La administración Trump 2.0, con el secretario de Estado Marco Rubio, ha avanzado rápidamente para enfocar su atención en América Latina, señalando explícitamente a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua como principales objetivos de su política exterior. Esta ofensiva renovada sigue a meses de creciente tensión regional, asedio punitivo al Caribe desde agosto de 2025 que utilizó fuerza letal contra individuos en pequeñas embarcaciones, la incautación de petroleros relacionados con Venezuela que robaron su carga y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Ahora la administración sigue redoblando esfuerzos con esta amplia orden ejecutiva que declara un estado de emergencia nacional sobre Cuba, un movimiento que continúa una campaña maximalista de presión destinada a forzar la capitulación política en todo el hemisferio.

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El 29 de enero de 2026, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva titulada “Abordando las amenazas a Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba”, declarando un estado de emergencia nacional e instaurando un sistema arancelario novedoso contra cualquier nación que suministrara petróleo a Cuba. El documento presenta una acusación contundente contra el gobierno cubano, acusándolo de muchas cosas dudosas como albergar instalaciones hostiles de inteligencia militar, apoyar a grupos terroristas transnacionales, desestabilizar el hemisferio y cometer graves violaciones de derechos humanos. El texto sugiere que sus objetivos principales no son los establecidos. En cambio, la orden parece ser un instrumento político diseñado para lograr varios objetivos estratégicos de Estados Unidos, con las acusaciones sirviendo más como justificación que como causalidad.

Un día antes, el 28 de enero de 2026, el testimonio del secretario de Estado Marco Rubio en el Senado justificó la reciente intervención estadounidense en Venezuela y expuso la hoja de ruta política y económica posterior a la operación, en la que mencionó Cuba. El testimonio construye una mitología fundamental para la intervención criminalizando implacablemente al Estado venezolano, y a Cuba y Nicaragua por poder, explicando a los gobiernos existentes no como una entidad política sino como un “régimen ilegítimo operado por un narcotraficante acusado” que sirvió como base hemisférica para todos los adversarios estadounidenses. Esta narrativa de criminalidad generalizada y amenaza existencial, que abarca el narcotráfico, el terrorismo y la subversión estratégica, crea un pretexto necesario, transformando un escenario geopolítico en una simple historia de contagio sin ley que justifica moral y estratégicamente la acción externa para restaurar un orden “amistoso” y “estable” alineado con los intereses estadounidenses.

Desde el principio, la administración Trump 2.0, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado Venezuela, Cuba y Nicaragua y ha avanzado en la restauración de la designación de Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo, reeditando la Lista de Restringidos de Cuba para bloquear la llegada de recursos al ejército cubano, incluyendo la incorporación de Orbit, S.A. a la lista. Tras el derrocamiento y secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela a principios de 2026, Rubio sugirió que el gobierno cubano debería estar “al menos un poco preocupado” y no ha descartado operaciones de cambio de régimen ni la ampliación de las sanciones para incluir restricciones de visado para funcionarios cubanos, colaboradores globales involucrados en misiones médicas y también amenazas con aranceles a países que suministran petróleo a Cuba, cosa que ahora ha decidido hacer.

La orden lanza una serie familiar pero intensificada de acusaciones contra La Habana, afirmando que la isla caribeña “alberga abiertamente adversarios peligrosos”, nombrando específicamente a Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá. El documento afirma que Cuba alberga “la mayor instalación de inteligencia de señales en el extranjero de Rusia” y está profundizando la cooperación militar con Pekín, al tiempo que proporciona un “entorno seguro” para que los grupos terroristas designados operen en el hemisferio occidental.

Sin embargo, el núcleo de la orden es su novedoso y agresivo mecanismo de aplicación económica, que va mucho más allá de las sanciones tradicionales que apuntan directamente a Cuba; esta política establece un sistema de sanciones secundarias. El Secretario de Comercio de EE. UU. tiene la tarea de identificar cualquier nación que suministre petróleo directa o indirectamente a Cuba. Tras esa identificación, el Secretario de Estado puede recomendar, y el Presidente puede aprobar, imponer aranceles adicionales a todos los bienes importados de ese país a Estados Unidos.

Este “disparador arancelario” representa una jugada geopolítica significativa. Obliga efectivamente a países terceros, incluidos posibles proveedores como Venezuela, China, Rusia o intermediarios en el comercio global de petróleo, a elegir entre sus relaciones comerciales con Cuba y mantener el acceso sin restricciones al lucrativo mercado estadounidense. El objetivo inmediato y aparente es restringir severamente el ya frágil suministro energético de Cuba, una medida que los analistas predicen que podría paralizar la economía de la isla y agravar las dificultades internas.

La orden sí incluye una posible salida de la pista. La sección 3(c) establece que el Presidente puede modificar la orden si el gobierno cubano “toma medidas significativas para abordar la emergencia nacional” y se alinea “suficientemente con Estados Unidos en asuntos de seguridad nacional y política exterior.” Esta condición vaga sugiere que la política pretende servir como palanca para forzar un cambio fundamental en las alianzas exteriores de Cuba, lo que podría exigir que se distancie de Rusia y China.

La orden ejecutiva, que estaba prevista para entrar en vigor a las 00:01 a.m., hora estándar del Este del 30 de enero de 2026, intensifica la postura confrontacional. Es probable que esta medida provoque una fuerte condena por parte de aliados regionales y socios comerciales, que podrían considerar los aranceles extraterritoriales como un exceso de autoridad estadounidense. Pero está claro que estas medidas pretenden ser una estrategia deliberada para inducir el colapso económico y los disturbios en Cuba. La cuestión es si Cuba se coordinará con China y Rusia para suministrarle petróleo y establecer relaciones comerciales más estables en general. Tanto China como Rusia han expresado su deseo de hacerlo, pero sigue sin estar claro si Cuba aceptará toda la ayuda que se le ha ofrecido o si teme que relaciones más profundas con China y Rusia provoquen la ira de Estados Unidos.

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Miguel Santos García es un escritor y analista político puertorriqueño que escribe principalmente sobre la geopolítica de los conflictos neocoloniales y las guerras híbridas en el contexto de la cuarta revolución industrial, la nueva guerra fría en curso y la transición hacia la multipolaridad. Visite su blog aquí.

Es investigador asociado del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG).