El 28 de junio de 2021 se cumplieron doce (12) años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) en Honduras, un presidente electo democráticamente por el voto mayoritario del pueblo. Un argumento de los golpistas, en especial empresarios, religiosos y miembros de las Fuerzas Armadas, lo fue su oposición a que la población hondureña se pronunciara sobre la necesidad de convocar a una Constituyente para “reformar” o derogar la Constitución de la República de 1982, ya que era una estrategia política de Zelaya para quedarse en el poder, contando con apoyo de Hugo Chávez.

Lo que estaba en juego era el rechazo de la oligarquía local (si se puede llamar así) y de EEUU, a lo que se considera una violación de las reglas de la economía de mercado, y el acercamiento del país a gobiernos latinoamericanos progresistas, que actuaban bajo la bandera del Socialismo del Siglo XXI. Destacan, la prohibición de la minería de cielo abierto, el cambio de fórmula en la importación de petróleo y derivados, ajuste del salario mínimo y no devaluación del lempira (moneda nacional), adhesión de Honduras al ALBA y Petrocaribe.

Del otro lado, o sea de aquellos ligados a partidos socialistas, académicos y movimiento social de base, se argumentó que Zelaya Rosales siguió también un libreto neoliberal, que favoreció los postulados de una economía de libre mercado. En primer lugar, ratificó el RD-CAFTA, un Tratado de Libre Comercio con EEUU, que autoriza una desprotección efectiva de la producción de bienes sensibles como granos básicos y la carne, lo que vuelve al país más dependiente de las importaciones de estos rubros, afectando la capacidad de reproducción material de las familias campesinas. Ello, complementado con la no reforma o derogación de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), aprobada en 1992, que paralizó las acciones de reforma agraria y fomenta todavía la privatización de servicios de apoyo a la producción destinada al mercado interno.

Igualmente, abrió el espacio para el desarrollo de proyectos de energía renovable, sin reglas claras sobre la participación de las comunidades campesinas y étnicas en la aprobación de los proyectos y compensación por los impactos negativos en el ambiente.

Finalmente, se cuestionó la no vigencia de un sistema de planificación institucional, descentralizado, participativo y democrático, garante del cumplimiento de los grandes objetivos y metas de desarrollo en reducción de la pobreza, inseguridad alimentaria, desempleo, protección ambiental y atención universal en salud, educación y seguridad social; ello, aun cuando, se reconoció el esfuerzo por conformar un plan de largo plazo que no pudo concretarse por el golpe de Estado.

La gestión pública golpista, es decir, de gobiernos que surgieron después del golpe de Estado, muestra resultados muy pobres. La tasa de crecimiento de la economía promedio (2010-2019), fue de 3.5%, con clara tendencia a la baja en años antes de 2020; se suman los logros en la reducción del déficit del gobierno central de 8.0%PIB en 2013 a 2.5%/PIB en 2019 (BID: 2021), y la baja tasa de inflación, pero que afectó los montos de inversión real y el empleo. Los logros de la estabilización económica, sin valorar efectos y costos, ha permitido que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial se conviertan en los principales aliados del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, al aplaudir incluso estos resultados.

No obstante, una brecha que resultará difícil de cerrar, es el creciente endeudamiento externo. El monto de la deuda externa aumentó de 2, 444.8 millones de dólares (junio de 2009) a 9,517.6 millones de dólares en 2019, un aumento de 289.2%, masificado a 10, 849.8 millones de dólares en 2020. Esta brecha, implica destinar cada año más de 40,000 millones de lempiras al pago del servicio de la deuda, donde el gobierno de JOH ha sido puntual, incluso pagando adelantado sin recibir descuentos por pronto pago.

Se cuestiona el uso de estos recursos, muchos de cuales se han destinado a proyectos poco transparentes y honrar deudas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), como también cubrir su déficit financiero. Pareciera que el FMI está conforme con esta práctica pública anual, donde se aumenta el endeudamiento para honrar el pago de la misma y la ineficiencia de la ENEE, no para reducir la pobreza, inseguridad alimentaria y generar empleos de buena calidad.

Otra brecha se observa en el sector real de la economía. Un grupo de empresarios ligados al llamado lado “oscuro” del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), le vendieron la idea al JOH que había que poner en venta todas las tierras nacionales, ejidales y de los campesinos y grupos étnicos, para generar mayor producción y empleos directos, lo que ha provocado un aumento de la concentración de la propiedad rural y la expulsión de campesinos y comunidades étnicas. La estrategia principal ha sido el extractivismo, donde las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES) son parte de la campaña política y es lo más publicitado, al grado que se venden como la última solución al problema del desempleo. Pero, también, es evidente las violaciones sistemáticas de derechos humanos esenciales, como el derecho a la vida, agua y alimentación. El COHEP, hoy pone el grito al cielo, ya que teme una desbandada de empresarios y capital a estos paraísos fiscales.

Honduras “es el país más peligroso para quienes defienden la tierra y los bienes comunes. Más de 140 personas defensoras han sido asesinadas entre 2010 y 2019, y se registraron al menos 2.137 ataques entre 2016 y 2017. (…). El 35% del territorio hondureño está concesionado y el 65% de los municipios albergan algún proyecto extractivo y energético. Son más de 300 los proyectos energéticos (aprobados y por aprobar) y al menos 100 los proyectos mineros en territorios indígenas. (Giorgio Trucchi: junio, 20)

En suma: los gobiernos del Partido Nacional (2010-2021), le vienen apostando a un tipo de neoliberalismo de “resaca”, o sea de intervenciones (decretos, leyes, políticas, programas, etc.) que, en teoría, buscan aumentar los montos de inversión extranjera, producción, exportación y empleo, para mejora ingresos de las familias y reducir los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria, sin analizar su viabilidad económica, financiera y ambiental de mediano y largo plazo.

Muchas de estas iniciativas ya no existen o volvieron obsoletas, como las alianzas público-privadas, los programas y proyectos de empleo temporal y estímulos a la inversión extranjera para aumentar el empleo productivo, caso del programa 20/20. Otras, como la inversión en infraestructura económica, vial, social y ambiental, han sido cuestionadas por lo poco transparentes y uso de recurso de los fondos de protección social de los gremios, es especial maestros, sumando a la corrupción y rechazo de pobladores.

Honduras está abocada a un proceso electoral que concluya con la elección de nuevas autoridades de gobierno en noviembre próximo, pero existen dudas de ello. Por un lado, hay fuertes cuestionamientos al gobierno por la no aprobación de una ampliación presupuestaria al Consejo Nacional Electoral (CNE), que permita, tal como manda la Ley Electoral, la transmisión electrónica de los resultados de cada mesa electoral, lo que no fue posible en elecciones primarias. Por el otro, aumentan las sospechas que el candidato del partido nacional, Nasry Asfura, renunciará para abrir la inscripción de JOH como candidato a la presidencia, ya que la reelección ilegitima está vigente. Se espera que ello suceda en el mes de septiembre.

JOH anda en plena campaña política, y ha invisibilizado con sus acciones a Nasry Asfura que todavía tiene cuentas pendientes con la justicia. En una comparecencia televisiva, se mostró optimista con la vacuna contra el Covid-19, al haber superado el millón de hondureños vacunados, informó de la llegada de un crucero de turistas a la isla de Roatán, pero también había entregado insumos agrícolas a los cafetarelos, y presentado su programa de crédito agrícola como uno de los más innovadores en la región.

Esta, al parecer, será la última cruzada de JOH, ya que, si no hay garantías de triunfo con el candidato Asfura, o porque no existe un espacio creíble para generar un nuevo fraude electoral, lo más seguro le apueste a la reelección. Hay mucho en juego, empezando por un posible pedido de extradición por USA una vez que deje el poder. Los empresarios se muestran preocupados por la advertencia del presidente que Honduras puede volver al confinamiento y cierre de departamentos o municipios, sino se sigue con las medidas de uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento; lo que ha sido tomado como una posible “corrida” de las fechas de las elecciones generales.

La última cruzada será también para Xiomara Castro del partido Libertad y Refundación (LIBRE), en tanto, una eventual derrota, abriría el espacio a nuevos liderazgos dentro del partido con o sin la venia del Manuel Zelaya Rosales. Las encuestas independientes generan optimismo ya que, en al menos Diez (10) Departamentos de Honduras, Xiomara lidera los sondeos de opinión, incluso por encima de Salvador Nasralla, candidato del partido Salvador de Honduras que concentra su fuerza en las zonas urbanas y periurbanas del país.

Desde ya, ambos candidatos de la oposición política, están estructurando sus propuestas de gobierno para enfrentar la crisis heredada. Sin embargo, se necesita una propuesta creíble que se pueda anteponer a la campaña de generación de empleos con la instalación de las ZEDEs, que incluya también a los subempleados del sector informal. El sector forestal y la MiPymes, deberían estar presentes en esta propuesta, ya que son muy poderosas en generación de empleos de buena calidad.

Javier Suazo