El día de ayer se presentó ante el nuevo gobierno la llamada Agenda 2030, un acuerdo aprobado en 2015 por 193 países en el seno de la Organización de las Naciones Unidas que pretende transformar nuestro mundo promoviendo “… el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social y la protección del medio ambiente”.

La Agenda 2030 que, se dice, tiene una visión universal, integral e indivisible, está conformada por 17 objetivos centrales, 169 metas y 232 indicadores a los que los gobiernos que firmaron deben adscribirse y diseñar políticas. A la nueva iniciativa global se le debe desear el mejor de los éxitos tras 25 años de acuerdos similares que terminaron en el estancamiento o en el fracaso.

Tras más de dos décadas de convenios, proyectos e iniciativas encabezados por Naciones Unidas y sus agencias el mundo está peor, no mejor, en lo social y lo ambiental, lo cual ha quedado revelado por innumerables reportes, estudios científicos y libros. Ahí está la obra del economista francés Thomas Piketty (El capital en el siglo XXI), o el reporte del Banco Credit Suisse (2018) sobre riqueza y desigualdad, que reveló que menos del 1% posee 45 por ciento de la riqueza del mundo, y junto con el estrato más rico siguiente (9 por ciento) alcanzan 85 por ciento de la riqueza, mientras el estrato más pobre (64 por ciento de la población mundial) sobrevive con solamente 2 por ciento de la riqueza mundial.

La inequidad social ha aumentado, no disminuido. Hacia 2010, los 388 humanos más ricos del orbe poseían una riqueza equivalente a la de la mitad más pobre de la especie, según un informe de Oxfam Internacional de 2018. Para lo ambiental existen decenas de reportes, entre los que destacan el Global Environmental Outlook 2019 y la carta que hicieron pública 15 mil científicos sobre la gravedad de la crisis ecológica. Concluyendo, la humanidad se encuentra en una situación de alta emergencia para la cual los gobiernos del mundo deberían estar reaccionando y sobre todo comenzando a llamar a las cosas por su nombre.

Y es que el cuerpo del discurso de esta nueva iniciativa reproduce una vez más conceptos fuertemente cuestionados, como el del mismo título (desarrollo sostenible) y del que amplios sectores académicos, especialmente de Europa, India y América Latina, han mostrado su inocuidad. Lo mismo sucede con el concepto de crecimiento económico que una cada vez más poderosa corriente de pensamiento, bajo el nombre de descrecimiento, gana adeptos en Europa (especialmente en Francia y España) y apuntala a los partidos verdes en el Parlamento Europeo. Al desgastado término de desarrollo los movimientos sociales de la América Latina le oponen el del buen vivir, surgido de los hornos andino y mesoamericano, que se ha extendido como pólvora por toda la región.

Es en este contexto que la llegada de la iniciativa a un gobierno que invoca también una transformación, esta vez de escala nacional y de carácter anti-neoliberal, podría generar acciones de avanzada y por delante de los límites de la 2030.

Alcanzo a visualizar lo anterior en al menos 10 de los 17 objetivos de la agenda. El conjunto de acciones que el gobierno mexicano ha puesto en marcha para abatir la pobreza y dotar a los marginados de vías de salvación, la re-orientación de la política agropecuaria que ahora sí apoyará a los pequeños productores campesinos, abandonados a su suerte por las políticas neoliberales, el vuelco hacia la agroecología con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la soberanía alimentaria y la prohibición de los cultivos transgénicos. También está el proyecto para reforestar un millón de hectáreas.

En el campo de la educación destacan las 100 nuevas universidades dirigidas a atender a los jóvenes de regiones remotas y marginadas y el apoyo a las universidades interculturales indígenas. También destaca el compromiso presidencial para evitar la privatización del agua y promulgar una nueva Ley de carácter social.

En el área de la energía, resalta la aceptación del nuevo gobierno de utilizar el petróleo sólo para superar la vulnerabilidad por las gasolinas, e iniciar en paralelo la transición hacia la energía solar. Finalmente destaca la política para mitigar el cambio climático y para apuntalar las 90 millones de hectáreas (60 millones marinas y 30 millones terrestres) bajo conservación, que han hecho del país un ejemplo mundial. Sin duda, con la Cuarta Transformación, la Agenda 2030 saldrá ganando.

Víctor M. Toledo