Teóricos y pensadores sobresalientes de etapas anteriores, suponían que el siglo XXI estaría diafanizado, sin los peores lastres de etapas tenebrosas de persecución y barbarie de un grupo contra el pensamiento no coincidente. Sin embargo, entramos en la tercera década de esa meta con personajes que estarían mejor ubicados en el medioevo y no en la mal llamada postmodernidad.

Se logró anular los miasmas provocadas por falta de higiene e ignorancia, pero el mal de la intransigencia y el empeño por enrolar a todos bajo un pensamiento único, es una epidemia obviamente mortífera tratada, con descuido, ambivalencia o en politizados marcos de letal riesgo.

Perviven gobernantes que se ufanan de subestimar el SarCov2 y subordinan las acciones debidas a intereses del momento a intereses y creencias  personales.

En ese sentido sobresale quien recién dijo: “nuestros doctores ganan más dinero si alguien muere de COVID”. Irresponsable, irrespetuoso, poco preocupado por el desborde de hospitales y los 290 000 fallecidos, insiste en colocar el uso de la mascarilla protectora como símbolo distintivo de triunfadores y fracasados. Un en su favor o en contra, desafiando a la sensatez y la decencia.

Similar visión ocurre en sitios, además, donde se defiende más a los animales que a las personas y se intenta convertir a un país y su gente en feudo privado. Se valen de estratagemas legales para instaurar sus criterios o conveniencias y, también, buscando protegerse de cuanto resulte de sus malas prácticas. Ambas tendencias se le achacan a los ultraconservadores polacos, encabezados por el partido Ley y Justicia (PiS).

Moviendo los hilos de la tramoya nacional, está Jaroslav Kazinski, jefe de esa formación y antiguo primer ministro, nombrado en el cargo durante la presidencia de su hermano gemelo Lech (2005-2010 ) quien pereció en un grave accidente de aviación. Luego de varios tumbos, Jaroslav se reinserta en la órbita del poder, con iguales o parecidos empeños reactualizando el plan ejecutado contra  grupos o personas progresistas o que valorados desde un muy estrecho conservadurismo, lo eran. Si en la etapa  de Lech, ambos habían perseguido a periodistas y otros sectores con el pretexto de colaboración con el comunismo,  en este segundo momento ese enfoque se amplia y se hacen de mecanismos estrictos para controlar la sociedad y las estructuras que la rigen.

La ley mordaza, calificativo dado por parte de la prensa europea y muchos ciudadanos polacos,  se enfila en tal carril. Según su entramado, se expulsa de la profesión a todo juez que critique la reforma judicial, intente aplicar la jurisprudencia europea o se atreva a criticar  de forma pública el dictamen del gobierno en ese sentido. Ante las múltiples protestas ciudadanas se justificó implantar la mutación judicial con el propósito de eliminar la “casta de viejos jueces comunistas”, que ejercieron hasta 1989. Imposible, pese a la machacona insistencia mediática oficial, poner a la sombra que la casi totalidad de los de los 10 mil jueces en activo, ocuparon sus cargos con posterioridad a ese año.

Diferentes expertos advirtieron que la propuesta era violatoria de la Constitución y de lo legislado en la Unión Europea, desde donde por igual se les hizo advertencias referidas a cómo  quebrantarían normas principales del estado de derecho defendidas desde  el Pacto Comunitario.

Otra nota añadida al empeño de imponer una ley que otorga al Ejecutivo el control de la justicia, ¿juez y parte? ¿Inmunidad si fueren arbitrados? es el modo en que fue aprobada finalmente, de  madrugada, tras una extensa tumultuosa sesión parlamentaria en la cual los oponentes, no tuvo oportunidad de debatir. Por eso fue calificado de abuso de poder el procedimiento y la implantación misma del cuestionado artilugio legal.

Esos métodos cuadran bien con la ultraderecha y en los ámbitos más retrógrados de la política polaca. Sectores percatados de que estigmatizar a los emigrantes o colocarlos como amenaza, captaba rápidos adherentes. Imponiendo miedro a perder el trabajo o la identidad, fueron instrumentos esgrimidos para provocar rechazo al ingreso de extranjeros. Presionados por la UE y la ONU, aceptaron de mala gana admitir a algunos cristianos, para, al menos, salvar el ángulo religioso del asunto.

Una vez probado el imán social de ese tipo de artificio, comenzaron a usarlo también con respecto a  los grupos gais, perseguidos y despojados  de sus derechos, llegando a extremos como crear espacios en ciudades y regiones con carácter de “zonas libres de ideología LGTB”. Nótese que se tacha de ideología a una preferencia sexual nada sin conexiones propiamente de una concepción del mundo o las inclinaciones socio-políticas de cada persona.

El forzado parentesco entre dos temas de disímil perfil, se usa para crear miedo, confusión, tal como calificar  de neobolchevismo las predilecciones íntimas de cada individuo. Criterio de esa fisonomía fue aventurado por el presidente polaco, Andrzej Duda, para quien ese “neobolchevismo (trata de ser) introducido en las escuelas para adoctrinar a los niños y para dirigir su mirada a través de la sexualización”.

Demonizar los derechos de amplias  franjas ciudadanas al extremo de quemar banderas de esos colectivos y pedir que sean enviados a las “cámaras de gas“, sobrepasa el simple rechazo a lo que cada cual está en libertad de elegir. Un sinfín de denuncias se remite al acoso en las escuelas, ataques en la calle, amenazas de muerte, división de la familia y otras técnicas inquisitoriales homofóbicas.

En similar línea se desarrollan las medidas para impedir el aborto, incluso si se detectan mal formaciones del feto incompatibles con la vida. Cálculos facultativos establecen que por encima del 90% de las mujeres que solicitan ese servicio es justo por motivos de ese tipo, pues mayoritariamente la población, la femenina sobre todo, conculcados por la educación religiosa y las tradiciones, no desea  el cese de un embarazo, excepto por causas tan justificadas como la predicha.

El Parlamento no se avino a decretar las exageradas restricciones sobre el aborto. En su defecto, y ya aplicando sus nuevas prerrogativas, fueron los tribunales los encargados de decretar la norma. Este es otro rudimento que está dividiendo a la sociedad, enfrentada a odios, rechazos e inseguridades de variado tenor. El momento elegido para implantar algo que hace mucho se venía trasuntando sin éxito, es considerado por muchas ciudadanas una enmascarada para tapar el mal manejo de  la COVID-19, calamidad que abruma al régimen sanitario polaco en este momento, cuando el país asciende en la escala de los sitios más afectados por la pandemia.

Otro punto débil aparece en el disgusto de sectores donde se esperó infructuosamente la recepción de ayudas para atenuar las resultantes de la epidemia, uno es el de turismo, y, sobre todo, aquellos afectados por  decisiones como la amparada en la protección de los animales, imponiendo prohibir la crianza de algunas especies con fines comerciales. Polonia es el mayor exportador, tras Dinamarca, de pieles de zorro, marta y otras pieles finas. Esa resolución, muy privativa de Jaroslaw Kazinski y poco popular, es otro extremismo con malas derivaciones económicas criticado hasta por los partidos afines al gobernante, donde no se oculta una posible disgregación.

Con una táctica muy parecida a la aplicada actualmente  en Estados Unidos, de culpar a otros de pecados particulares, el PiS y sus representantes acusan a la UE de imponer ideas extranjerizadas incompatibles con la cultura polaca y que socavan la soberanía nacional. Las críticas a las citadas derivas autoritarias, sin embargo, no provienen solo de los 27, a quienes Varsovia amenaza con abandonarles cuando a la inversa, se acumulan motivos para que Bruselas decida expulsarles.

La fracturación social y la suma de descontentos, aumentados por la fuerte represión policial de las protestas, están creando mayores contrariedades y muestran una posible escisión de los partidos afines al PiS, posibilitando un devenir complejísimo. Precisamente el PiS propone otra resolución que garantice inmunidad a los representantes políticos y  funcionarios que  violaron o que trasgredan todo lo relacionado con la lucha para prevenir y combatir al nuevo coronavirus. Ese blindaje legal no recibe apoyo de los partidos afines al gobernante.

Luego no es necesario insistir en lo delicado de esos escenarios, dominados por la obcecación de quienes califican de totalitario al régimen concluido en los 90, sin ver ni un átomo de la arbitrariedad absolutista que están practicando.

Elsa Claro