La resistencia: informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018, del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, que integran 11 organismos no gubernamentales, revela que el gobierno de Enrique Peña Nieto “fue brutal para el ejercicio de la protesta social: quienes salieron a las calles para ejercer su derecho a la libre manifestación enfrentaron constante criminalización, represión, estigmatización y restricciones, ya sea legales o a través del uso arbitrario de la fuerza”.

Un dato sobresaliente es que de julio de 2015 a noviembre de 2018 se documentaron 175 casos de represión a quienes protestaron en varios estados, destacadamente la Ciudad de México administrada por el “apartidista” Miguel Mancera, pero quien determinaba en el Partido de la Revolución Democrática, el estado de México dirigido por el priista Eruviel Ávila y seguido por Michoacán, gobernado por el perredista Silvano Aureoles, así como Oaxaca.

La variedad de recursos de los 175 casos documentados incluyen hostigamiento, detenciones arbitrarias, violencia física, ejecuciones extrajudiciales, tortura, uso arbitrario del sistema penal, amenazas, encapsulamientos, uso de armas letales y no letales, y procesos judiciales.

Previamente, el viernes 14, la senadora por Guerrero, Nestora Salgado, solicitó a la Secretaría de Gobernación, representada por Alejandro Encinas, la liberación inmediata de 199 prisioneros políticos, para lo cual entregó el mismo número de carpetas, de las que se deriva que permanecen en cárceles de 18 entidades, la mayoría en el estado de México, la tierra y búnker de Peña, Guerrero y Oaxaca. 70 están acusados de homicidio, 58 por delincuencia organizada y 31 por secuestros (180 de los inculpados son hombres y 19, mujeres). Son los mismos delitos por los que la comandanta Nestora de la Policía Comunitaria estuvo presa 31 meses, tras ser detenida sin orden de aprehensión por el Ejército, la Marina y la Policía Federal. Y absuelta por falta de pruebas, a pesar de la histérica campaña de José Antonio Meade, Isabel Miranda (Wallace) y Alejandro Martí para criminalizarla.

Mientras Encinas y Salgado contemplaron vías para liberar a los 199 (algunas ONG contabilizan hasta 300 presos), como una ley de amnistía (olvido), el indulto (perdón) o acelerar los procesos, Olga Sánchez Cordero informó que “la libertad no será ni en automático ni de manera colectiva. Tenemos que revisar cada uno de los expedientes, porque no es un rasero general, tiene que haber un detallado y minucioso examen de cada uno de los expedientes porque hay gente acusada incluso de delitos graves” (La Jornada, 15-XII-18). Dos varas de medir, por lo visto, una para los luchadores sociales y otra, una virtual amnistía para los políticos y los magnates.

Muy distinto a como procedió Lázaro Cárdenas, quien el 1 de diciembre de 1934, en plena toma de posesión ordenó liberar a los comunistas desterrados en las Islas Marías, entre ellos Miguel Ángel Velasco, Juan de la Cabada y José Revueltas.

Fue en el periódico Oposición (1-VIII-74) donde debuté como cabecero de la principal de portada: “Sí hay presos políticos”. Y un cartón de Rogelio Naranjo denunciaba el encarcelamiento de Ramón Danzós Palomino en Atlixco, Puebla.

Por supuesto que no faltó quien se pitorreara de la cabeza. “¡Descubriste el hilo negro!”, me dijo. Pero Luis Echeverría negaba su existencia y 44 años después la prisión política es una de las instituciones más sólidas de México.

Eduardo Ibarra Aguirre