Concluida la Jornada Nacional de la Sana Distancia, con sus éxitos y limitaciones que generan un intenso debate político y periodístico, en demérito de lo sanitario en un país donde los “expertos” forman legión y dictan cátedra diariamente, México transita a la política de los semáforos con 31 estados en rojo, el grado máximo de alerta epidemiológica, y sólo Zacatecas está fuera de ella.

Para el vocero Hugo López-Gatell los cuatro colores serán determinados por la existencia de uno sola de las cuatro condiciones que cada uno tiene, pues “no queremos criterios suaves en este momento, porque toda la sociedad tiene como prioridad evitar los rebrotes, y si tenemos criterios bajos, laxos, suaves, permisivos, entonces tendríamos un desconfinamiento demasiado acelerado”. HLG es un epidemiólogo de primera línea al que muchos opositores critican para en realidad criticar al presidente Andrés Manuel, tanto que en mañanera del jueves 28 recibió el respaldo presidencial para continuar “el tiempo que sea necesario” y exigió a sus detractores “bajarle una raya a la campaña contra Hugo”.

Bajo el argumento de que la política sanitaria de semaforización no fue consensuada, los gobernadores de Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas declararon en texto negociado en Comala, Colima, con muestras de rechazo de habitantes locales por los riesgos de contagio de covid-19 en un poblado que no conoce un solo caso, denunciaron un compló de las autoridades sanitarias federales y el presidente –sin mencionarlo porque no hay borracho que trague lumbre–, ya que “pretenden responsabilizarnos de los muertos por la pandemia”.

Cometieron el error de designar por segunda ocasión a Silvano Aureoles, el pequeño gobernador de Michoacán, del todavía más pequeño (y corrupto) Partido de la Revolución Democrática, para mayor seña un señoritingo que necesita a su maquillista como acompañante.

Aureoles Conejo puso énfasis en el desacuerdo, pero a la hora de la verdad es ineludible que los ejecutivos estatales asuman su responsabilidad porque son la autoridad sanitaria máxima en cada estado y en los municipios son los alcaldes, siempre que los demócratas rebeldes sepan respetarlos. El entrecomillado obedece a que la Autónoma de Guadalajara es dominada por el derrochador cacicazgo de Raúl Padilla López, aliado de Enrique Alfaro. Y en marzo de 2019 recibieron un atento mensaje de AMLO: “Hay universidades con influencia política vinculadas a partidos y las comisiones de Educación en el Congreso manejadas por exrectores o integrantes de grupos que manejan universidades y que tienen mucha capacidad de gestión y obtienen muchos fondos. Pero la queja es que ese dinero no se aplica bien”.

La diferencia con los planteamientos de la Secretaría de Salud no se percibe con claridad más allá de lo declarativo. Dicen, por ejemplo, los estados (sic por los gobernadores) “iniciaremos un proceso de reapertura gradual, medidas sanitarias, y mayor capacidad de pruebas, esta reapertura será con la sociedad y el sector empresarial, en los siguientes días estaremos indicando en las entidades la aplicación de nuestra política sobre la que hemos trabajado durante semanas por los 28 millones de mexicanos que viven en los (siete) estados”, indicó Aureoles, el incapaz de hacer frente a problema significativo alguno de los michoacanos sin la presencia del gobierno federal.

Para “la mayor capacidad de pruebas” que por favor no se guíen por la experiencia de Alfaro, que las pagó por adelantado a una empresa “patito” y cuando sus funcionarios reclamaron vía telefónica nadie contestó y los jaliscienses pagaron la cara ocurrencia del gobernador que endeuda al estado con singular eficacia, pues sueña con ser el candidato presidencial de Dante Delgado y los hermanos Padilla López.

Eduardo Ibarra Aguirre