Hay que sostener el orden capitalista señalan los principales gobernantes del capitalismo mundial. En enero del 2021 en Davos propusieron que había que “resetear” el sistema, que había problemas, los que se arrastraban por años y eran ahora agravados por la pandemia.

El nuevo gobierno de EEUU sorprendió con el anuncio de planes por más de 4 billones de dólares para asistencia a familias, empresas y una gigantesca iniciativa de inversión pública en infraestructura. Ahora, los ministros de Finanzas del G7 acuerdan establecer un impuesto global a grandes transnacionales en los territorios que hacen sus negocios. Pretenden con ello quebrar la evasión fiscal de estos gigantes de la facturación radicados en paraísos fiscales.

El acuerdo en el G7 es el primer paso de una secuencia que supone nuevos consensos en la cúpula institucionalizada del capitalismo global, caso del G20 o la OCDE. Existe el reconocimiento que algo debe cambiarse, ya que la evolución económica mundial devuelve crecimiento de la desigualdad, ampliamente reconocido por los estudios del francés Thomas Piketty, los informes de OXFAM e incluso de los organismos internacionales. Esa desigualdad genera descontento, protesta y conflictividad social, que puede desembocar en el cuestionamiento del orden vigente.

Vale recordar que las propuestas del reformismo económico que remiten al modelo de política económica entre los 30 y los 80 del siglo pasado estaban sustentadas en el temor al avance del comunismo. La caída de la bipolaridad entre capitalismo y socialismo en la última década del Siglo XX facilitó la estrategia de desarme de multiplicidad de derechos socio económicos, aún en proceso, como mecanismo de restablecer la lógica de las ganancias y el proceso de acumulación de capitales en el ámbito mundial. El descontento expandido y visible en protestas sociales condiciona el llamado de atención a repensar el orden vigente.

Intervención estatal

La respuesta de los principales Estados del orden mundial ha sido una gigantesca emisión monetaria y de deuda pública para atender la emergencia, aunque ello pueda incidir en la suba de precios, fenómeno ya iniciado en EEUU, con una inflación que seguramente estará por encima de la meta del 2% anual establecida por la Reserva Federal. La propia entidad reguladora de la política monetaria y financiera de EEUU viene sugiriendo la necesidad de un poco de inflación para contribuir al proceso de reactivación económica y del empleo. Esa emisión debe regularse y ser absorbida como impuesto. Por eso la gestión Biden sustenta un incremento de tributos a las corporaciones, desandando parcialmente lo ejecutado por Trump en la baja impositiva. Esos argumentos fueron sustentados por Yanet Yellen en la reunión con sus pares en el G7.

Hay consenso en establecer un impuesto del orden del 15% a las grandes corporaciones. Si se generaliza la aplicación del tributo ya no funcionará la amenaza de radicación en otro territorio, ya que en todos estarán grabadas sus actividades. Los Estados necesitan recursos para financiarse, al tiempo que deben absorber la inmensa emisión del salvataje en la emergencia actual. La convicción es que el sector privado no resuelve los problemas y el Estado debe intervenir como inversor y planificador colectivo del orden en crisis. Lo que está cuestionada es la idea fuerza instalada por casi medio siglo de no intervención estatal. No se trata necesariamente de un retorno a otros tiempos de expansión económica, pero sí de atenuación de las máximas impuestas desde la corriente principal liberalizadora del pensamiento económico.

No es nueva la idea de un impuesto global y vale el antecedente de la Tax Tobin propuesta a comienzos de los 70 del siglo pasado, que para ser efectiva requería de una globalidad que era cuestionada por el ideario en ascenso, que se convertiría en hegemónico en poco tiempo, las propuestas neoliberales. Los límites del presente hacen ahora posible retomar la propuesta de un tributo global a las grandes corporaciones. James Tobin quería empastar el mecanismo de la especulación financiera y sus ideas fueron asumidas por el movimiento de acción global ATTAC en el cambio del siglo, proponiendo recaudar para atender las necesidades de la pobreza.

La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, argumenta que hay que terminar “30 años de carrera a la baja en las tasas de impuestos corporativos”. Parece ser parte del nuevo consenso que recorre las esferas de decisión en el orden mundial. El Estado parece retomar una función de planificación para sustentar al propio sector privado de la Economía, en la convicción, que la insatisfacción social puede demandar ir más allá y en contra de la lógica vigente.

Julio C. Gambina

Julio C. Gambina: Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor Titular de Economía Política, UNR. Integra la Junta Directiva de la SEPLA.