado el uso de la vacuna Sputnik V. El 9 de marzo el Fondo Ruso de Inversión Directa y la empresa italiana Adienne Srl firmaron un acuerdo para la producción de la vacuna rusa Sputnik V en Italia, convirtiéndose así en el primer contrato europeo para la producción de la vacuna.

Arremetida de Estados Unidos

Era necesario relativizar ese coqueteo con las vacunas. Permitir que la faciliten tan alegremente, podría ser un arma diplomática poderosa. Por eso, inmediatamente después de que terminó la reunión de la OMC se realizó una cumbre virtual de los miembros del Diálogo Cuatripartito de Seguridad (QUAD) conformado por Estados Unidos, India, Japón y Australia. Este grupo informal creado en 2004, aborda temas de cooperación, aunque mirando siempre de costado la presencia China.

El gobierno del presidente Joe Biden aprieta el paso en la aplicación de vacunas en Estados Unidos

En el encuentro, el presidente Beiden se comprometió a apoyar financieramente a Biological E, un importante laboratorio de vacunas de la India, con el fin de producir mil millones de dosis hacia 2022 y beneficiar a las naciones de Asia-Pacífico, así como a las beneficiarias del Covax. Si bien no se dispone aún de los detalles de su propuesta, esta no contempla las urgencias del corto plazo y, más bien, parecería priorizar el debilitamiento de los esfuerzos diplomáticos de China por ofrecer sus vacunas y retirar a la India como protagonista y líder de los reclamos para lograr una autorización temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas en la OMC.

Biden es acusado por organizaciones internacionales defensoras de la salud de acaparar vacunas y le exigen que su administración canalice el sobre stock a las naciones que más las necesitan. Sin embargo, ha reiterado que no se desprenderá de una sola vacuna hecha en laboratorios de ese país hasta no haber vacunado a todos los ciudadanos estadounidenses.

Su reacción en el QUAD deja en claro que tendrá la rienda corta con China también en el ámbito diplomático, donde Biden se mueve como pez en el agua. El gobierno chino recordará, acaso con nostalgia, los tiempos de Trump, cuando asumió el liderazgo del multilateralismo que el expresidente abandonó. A diferencia de Estados Unidos, que viene vacunando vertiginosamente a su población, China y Rusia han desplegado la venta de sus vacunas por el mundo, a costa de sus bajas tasas de vacunación. Si bien China –que solo ha vacunado al 3.6% de su población—se puede dar ese lujo al tener la pandemia controlada, Rusia, con solo 5% de vacunados, no consigue bajar la cifra de 400 muertes diarias. Es el costo que se paga por ser parte de las grandes ligas en el tablero de la geopolítica global.

Ariela Ruiz Caro

Ariela Ruiz Caro: Economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina entre 1985 y 1994, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR entre 2006 y 2008 y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina entre 2010 y 2015. Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.