México sigue siendo un país petrolero y ya se está rescatando, aunque lentamente. La Reforma Energética nos está dejando múltiples problemas difíciles de solucionar en corto plazo. La duda es por qué diversas empresas españolas y otras hacen negocio a costa de los recursos naturales del país.

No han venido al país a levantar miles de kilómetros de tendido eléctrico para distribuir la electricidad porque el gasto es muy alto, para eso, ya existe la estructura de la CFE. El papel de empresas privadas extranjeras, como Iberdrola de España, país que no cuenta con recursos energéticos (gas y petróleo), juega el papel de usurpadora de los energéticos para producir electricidad con metodología mexicana y convencional que vende a la CFE a través de la propia infraestructura de la Comisión.

Las empresas extranjeras ni siquiera trajeron tecnología avanzada para ahorrar gastos y generar el doble de fuentes de trabajo.

Así lo permitió la Reforma Energética. Para este negocio turbio, tuvieron que modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El cambio se promovió por los panistas y se concretó en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con Vicente Fox tuvimos el primer momento de violación directa de las reglas de producción de energía eléctrica.

Como Presidente de la República, firmó el permiso para que las empresas produjeran la electricidad que sería vendida a nuestra propia empresa nacional. Firmó más de 35 contratos que autorizaron la producción de energía eléctrica a empresas españolas, especialmente a Iberdrola. La intervención del auditor que señalaría la ilegalidad de las gestiones de esas empresas fue severamente cuestionada por parte del presidente Fox. Aparentemente se corrigieron las irregularidades, sin embargo, el problema continuó.

Es importante hacer hincapié en que el gobierno actual no se opone a las energías alternativas, conocidas como limpias: eólica, solar, nuclear, hidroeléctrica, etcétera. Las productoras de energía eólica continúan; sin embargo, son muchas las irregularidades sin esclarecer aún.

El primer grupo de plantas de viento en México fue traído desde Dinamarca y se instalaron en el Istmo de Tehuantepec y su productividad fue aceptable y, al contrario de las actuales, la población local estuvo de acuerdo y se generaron fuentes de trabajo.

La información que ha emitido Semarnat, hasta el sexenio pasado, es inconsistente. Lo que sí queda claro es que violaron diversas normas oficiales y una gran parte de la población local fue afectada, sin que, hasta el momento, se hayan resuelto sus demandas.

Pero las ilegalidades venían promoviéndose desde el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. La idea de modificar la Carta Magna ya estaba en las políticas públicas de ése y otros gobiernos neoliberales. La población se manifestó con grandes movilizaciones en contra de la privatización de la energía eléctrica, de la invasión de las eólicas y, además, de su alto costo, que implicaba la participación de las compañías privadas mexicanas o extranjeras.

La participación de la ciudadanía no dio resultado y las compañías empezaron a adueñarse de los recursos naturales, dispusieron del territorio nacional y estuvieron a punto de desaparecer la CFE.

Es importante recordar que la Comisión Federal de Electricidad estaba produciendo con niveles aceptables. Todavía faltaban alrededor de 6 millones de personas que no contaban ni cuentan ahora en absoluto con electricidad. Ninguno de los gobiernos anteriores intentó cubrir esta urgente necesidad. Según reportes anteriores, tanto la CFE y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro producían un porcentaje alto en comparación a otros países, por lo que pudo resolverse esa deficiencia.

Actualmente, están limitados los permisos y contratos para que compañías extranjeras vendan la electricidad producida en México, conectándose con la red nacional de distribución. Por otro lado, en cuanto al gas, se está buscando que las empresas particulares operen de acuerdo con las nuevas disposiciones del gobierno actual para no aumentar las tarifas de transporte ni de la electricidad privada. Los contratos firmados durante el gobierno anterior son ventajosos, leoninos y en detrimento de la economía mexicana.

Esto quiere decir que el gobierno actual está retomando las directivas de la industria eléctrica del país. Es importante el rediseño y reorganización de distribución que se efectúan junto con la Sener.

Nuevamente se aplica el artículo 25 constitucional que garantiza la planificación del desarrollo nacional. Están en primer plano las mejoras a las hidroeléctricas, método por el cual se produce la mayor parte de la energía que se distribuye en el país. Se recupera, también, la participación de ingenieros, ingenieras y especialistas y se retoman los proyectos nacionales para elevar la cobertura de energía.

Todavía recurriremos a las energías no renovables (fósiles). Estamos en un momento de transición energética que ha empezado hace años, pero que no se ha tomado en cuenta. La urgencia ambiental logrará desarrollarse con mayor velocidad. Y, como dicen profesionales expertos en energía, tenemos recursos que deberán considerarse como no renovables, aunque durante años se consideraron renovables, como, por ejemplo, la lluvia. Es paralelo el uso de uno y otro tipo de recursos, y eso no quiere decir que la política energética actual no esté considerando la utilización de las llama-das energías limpias.

De todas formas, dependemos de la existencia de todos los energéticos.

Antonio Gershenson