En el centro del acuerdo logrado por la OCDE, que signaron 130 gobiernos para conformar una nueva fiscalidad global que grave a empresas multinacionales y plataformas digitales, está la urgencia de recursos por parte de los estados nacionales.

Diversos organismos no gubernamentales, importantes grupos de economistas, organismos financieros internacionales, el gobierno estadunidense, a los que se sumó el G-7, han advertido que es indispensable recaudar recursos adicionales para financiar haciendas públicas extraordinariamente exigidas por la pandemia. Los temas que han centrado este consenso global son: imponer una tasa mínima tributaria a las grandes corporaciones, de por lo menos 15 por ciento y aprobar impuestos especiales al uno por ciento más rico en cada país.

En cuanto al primer asunto, de acuerdo con la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (Icrict), la propuesta del G-7 que ahora han acordado estos 130 países al estar amoldada a los intereses de las potencias económicas, pudiera provocar que los países en desarrollo obtuvieran ingresos adicionales muy limitados. Con esa tasa mínima que el gobierno mexicano ha aprobado, la hacienda pública de nuestro país, de acuerdo con lo declarado por G. Yorio, recaudaría 30 mil millones pesos adicionales. Esta cantidad resulta muy limitada ya que representa apenas medio punto porcentual adicional respecto a los ingresos tributarios estimados para 2021. Pero si la tasa se incrementará a 21 por ciento, el ingreso adicional llegaría casi se duplicaría. Si ese mínimo se llevara a 25 por ciento, entonces el ingreso tributario adicional se triplicaría.

La economista india Jayati Gosh, integrante del Icrict, advirtió que el peligro de esta propuesta que aprobó la OCDE y que aprobará el G-7 pronto es que la tasa mínima se convierta en tasa máxima, lo que afectaría significativamente la recaudación. Por esta razón, el impuesto mínimo a las corporaciones debe ser a una tasa por lo menos de 21 por ciento. En este sentido, el acuerdo promovido por la OCDE establece correctamente que se trata de un impuesto de al menos 15 por ciento, lo que abre la puerta para elevarlo según lo demanden las condiciones nacionales.

En cuanto a los impuestos especiales a los más ricos, que no están en el acuerdo que ha hecho público la OCDE, pero que forman parte de la estrategia tributaria del gobierno de Biden, habría que incorporarlos en los planteos del G-20, por lo menos como un tema en discusión. En nuestro caso, aprobar un impuesto para los más ricos incorporaría una progresividad tributaria muy adecuada para enfrentar los requerimientos de ingresos fiscales derivados de la pandemia. En lo referente a esta progresividad, es necesario reconocer que nuestra estructura tributaria no es progresiva. La progresividad fiscal es condición necesaria para que el Estado pueda cumplir con las tareas sociales que le corresponden. Progresividad quiere decir que quienes reciben un ingreso más grande deben contribuir proporcionalmente con una porción mayor de su ingreso a financiar al Estado. Una sociedad con una estructura tributaria progresiva que los contribuyentes cumplan rigurosamente ayuda a construir y mantener una vida civilizada. Impuestos progresivos permiten que, además, los estados implementen políticas públicas que reduzcan la desigualdad.

Al aceptar que la estructura tributaria mexicana no es progresiva, se debiera entender que es necesario corregir esto a través de modificaciones a las tasas máximas y a las tasas marginales, al tiempo que se establecen impuestos a la riqueza. La tasa máxima de 35 por ciento al ingreso se aplica en México solamente a quienes tienen un ingreso anual de más de 3 millones 900 mil pesos. La tasa resulta muy reducida comparada con la que se grava en los países de la que en promedio es de 42 por ciento. Además, la estructura tributaria mexicana descansa significativamente en el IVA, lo que hace a esta estructura regresiva.

Esta discusión global no puede ni debe desaprovecharse. El acuerdo alcanzado en torno a la tributación de las grandes corporaciones y el que pudiera alcanzarse sobre impuestos adicionales al uno por ciento más rico de las respectivas poblaciones nacionales, junto con la reiteración de que la desigualdad afecta las posibilidades de crecimiento, hace posible corregir estructuras tributarias, como la nuestra, que no son progresivas. El tema es fundamental, pero lo es más en las condiciones abiertas por la pandemia que demostraron que el desmantelamiento de la presencia estatal en el área de la salud resultó catastrófico. Superar esto es indispensable. Que se lo proponga un gobierno que se reclama interesado en el bien de todos es imperativo. No hacerlo es desaprovechar una oportunidad histórica que tendrá costos para aquellos que busca prioritariamente proteger.

Orlando Delgado Selley