Poco más de seis meses acumula el nuevo gobierno colombiano y ya se sienten los efectos positivos en su país y Nuestra América. La región se mantiene pendiente de la posición que asumirá Petro frente a los intereses de Estados Unidos y sus vínculos con la OTAN.

La semana pasada se cumplieron doscientos días del gobierno de Gustavo Petro. Un gobierno sin duda novedoso para una Colombia acostumbrada a ser gobernada por una élite mafiosa, nepotista y genocida.

La irrupción de Petro en el poder ejecutivo colombiano, como líder de esa gran alianza llamada “Pacto Histórico”, implica un cambio en las relaciones de fuerzas políticas y sociales a lo interno del país, pero también en las relaciones internacionales. Como era de esperarse, las contradicciones tienden a agudizarse en la medida que se ejecutan algunas acciones que tocan intereses de las oligarquías y del imperialismo en la región, mientras otras, en cambio, permanecen intactas. Esto es lo que brevemente trataremos de analizar.

La recuperación de las relaciones con Venezuela

El primer impacto internacional del triunfo de Gustavo Petro fue el reconocimiento del gobierno legal y legítimo de  Venezuela, en una llamada que hiciera Petro al presidente Nicolás Maduro a tan solo pocas horas de ser declarado presidente electo, es decir, aún antes de ser investido.

Una de las consecuencias iniciales derivadas de esta decisión fue terminar de sepultar el llamado “Grupo de Lima” del cual ya se había retirado el propio Perú, y ello acabó de deslegitimar la desgastada figura de Juan Guaidó, que aunque se había convertido en una carga para sus propios ideólogos, los Estados Unidos de América, seguía sosteniéndose gracias al reconocimiento de unos pocos gobiernos, principalmente el del expresidente colombiano Iván Duque y los interesados en participar del saqueo de las riquezas de Venezuela en el exterior, como el Reino Unido.

Una vez que asumió la presidencia, ese reconocimiento también trajo como consecuencia la devolución legal de la empresa Monómeros colombo venezolanos a su legítimo dueño. A pesar de haber sido saqueada y endeudada, esta devolución es un acto de justicia muy importante, dado que dicha empresa se convirtió en el primero de los activos en el exterior robados a Venezuela (se usan eufemismos como confiscados, retenidos, etcétera) que le ha sido devuelto. Hace pocos días, el Ministro de Comercio de Colombia manifestó el interés del país en negociar con el gobierno bolivariano la compra de todas las acciones de dicha empresa.

El siguiente paso fue la reapertura de la frontera con Venezuela y la designación mutua de representaciones diplomáticas. Desde entonces hasta ahora se han suscrito  varios acuerdos entre ambos países, e incluso se plantea la instalación de una Zona Económica Binacional. Esto  ha sido muy valioso para los pueblos de los dos países y es de esperar que repercuta en beneficios económicos y sociales; lo que sin duda también impacta positivamente en una región que tiene entre sus grandes retos económicos, el aumentar el intercambio comercial interno.

Con estas medidas también se recobra el criterio de realidad que debe guiar las relaciones diplomáticas y se retrocede en acciones violatorias de convenios internacionales ejecutadas por el anterior gobierno, como las ocurridas contra la Convención de Viena al reconocer supuestas representaciones diplomáticas designadas por Guaidó.

Sin embargo, esos esfuerzos no escaparon de la injerencia estadounidense. Las medidas coercitivas unilaterales dictadas por los EE.UU. contra Venezuela han logrado impedir, hasta ahora, que Conviasa —línea aérea estatal venezolana— pueda realizar vuelos hacia Colombia, y también ha retrasado las alianzas entre Ecopetrol y PDVSA.

Reajuste de las relaciones con Cuba

La sensatez volvió a imperar en las relaciones entre Colombia y Cuba, luego de que el gobierno uribista de Duque pidiera a EE.UU. la inclusión de la isla caribeña en su lista de “países patrocinadores del terrorismo”, con lo que se agravaron las ya criminales consecuencias del bloqueo que padece hace más de seis décadas. Esta medida se originó por el desconocimiento del expresidente colombiano de los protocolos firmados con los países garantes del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (E.L.N.) y la valiente posición de Cuba, quien se negó a violar dichos protocolos.

El gobierno de Petro persiste en el esfuerzo de revertir esa injusticia, y aunque lo ha manifestado públicamente ante varias autoridades del país norteamericano, no lo ha conseguido. Sin embargo, las relaciones entre Cuba y Colombia siguen mejorando y es de esperar que la reciente visita de la vicepresidenta Francia Márquez para participar en la Feria del Libro de La Habana contribuya a profundizarlas.

Un nuevo liderazgo regional

En general, el presidente Gustavo Petro está asumiendo un protagonismo regional muy interesante, pues nunca antes Colombia había asumido ese liderazgo con un enfoque progresista. Su gestión ha sido muy bien acompañada por la de la Senadora Gloria Flórez como jefa de la Comisión II del Senado, que lleva las relaciones internacionales del Congreso colombiano, y Presidenta electa del Parlamento Andino. Por el contrario, se evidenciaron algunas contradicciones con su propia cancillería en las opiniones dadas en la Organización de Estados Americanos sobre Nicaragua y en la abstención en la votación que debía darse a favor de Palestina en Organización de Naciones Unidas.

Petro ha manifestado su interés en promover la integración regional. Impulsa el retorno de Venezuela y Chile, así como la incorporación de Argentina a la Comunidad Andina de Naciones y el regreso de Venezuela al Mercosur. Se ha planteado el posible retorno de Colombia a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), se ha reunido en el país el Grupo de Puebla, y tuvo una participación interesante en la CELAC, en la que, en contravía a su llamado a Venezuela y Nicaragua para que regresen a un espacio tan obsoleto como la Organización de Estados Americanos (OEA),  planteó que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) debería ser el verdadero espacio de integración latinoamericana en lugar de la OEA, a la que se refirió como un organismo ideológicamente parcializado y puso en duda si valía la pena o no re fortalecerla.

Este nuevo organismo, creado en el 2011, tuvo a los gobiernos de Venezuela y Cuba como principales impulsores, y es un mecanismo en el que, a diferencia de la OEA, los países de América Latina y el Caribe se reúnen sin Estados Unidos y Canadá.

Lo que resulta difícil de entender es la insistencia en reimpulsar el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y pedir que Venezuela retorne a ese sistema, que ha dado suficientes pruebas de parcialidad contra los gobiernos no subordinados a los Estados Unidos mientras ha sido cómplice de golpes de estado recientes, como el ocurrido en Perú; y precisamente han sido muy acertadas las declaraciones del presidente colombiano en torno al golpe de estado en esa nación sudamericana y el genocidio que allí se está ejecutando. Esto le ha costado una declaración del Congreso peruano golpista como “persona no grata”.

Del mismo modo fueron muy asertivas sus declaraciones de respaldo al gobierno de Lula Da Silva ante las agresiones en Brasilia que imitaron la toma del capitolio estadounidense en defensa de Donald Trump.

Petro viajó a Ecuador a principios de este año, en lo que los medios reseñaron como su primera visita a un gobierno latinoamericano de derecha, dado el tradicional discurso macartizado que impera en los medios colombianos. En resumen en poco más de seis meses ha visitado Venezuela, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina y México pero aún no se ha reunido personalmente con el presidente estadounidense Joe Biden, pues, según dijo, no es de esos presidentes que busca cuándo Biden va al baño para atravesársele en el pasillo.

Las contradicciones del enclave para la guerra que quiere ser “potencia mundial de la vida”

Por otro lado, Petro ha pedido replantear la guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos, en Colombia y toda la región. Ese ha sido uno de los temas principales en su política interna, y junto a los asuntos de migración y energías alternativas, ha sido uno de los que más ha insistido en sus viajes por la región. De hecho lo puso en agenda durante el pasado encuentro con el presidente mexicano Andrés López Obrador, ya que cada vez son más evidentes los tentáculos del narcotráfico mexicano en Colombia, por supuesto, como siempre, administrados por la DEA.

Continúa el diálogo con el ELN y esto se ha hecho con el concurso de varios países de la región. En principio han sido fundamentales Cuba y Venezuela, y ahora la participación se extiende a México, Chile y Brasil. El ELN es actualmente la organización guerrillera más grande y antigua del continente, y en estos diálogos se ha establecido que lo que se vaya acordando se vaya cumpliendo, por lo que es de esperar que empiecen a arrojar frutos para el país, y en principio también para los países fronterizos, al menos en algunos aspectos sociales y de seguridad, aunque, por el momento, lo estratégico siga intacto.

El primer ciclo de estas conversaciones se realizó en Venezuela a finales del año pasado, y este año comenzó en Mèxico el segundo ciclo. Esa es una buena señal de que el gobierno de Petro continúa en el intento de buscar una salida política y negociada al conflicto, aunque no haya evidencia de que en ello esté comprometido todo el estado.

Tampoco se ha avanzado con la misma velocidad en el diálogo con las FARC-EP 2da. Marquetalia, ni con las llamadas “disidencias de las FARC” con las que el mayor obstáculo es lograr una unidad de mando con la que el gobierno pueda dialogar.

Mucho menos se ha iniciado el desmonte del paramilitarismo. Aunque se ha anunciado el inicio de diálogos con algunos de esos grupos e incluso algunos ceses bilaterales de hostilidades, los asesinatos de líderes y lideresas sociales no se han detenido, ni tampoco los de ex combatientes de las FARC-EP que se acogieron a los acuerdos de La Habana en el 2016. Más bien por el contrario: el paramilitarismo parece estarse reagrupando en torno al Clan del Golfo (quienes pretenden impostar el nombre del líder popular colombiano Jorge Eliecer Gaitán llamándose ahora “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”) y procura recuperar territorios en la frontera con Venezuela e incluso del lado venezolano, de donde había sido expulsado en los últimos años.

Como si esto fuera poco, algunas denuncias hacen pensar que esta penetración se hace además en colaboración con las Fuerzas Militares colombianas, y eso es aún más delicado para unas relaciones que han pasado por restablecer coordinaciones militares. Esto marca un retroceso en la seguridad de la Revolución Bolivariana, que se está abocando con fuerza a impedir ese nuevo intento de penetración paramilitar que en principio está azotando sobre todo al Estado Táchira y empaña los esfuerzos de ambos gobiernos por recuperar las relaciones binacionales.

Lo clave es que, desde la primera semana de la presidencia de Petro, altos representantes del gobierno estadounidense se han trasladado al país en reiteradas ocasiones y han tenido apariciones públicas con el presidente y la vicepresidenta.

El gobierno ha maniobrado con cierto éxito para “matizar” algunos compromisos militares, como la compra de aviones y las operaciones conjuntas en el Amazonas; convenios que seguramente fueron firmados a muy largo plazo y es difícil romper, pero tampoco es posible hasta ahora evaluar hasta qué punto hay interés del nuevo gobierno en romperlos, dado que el más visible de ellos, la pertenencia a la OTAN como socio global, sigue intacto, a pesar de las críticas que realizó la entonces candidata Francia Márquez y algunos comentarios recientes del propio Gustavo Petro.

Evidentemente, una decisión de ese tipo podría costar un golpe de estado, pero en este punto valdrá la pena detenerse en posteriores análisis, por su gran impacto geopolítico. Lo que sí vale la pena mencionar ahora es que lograr el retiro de Colombia de la OTAN debe ser un objetivo muy importante para Venezuela y en general para toda Nuestra América.

Debería serlo fundamentalmente para ese pueblo colombiano que apuesta al proyecto de “Paz Total”.  Es más, por el alto costo político que implica para el gobierno, deberían ser los movimientos populares y las organizaciones sociales colombianas quienes levantaran con fuerza esa bandera de lucha y convocaran a la solidaridad internacional para ese muy difícil paso, básico para comenzar a recuperar la soberanía colombiana y Nuestroamericana. Porque sin soberanía, sin derecho a la autodeterminación que se respete, no hay posibilidades de transitar internamente los caminos hacia la Paz.

Tan solo han transcurrido un poco más de seis meses y el impacto internacional del nuevo gobierno colombiano ha sido en general positivo para la región y ha generado muchas expectativas. Sin embargo, dada la agresividad con que el imperialismo está  volcándose sobre la región en esta coyuntura geopolítica, será cada vez más difícil continuar dirigiendo las relaciones internacionales de Colombia sin tomar una posición más clara a favor o en contra de sus intereses.

Esas decisiones ineludibles  agudizarán las contradicciones en todos los ámbitos, por lo que el papel histórico de los países de la región sigue siendo el de acompañar cada cambio que sea favorable a los intereses del Pueblo colombiano, presionar y gestar otros.

Más allá de lo que el gobierno de Gustavo Petro pueda hacer por el bien de Colombia y de toda Nuestra América, está claro que la unidad de los gobiernos de la región, la resistencia de los no subordinados a Estados Unidos, y sobre todo la fortaleza del tejido de redes entre los Pueblos, sigue siendo el requisito imprescindible para transformar este enclave de la guerra imperialista en una potencia mundial de la vida.

María Fernanda Barreto

María Fernanda Barreto: Escritora, educadora popular colombo-venezolana e integrante de la Red de Intelectuales y Artistas en defensa de la Humanidad.  Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la). Publicado en Al Mayadeen.