Ya es una práctica común en la autodenominada comentocracia reconocer las decisiones presidenciales como pertinentes y hasta indispensables, pero considerar que “las formas” de aplicarlas no son “las mejores”.

Así sucedió con la criticada consulta ciudadana sobre la sede para construir el nuevo aeropuerto capitalino. La democracia participativa es algo extraordinario e indispensable para México, mas la forma que utilizó el entonces presidente electo Andrés Manuel fue sumamente “desaseada”, adujeron los que no movieron un dedo para hacer realidad aquella práctica consagrada en la Constitución, pero inexistente porque carece de ley reglamentaria. Ése fue también el pretexto para que la reforma energética no fuera consultada, sino impuesta por Enrique Peña Nieto y sus aliados de la partidocracia que sustituyeron al Congreso e ignoraron a 3 millones de firmas para someterla a consulta, pues sabían que la oposición ciudadana era mayoritaria.

Lo mismo sucede ahora con la estrategia del gobierno de López Obrador de vigilancia y control para combatir el robo de hidrocarburos, puesta en juego el 27 de diciembre con el despliegue de 4 mil soldados y marinos para atender 58 centros y estaciones, la mayoría en las terminales de almacenamiento y despacho. Casi todos la aplauden, pero critican el desabasto de gasolinas cuantificado de distintas maneras en dependencia de si se trata de un dirigente partidista, el académico especializado, alguien que no logra acomodo en el gobierno o quien busca la pauta publicitaria.

Marko Cortés (maestro de “los moches” en la Cámara de Diputados y organizador de bacanales), sentenció que “Una vez más, la incapacidad y malas decisiones de este gobierno nos generan costos económicos que terminamos pagando todos… exigimos que el gobierno busque combatir este delito sin que se afecte a la gente”.

Como informó AMLO desde Tijuana, Baja California, el domingo 6, el problema del robo de hidrocarburos adquirió significación con Vicente Fox con un monto de 10 mil millones de pesos, creció aún más con Felipe Calderón y adquirió niveles de 60 mil millones de pesos al año con Peña.

Más que las alarmantes cifras por las que en abril de 2017 la dirección de Petróleos Mexicanos estimaba indispensable la intervención del Ejército y la Marina, está el juicio presidencial: “Había una actitud de complicidad plena al interior de Pemex , y eso es lo que estamos corrigiendo”. Y advirtió a los que asaltan a la muy alicaída paraestatal durante 36 años de neoliberalismo: “Que no quieran jugar a las vencidas porque van a triunfar la ley y la justicia”. Frente a lo que Lorenzo Meyer, uno de sus aliados intelectuales más destacados, le pide informe qué significa la frase.

En tanto, Héctor Aguilar Camín no duda en calificar la frase de criptica, criticar a AMLO por su protagonismo desbordado en los medios de comunicación, advertir sobre “la represión”, empatar la cuarta transformación con Cuba y Venezuela, y descubrir una “gran operación” centralizadora del “poder”, incluido el Ejército, pero sin molestarse el intelectual sistémico en ofrecer pruebas más allá de sus díceres.

La paraestatal y el presidente explicaron que el desabasto obedece al cierre parcial de ductos como una fase de la estrategia contra la delincuencia de cuello blanco que opera “desde la Torre de Pemex” y que el robo en ductos es una maniobra de distracción. Gravísimo problema al que no pueden ser ajenos los directores generales de Pemex y/o sus equipos de las últimas dos décadas.

Eduardo Ibarra Aguirre

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