El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández (JOH) sigue fiel al libreto del FMI, especialmente cuando se trata de alcanzar objetivos de estabilización económica. Uno de estos objetivos es mantener baja la tasa de inflación, idealmente en el rango establecido en el programa monetario.

No interesan los efectos y consecuencias de dicha política, con impactos negativos en las tasas de crecimiento de los sectores productivos, producción de alimentos, niveles de ingreso y empleo de la población, el velo monetario lo cubre todo.

La política monetaria cumple un rol fundamental, al igual que la política fiscal. El argumento de fondo es que el exceso de liquidez en la economía conspira contra los objetivos-metas de inflación, igual que lo hacen la caída de precios de los principales productos de exportación (café y azúcar, por ejemplo), la política contractiva (aumento de las tasas de interés) en países con los cuales Honduras tiene un comercio importante (EEUU, por ejemplo), la apreciación del dólar, la volatilidad en el precio de los combustibles y devaluación del lempira.

La tasa de política monetaria (TPM) es uno de los instrumentos con que cuenta el Banco Central para enfrentar esta inestabilidad y no desviarse de las metas de inflación establecidas, o sea no salirse del rango (porcentaje) fijado. Un aumento de la TPM busca prevenir que las presiones inflacionarias manifiestas no afecten directamente los objetivos de metas de inflación previstos; caso contrario, la baja de la TPM debería reflejar una creciente estabilidad del sistema económico sin presiones inflacionarias que comprometan el cumplimiento futuro de dicho objetivo, al cual, curiosamente, está atada la política monetaria del Banco Central.

El problema es que que los intermediarios financieros enfrentan mayores problemas para obtener fondos (fondeo), utilizando como medida de protección el traslado del aumento de la TPM a las tasas de interés activas, por los que los clientes son los que pagan este aumento, disminuyendo la demanda de fondos (contracción del crédito) lo que, al menos, contribuye a bajar las presiones inflacionarias.

Después del golpe de Estado, Honduras ha mantenido una TPM alta, incluso una de las más altas de la región centroamericana. Además de la justificación del exceso de liquidez en la economía que, según los monetaristas bastardos seguidores de Friedman, presiona para el alza de precios, se argumentó por el gobierno de Pepe Lobo ( 2010-2013) que Manuel Zelaya Rosales estaba haciendo piñata con los fondos del Estado, al bajar la TPM (¿seguir una tendencia a la baja)? y obligar a los bancos a disponer y destinar mayores recursos a los sectores productivos, igual al bajar el encaje y la tasa de interés para la siembra y producción de granos básicos, beneficiando a pequeños productores, grupos y cooperativas campesinas de la Reforma Agraria. En 2013, la TPM fue de 7%, mientras que en 2009 (junio 2009) fue 3.5%, lo que refleja el contraste de la política monetaria seguida por ambos gobiernos.

En el gobierno de JOH (2014-2017), la TPM en promedio anual fue de 6.17%, pero se argumenta que ha venido bajando de 7% en 2013 a 5.5% en 2017. Curiosamente, 2017, el año político-electorero, es el periodo donde se observa la mayor baja (5.5%), estando vigente esta tasa de junio de 2016 hasta diciembre de 2018. En la actualidad la TPM es de 5.75%, un aumento de 25 puntos básicos vigente a partir del 7 de enero de 2019. De acuerdo al comunicado del Banco Central “la inflación total se sitúa en 4.22% en diciembre de 2018, comportamiento explicado en su mayoría por el alza en las tarifas de energía eléctrica y transporte, así como también por la volatilidad en el precio internacional de los combustibles” (BCH, resolución N0-158-10-12-2018). Frente a ello, los agentes económicos adaptaron sus expectativas inflacionarias cercanas al límite fijado para la meta de inflación.

El traslado de este ajuste en la TPM a las tasas de interés activas, impactará negativamente en los demandantes de recursos, principalmente aquellos que enfrentan limitantes para poder enfrentar los pagos y las exigencias de los intermediarios financieros. Ello, aun cuando, el propio JOH reconoce que, en el caso particular de las MiPymes, generan el 76% del empleo del país, pero solo reciben el 3% del crédito total. Una política monetaria contractiva, al estar vigentes tasas de interés más altas, lo que hace es profundizar la inequidad y desigualdad en el acceso a recursos financieros por pequeñas y medianas empresas, aumentando el desempleo y migración. En el sector agropecuario la situación es más difícil, ya que los fondos especiales con bajas tasas de interés para apoyar la producción alimentaria son insuficientes, sumado al riesgo climático y las condiciones financieras de los pequeños productores en las banca y cooperativas agrícolas.

Los aumentos en la TPM inducen a los intermediarios financieros, a ser más selectivos en la identificación de clientes y otorgamiento de préstamos, por lo que productores y productoras de granos básicos y MiPymes del sector comercio e industria son los más afectados, tal como quedó demostrado el periodo de mayo de 2012 a enero de 2015, donde la TPM se fijo en 7%, uno de los periodos de mayor severidad del ajuste económico avalado por el FMI. En este periodo, la tasa de interés nominal anual activa sobre préstamos aumentó de 18.04% a 20.75%, según las propias cifras del banco central.

Honduras espera crecer a 3.6% en 2019, por encima del promedio de la región centroamericana, Cuba y Haití (3.3%), de acuerdo a información de la Comisión Económica para América latina (CEPAL); sin embargo, es junto a El Salvador y Costa Rica, donde la Deuda Pública Bruta del Gobierno Central 2017-2018/PIB observa mayor crecimiento (46%). Pero el problema central es el desempleo, más allá del ocultamiento de las cifras por el gobierno, donde 1 millón de mujeres están sin trabajo, aunque lo busquen. Una TPM alta contribuye a mantener y aumentar los niveles de desempleo del país y sus efectos, pero el gobierno sigue apostando a ella, acompañado de mayor endeudamiento y débil institucionalidad de combate a la corrupción e impunidad.

Javier Suazo

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