La suerte de Julian Assange parece estar sellada, aunque por ahora Lenín Moreno no pasó de amenazas de expulsarlo de la embajada ecuatoriana en Londres donde el creador de WikiLeaks se asiló en 2012 para no ser extraditado a Estados Unidos. Assange estaba en la lista de enemigos del gobierno de Barack Obama, luego de haber difundido documentación secreta sobre las atrocidades cometidas por tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. WikiLeaks aparece en el centro de la ojeriza del presidente de Ecuador, que asegura que le hackearon sus equipos informáticos. El mar de fondo es sin embargo la revelación de datos sobre inversiones atribuidas a Moreno y su familia en oscuras firmas offshore.Moreno, bendecido como sucesor de su proyecto político por Rafael Correa, ni bien asumió en el Palacio de Carondelet mostró que su rumbo iba en un camino diametralmente opuesto. Y desde el primer día en su cargo comenzó a cuestionar la presencia de Assange en la sede diplomática ecuatoriana. “Esa cuestión marcó ya en los albores la intención de diferenciarse de Correa en su política exterior”, considera Diego Dieguez Ontiveros, asesor jurídico de Correa y especialista en Derecho Internacional.La ofensiva contra Assange marcha paralela a las difusión de lo que Correa bautizó como INAPapers, un escándalo que involucra al hermano del presidente, Edwin Moreno Garcés en la constitución de una empresa offshore, Ina Investment Corp. a la que se habría derivado dinero de coimas de empresas constructoras a través del supuesto testaferro del mandatario, Xavier Macías Carmignani.
Los documentos presentados en ese portal, avalado y profusamente citado por Correa, probarían que los hermanos Lenín y Edwin Moreno Garcé; la primera dama Rocío González Navas y su hermana Guisella; su íntimo amigo Macías Carmignani, la esposa de este, María Herdoiza Patiño junto con el exembajador de Panamá en México, Ricardo Alemán Alfaro y un puñado de abogados constituyeron un holding de sociedades fantasmas para birlar dinero fruto de delitos económicos.
Legalmente, hay documentación que mostraría al presidente alejándose de la firma en marzo de 2016, pero el sitio presenta mails y capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp con los que se podría probar que es una cobertura destinada a ocultar que el mandatario ecuatoriano sigue estando en el entramado de negocios de INA, entre ellos la compra de un lujoso departamento en Alicante, España.
Para rematar la investigación, destacan que el nombre del grupo deriva de los de las hijas de Lenín Moreno y Rocío González: Irina, Carina y Cristina.
En los primeros días, el gobierno mantuvo el silencio. Pero a medida que el caso crecía en las redes, Moreno se indignó en un video en el que denunció que habían hackeado teléfonos de su familia y dispositivos informáticos y se difundieron escenas de su vida privada. “Cuando tienes intimidad en el hogar, estás comiendo algo, bailando, no quieres que eso se difunda, a menos que sea tu voluntad”, señaló.
Y acusó, genéricamente, a “quienes se llevaron miles de millones de dólares en la década pasada, pero no me van a amedrentar (pero) no me van a atemorizar, seguiré con la lucha implacable contra la corrupción”.
Lo que no aclaró es que él mismo integró ese gobierno, como vicepresidente, entre 2007 y 2013.
De allí a poner otra vez en el tapete al activista australiano hay un paso. “Ya demasiadas veces el señor Assange ha redundado en sus violaciones al acuerdo que llegamos con él y con su procuraduría jurídica”, adujo Moreno. “No es que no pueda hablar libremente, no es que no pueda expresarse libremente, pero no puede mentir y, peor todavía, hackear o meterse en las cuentas o en los teléfonos privados.” “El asilo a Assange ponía a Ecuador a la vanguardia de las garantías que se manejan en Derecho Internacional, protegiendo a uno de los principales denunciantes en materia de transparencia pública y privada”, destaca Dieguez Ontiveros, quien no descarta que Moreno cumpla la amenaza de dejar al activista en la calle, con lo que cuando menos, terminaría en prisión por violar secretos militares de Estados Unidos. «
Una fiscalía a medida Una de cal y otra de arena. Rafael Correa se alentó por el resultado de las elecciones municipales del 24 de marzo pasado, donde sus seguidores ganaron en las prefecturas de Pichincha, cuya capital es Quito, y Manabí (en el oeste del país), mientras que en Guayas (al suroeste) quedaron segundos. A nivel nacional obtuvieron el 12,5% de los votos, en un contexto totalmente adverso. “Ni yo mismo me lo creo, logramos lo imposible. Hasta hace tres meses no teníamos siquiera un partido político para participar. Nos robaron Alianza País de forma absolutamente arbitraria”, argumentó.
Pero lamentó la designación de Diana Salazar como nueva fiscal general del Estado. “Es otra muestra más de la inconstitucionalidad que se vive en Ecuador”, resumió. La fiscal saliente, Ruth Palacios, que era subrogante desde noviembre, llamó a una rueda de prensa para defender su gestión, en la que, entre otras cosas, archivó una denuncia contra Correa y abrió una contra Lenín Moreno.
El cargo estaba vacante desde que Carlos Bladimir Baca fue destituido en abril del año pasado. Designado en 2017, tenía mandato hasta el año 2023, sin embargo, la Asamblea Nacional del Ecuador lo sometió a juicio político a pedido del gobierno.
La nueva fiscal participó en la investigación del caso Fifagate, que llevó a prisión el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Luis Chiriboga. Luego, dirigió la pesquisa por la relación del ex vicepresidente Jorge Glas, actualmente preso, con la constructora brasileña Odebrecht.
Alberto López Girondo
