Ha sido larga la contracción de la actividad económica. Una parte relevante de la política pública para 2020 debe ser alentar decisivamente el crecimiento articulado del producto, el empleo y el ingreso familiar.

Durante el año que está por terminar el gobierno dedicó inicialmente la atención a cuestiones que estableció como prioritarias, entre ellas medidas de control del gasto público, combate a la corrupción, aspectos puntuales de la política social y la reordenación del sector energético. Posteriormente se estableció un programa de inversión en infraestructura, con participación de capital privado, y finalmente se aprobó el T-MEC, del que se espera genere más inversión, intercambio y expansión productiva.

Ha habido un impulso en materia de remuneraciones al trabajo, con el aumento al salario contractual y al mínimo, que junto con una rebaja del crecimiento de los precios (según se mide por el índice inflacionario del Inegi) habría de elevar el poder adquisitivo y la capacidad real de consumo.

Los elementos de la cantidad de empleo que se genera y su localización en distintas actividades, así como el valor del salario, son muy significativos en el contexto de la política pública y debe reforzarse con el crecimiento de las actividades económicas formales. De esa manera podrá primero sostenerse y después extenderse entre la población.

En todo caso, habrá que esperar a ver qué repercusiones tiene en el proceso en que se forman los precios en distintos sectores de la economía y diversas regiones del país. La cuestión es qué impacto tendrá un aumento de la demanda agregada en la inflación, sobre todo cuando se identifica que los componentes que forman la parte subyacente del índice, los que presentan menores fluctuaciones, son los más resistentes a la baja.

Si bien estas condiciones pueden ser propicias para la reactivación económica, su efecto no es automático; el proceso requiere distintas condiciones que lo impulsen. Éstas tienen que ver con el estado de la confianza, la seguridad pública y las expectativas de quienes trabaja, consumen, ahorran o invierten.

El escenario económico de contracción se expresa claramente en los diversos indicadores sobre la dinámica de la producción, así como en las medidas que en materia monetaria ha tomado el Banco de México. En los últimos meses la tasa de inflación se ha reducido por debajo de 3 por ciento, que era el objetivo fijado para el año. Eso ha llevado a un ajuste a la baja en el objetivo de las tasas de interés y de referencia.

Las implicaciones de esta situación no son evidentes por lo cambios que se provocan en los mercados. La situación del peso está marcada por el hecho de que aún atrae la entrada de capitales y es una de las monedas más usadas en las transacciones cambiarias en América Latina. Esto deriva, precisamente, del diferencial de las tasas de interés con el dólar estadunidense y esa ventaja se está reduciendo, así que hay límites en las medidas que se adoptan.

Mientras tanto, se ha mantenido un entorno de estabilidad financiera definido por la menor inflación, las tasas más bajas de interés y la poca variación del tipo de cambio. Todas estas condiciones están estrechamente relacionadas entre sí y se desprenden en buena medida de la contracción productiva.

La caída de la demanda agregada tiene efectos estabilizadores, aunque si se prolonga deriva en recesión. Las condiciones pueden ser ahora aprovechadas para restablecer el crecimiento. Las cosas requerirán de otro tipo de ajustes en la medida en que la actividad económica se recupere y la velocidad en que lo haga.

Todos esos movimientos provocarán efectos de distintas dimensiones y que se distribuirán de manera desigual entre los agentes económicos. Así que las estrategias deben estar bien definidas y, sobre todo, ejecutadas.

La generación de corrientes de ingresos suficientes y sostenibles en el tiempo para una parte cada vez más extensa de la población es, igualmente, una buena forma de apoyar los programas de servicios públicos de la población que los requieren y que demandan recursos del gobierno. Es, también, una base más consistente para una redistribución del ingreso. En materia de transferencias directas habrá que identificar cada vez mejor a los receptores y también la eficacia con que esos recursos se distribuyen.

El renovado tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá es ahora relevante para la economía, pues durante más de dos décadas ha creado una base de producción industrial y de servicios de la cual se depende. Se ha vuelto una cuestión estructural en materia de flujos de inversión y productos. En ese sentido sigue siendo necesario reforzar la demanda externa con mayor oferta nacional y para ello falta una política industrial. El año entrante no será fácil en materia económica, pero será decisivo.

León Bendesky