Dada la magnitud de sus potenciales consecuencias políticas, consideramos pertinente iniciar esta entrega con una posibilidad siempre latente en un régimen presidencialista: El procedimiento y los términos de la eventual sustitución del jefe del Ejecutivo federal, una opción extrema que no se ha presentado desde la renuncia de Pascual Ortiz Rubio hace más de ocho décadas.

Sólo citaremos una referencia: En la esquiva reforma del Gobierno y a lomo de la transición democrática ya se puso en agenda la creación de la figura de vicepresidente de la República. (En los Estados Unidos operó para la suplencia del asesinado John F. Kennedy y después del desafuero de Richard M. Nixon. Lo recordamos sólo para mentar la soga en la Casa Blanca).

La iniciativa sobre la  vicepresidencia no se ha legislado por una sencilla razón, esgrimida por sus opositores: Se obligaría al Presidente en funciones a dormir con el enemigo.

Con otro enfoque, ayer en el debate de los presidenciables uno se lanzó a la yugular del que se ha comprometido -en caso de ganar la presidencia- a someter a consulta popular su permanencia: Incitación a la anarquía, qué irresponsabilidad.

Ese protagonista es el mismo que se atribuye la aprobación de una reforma constitucional por la que se expone al Presidente a la pérdida del fuero y su sometimiento a juicio político. Existían  ya más de 30 iniciativas empolvadas, pero hasta que habló el oráculo se le dio curso a la más reciente.

Una Cámara de Diputados poblada de suplentes, es difícil saber cuántos de las comisiones de dictamen (Puntos constitucionales, Estudios legislativos, Justicia) pueden exhibir dominios en la lectura y revisión de la Constitución.

La vía más rápida hacia la ingobernabilidad

Alguien que sabe de lo que habla, es el jurista Diego Valadés Ríos. No repetiremos sus prendas de académico e investigador. Rescatamos sus advertencias.

(Aquella reforma aprobada en San Lázaro) es una decisión precipitada, irresponsable  que puede conducir a la ingobernabilidad. Es una de las mejores medidas que se podrían tomar si se quiere inmovilizar al próximo mandatario.

Más explícito: “Si tenemos en  cuenta que de 2003 a 2017 se presentaron más de 350 solicitudes de juicio político que no prosperaron, vemos que la institución del juicio político ha sido prácticamente inútil, pero que tratándose del próximo presidente de la República puede ser un instrumento para tenerlo bajo acoso permanente”.

Una basta y profunda obra acreditan los juicios de valor y las previsiones de Valadés Ríos. Hasta ahí dejamos sus advertencias.

Por nuestra parte sólo haremos una especulación: Desde que arrancó el siglo XXI, aun con alternancia en  Los Pinos, el PRI ha tenido el control de ambas cámaras en seis legislaturas federales: Sus pastores se encargaron de mandar a la basura 300 solicitudes de juicio político o, en casos excepcionales, dictar la exoneración expresa de los imputados.

¿Por qué ahora el PRI conectó la olla exprés para humedecer,  planchar la Ley-Meade y aprobarla con una mayoría insólita en un pleno con nueve bancadas partidistas? ¿Es que el PRI sabe que la penalización no será aplicable a su candidato presidencial? Si así fuese, alguien ha escuchado: Ya lo dieron por muerto. Grave asunto.

Mouris Salloum George

Mouris Salloum George: Director General del Club de Periodistas de México, A.C.