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México – Ayotzinapa: El corazón de la corrupción
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Global Research, julio 16, 2020
La Jornada
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Christian Alfonso Rodríguez Telumbre tenía 19 años cuando fue desaparecido junto a sus 42 compañeros de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. El pasado 7 de julio, la Fiscalía General de la República confirmó el hallazgo de restos de él.

Su deseo era estudiar veterinaria, pero su complicada situación económica lo llevó a estudiar en la normal rural. Era apasionado de la danza folclórica. Sus padres, Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre, han sido voces fundamentales junto con el resto de madres y padres de los normalistas, encabezando uno de los más emblemáticos movimientos de búsqueda de verdad y de justicia en la historia del país.

La identificación representa una grieta más a la insostenible verdad histórica con la que el gobierno anterior pretendía cerrar el caso. Enrique Peña Nieto, tuvo la oportunidad de que Ayotzinapa fuera un punto de no retorno para el país en materia de justicia; pero ello significaba tener la voluntad política de investigar y luego develar los andamiajes del México profundo de la corrupción, en el que las fronteras entre el crimen organizado y las instituciones públicas se diluyeron en favor de una dinámica macrocriminal.

En efecto, la tragedia de Ayotzinapa tiene su máxima expresión en la desaparición forzada de 43 jóvenes, pero sólo es explicable en función de las estructuras de corrupción que aquella noche del 26 de septiembre llevaron a operar a las instituciones del Estado para los intereses del crimen organizado y no para el cuidado de la ciudadanía.

En estos términos, la única virtud que de esta tragedia podría extraerse sería develar el México de la institucionalidad podrida que se condensa en el casoAyotzinapa. Ya sabemos la historia: se construyó una llamada verdad histórica que, sin asidero científico y probatorio, ha ido cayendo paso a paso. Se generó un andamiaje de doble impunidad: la de las autoridades estatales y federales que participaron en la desaparición y la de las autoridades que fabricaron el infame montaje de la tal verdad histórica.

Vale la penar rememorar algunas de las revelaciones y momentos que durante casi seis años han desmontado la supuesta verdad que se dio a los padres y madres de Ayotzinapa como explicación única de lo ocurrido aquel 26-27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Primero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó, sobre bases científicas, en sus informes I y II, la imposibilidad de que en el basurero de Cocula se hubiera llevado a cabo un incendio de magnitud tal que hiciese posible incinerar 43 cuerpos. Además, evidenció los déficits de la investigación de la PGR como el que implicaba el uso de distintos teléfonos celulares de los estudiantes tiempo después de la hora de su supuesta muerte.

Segundo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó un dictamen multidisciplinario sobre el basurero de Cocula. En él concluyó que la evidencia física sobre éste no era consistente con el daño esperado por causa de la incineración de 43 cuerpos en la zona de la retícula principal. En esa misma línea argumentativa, el EAAF dejó cla-ro que las declaraciones de los inculpados, que supuestamente confesaron la versión del basurero, no eran consistentes con la evidencia sobre el incendio.

Tercero, la entonces Visitaduría General de la PGR –hoy Fiscalía Especializada de Asuntos Internos– realizó un proyecto de resolución en el que, a partir de las revelaciones del GIEI concluía que diversos funcionarios –entre ellos el ex director de la Agencia de Investigación Criminal– habían cometido serias irregularidades con trascendencia en conductas delictivas, como detenciones arbitrarias, traslado irregular de detenidos a supuestas escenas del crimen e incluso tortura.

Cuarto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó en su informe Doble Injusticia que, al menos, 34 personas presuntamente implicadas en los hechos fueron torturadas por distintas autoridades. El argumento medular de la ONU radica en que la tortura niega la verdad, pues las personas confesas declaran lo que quiere escuchar su torturador, y no la realidad de lo sucedido.

Quinto, la sentencia del primer tribunal colegiado de circuito con sede en Tamaulipas que en mayo de 2018 ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, tras concluir que no hubo una investigación seria, imparcial y efectiva por parte de la PGR que garantizara la verdad de lo sucedido. Más aún, el tribunal advirtió el uso sistemático de la tortura para montar la versión oficial. Por ello, hasta el pasado 30 de junio, el Poder Judicial ha liberado a 77 de los supuestos implicados en la verdad histórica, entre ellos, los seis jóvenes que en teoría habrían confesado incinerar a los estudiantes.

A toda esta cadena de tropiezos de ladenominada verdad histórica, se añade la identificación de restos de Christian Rodríguez en un lugar distinto del basurero de Cocula y la reciente filtración de un video en el que Tomás Zerón, quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio anterior, tortura a uno de los inculpados por las desapariciones.

Desde el día uno de su gobierno, en el entorno de la emisión del decreto que creó la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, tanto el presidente López Obrador, como el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien encabeza dicha comisión, han sido enfáticos en afirmar que la única verdad es que no hay verdad en el caso. Asimismo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, y Omar Gómez, fiscal del caso, expresaron hace unos días que se cayó la verdad histórica y se rompieron los pactos de impunidad.

Los hallazgos científicos sobre Christian y la solicitud de nuevas órdenes de aprehensión significan la oportunidad de un verdadero punto de no retorno que permita saber el paradero de los estudiantes, pero también desmontar y procesar en justicia a todos los involucrados en el andamiaje de corrupción que hizo posible que sucediera la tragedia de los 43 y la posterior construcción de un montaje que se pretendió hacer pasar por verdad.

Mario Patrón

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