Entre las múltiples razones del arrollador triunfo de López Obrador, quizá la de mayor peso fue el hartazgo en vastos sectores sociales con la desmedida corrupción de los gobiernos neoliberales. Una desaforada corrupción que tomó la forma de apropiación privada de los bienes públicos. Con el agravante de que los vendedores eran al mismo tiempo los compradores y, consecuentemente, los nuevos dueños.
Es cierto que la gigantesca corrupción neoliberal pripanista implicó también ligas y complicidades con las formas más aterradoras de la delincuencia organizada: narcotráfico, contrabando, trata de personas, prostitución infantil, despojo, secuestro, extorsiones, desaparición forzada, asesinatos masivos, fraudes bancarios, apropiación de los fondos de pensiones, tráfico de influencias y muchas modalidades más del crimen institucionalizado.
La ligadura, el pegamento de todas estas formas de ese inmenso e ilegal enriquecimiento fue, durante 40 años, el permiso presidencial para delinquir. Con la bendición presidencial el delito era rentable y de mínimo riesgo. Fue el caso, entre muchas otras formas de latrocinio, del huachicoleo, la condonación de impuestos y la estafa maestra.
Pero con la llegada de López Obrador a Palacio Nacional ese permiso para delinquir llegó a su fin. Y el nuevo gobierno empezó la persecución legal de estas formas de enriquecimiento criminal. Y aunque pueda parecer poco, ya están en la cárcel dos practicantes y beneficiarios de este tipo de delitos: Juan Collado y Gilda Austin. Y no tardarán en ser llevados ante la justicia el prófugo Emilio Lozoya Austin y la ex luchadora social Rosario Robles Berlanga. Y esto es apenas el principio. Y aunque pueda parecer poco, es bueno recordar que, como reza el aforismo italiano, “Chi va piano va lontano”: el que va despacio llega lejos.
La relativa lentitud en llevar ante la ley a estos y a otros connotados delincuentes se explica por la actuación perversa de los órganos de justicia, recinto, baluarte y trinchera de la ideología, la práctica y la corrupción neoliberales. En estas corrompidas instituciones se aloja buena parte de la resistencia al avance de la Cuarta Transformación.
Argucias legales, burocratismo, odio clasista contra López Obrador y obvia complicidad con los criminales entorpecen y retrasan la aplicación de la ley. Pero por ahora la obturación de la justicia no será tan fácil en los casos de Lozoya Austin y Robles Berlanga. Estos dos depredadores sociales dejaron muchas huellas. Es cosa de seguirlas. Sin prisa pero sin pausa.
Miguel Ángel Ferrer
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