El 27 de septiembre de 1960, el texto aprobado por las Cámaras de Senadores y de Diputados, así como por la mayoría de las legislaturas de los estados, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre siguiente, y es: Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.

En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

El decreto publicado en el Diario Oficial del 3 de febrero de 1983, por el que se modificó, entre otros, el artículo 28 constitucional, señaló a la electricidad dentro de las funciones que el Estado ejerce de manera exclusiva en las áreas que se consideran estratégicas para la economía.

La exclusividad que en favor de la nación establecen las reformas constitucionales de 1960 y 1983 conciernen a la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica que estén destinados a la prestación del servicio público. Esto significa que la nación, representada por el Estado federal, es la única que puede generar o producir energía eléctrica, conducirla, transformarla, distribuirla y abastecerla, cuando dicha energía sea suministrada como servicio público; es decir, como un servicio que atiende necesidades de carácter general, para fines domésticos, industriales, comerciales o de servicios. Por esta razón la parte final de la adición al párrafo sexto del artículo 27 prohíbe que se otorguen concesiones a los particulares en materia de electricidad destinada al servicio público.

Una segunda reforma del artículo 27 se dio el 20 enero de 1960, que tuvo por objeto ampliar y consolidar la encomienda del Estado respecto del manejo y desarrollo de la industria petrolera, al establecer que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarían concesiones ni contratos, ni subsistirían los que se hubieran otorgado, y que la Nación llevaría a cabo la explotación de esos recursos de manera exclusiva.Estas fueron modificaciones a la Constitución. Hubo consecuencias en otros planos, incluyendo los trabajadores de la electricidad en su ramo público. Ya hablaremos más en detalle en este aspecto, pero ahora mencionamos una parte de un aspecto, el sindicalismo en la rama de la electricidad.

En ese momento había tres sindicatos en el ramo. El más antiguo, en la capital y sus alrededores, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); en numerosos estados con diferentes empresas privadas, la central y luego el sindicato encabezado por Rafael Galván, y el de la ya propiedad del Estado, entonces controlado por el charrismo.

Menciono ahora la actitud del entonces presidente que llevó a cabo la nacionalización de la electricidad, Adolfo López Mateos, quien empezó este proceso desde el principio de su gobierno. Y tuvo una actitud encaminada a su avance junto con sindicalistas del ramo. Incluso llevó a cabo desayunos familiares con Galván. Y trató que ya se fueran integrando los sindicatos.

Sin embargo, terminó su gobierno con la integración de la mayoría de ellos de las que fueron empresas distintas, pero con la separación de una de ellas que dio forma al SME.

El charrismo apoyado por un nuevo gobierno quiso apoderarse del que todavía funcionaba de modo democrático. Este último dio una lucha y eso llevó al gobierno a imponer una nueva negociación entre estos dos sindicatos.

Durante mi estancia en Lecumberri como preso político, recibíamos visitas, por un lado, de dirigentes del entonces sindicato de energía nuclear, y al mismo tiempo de un dirigente del sindicato encabezado por Galván. De modo que al salir de la cárcel, me integré, casi automáticamente, al sindicato de energía nuclear, al que ya pertenecía desde antes. Y y por otro lado, al SUTERM, que ya se estaba formando, por la unión de todas las organizaciones mencionadas en este párrafo.

Habrá que seguir analizando esta situación en otros momentos.

Un agregado del último día: el gobierno mexicano se pronuncía en contra de intervenir en la vida interna de Venezuela, y en particular su elección presidencial ya consumada.

Al mismo tiempo, se cumplieron 60 años de la revolución cubana, que ya ha resentido semejantes agresiones, del gobierno de Estados Unidos, que han fracasado como sucederá con la actual conspiración del imperio y de sus seguidores.

Antonio Gershenson

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