Más allá de la asunción de Biden, y a pesar de lo nefasto que fue el 2020 en términos, económicos, sanitarios y sociales en la región latinoamericano-caribeña, recientes elecciones, estallidos sociales y permanentes movilizaciones populares en varios países presagian cambios en el organismo panamericano, junto al reverdecer de mecanismos como la CELAC, que agrupa a 33 países (excepto Estados Unidos y Canadá) y UNASUR, sólo con naciones sudamericanas, empeñados en convertir la región en una zona de paz.
Para los analistas, a los posibles cambios de la OEA contribuirán también elecciones generales y parlamentarias previstas para este año en varios países, como Ecuador, Perú, Nicaragua, Chile entre otros, aunque todos con pronóstico imprevisible.
El triunfo del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia demostró fehacientemente el uso de la OEA para avalar o propulsar golpes militares o institucionales en la región. Su utilización como instrumento de colonización lo respalda el hecho de que 80 por ciento del sistema interamericano es financiado por Estados Unidos. Y la condena púbica de Almagro a la Corte Penal Internacional cerró el año como expresión de su fracaso ante la revolución bolivariana.
Tras promover y avalar el golpe de Estado, Almagro felicitó al presidente electo de Bolivia, Luis Arce, y le deseó “forjar un futuro brillante desde la democracia”. Sus dichos generaron la reacción inmediata de varios dirigentes latinoamericanos, como el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien recordó que Almagro fue quien había avalado la anulación del triunfo de Evo Morales en noviembre de 2019, con una falsa acusación de fraude electoral que, obviamente, jamás demostró.
También el canciller argentino, Felipe Solá, lo criticó fuertemente: “Lo que ocurrió en Bolivia no hubiese sido posible sin la anuencia de la OEA. Su función es denunciar golpes, no patrocinarlos”, dijo.El Parlamento de América del Sur (Parlasur) propuso abrir una investigación en enero sobre el papel de Almagro durante la crisis boliviana del 2019, exigiéndole explicar ‘el terrible error que cometió para someter a América Latina y al pueblo de Bolivia’, anunció su presidente, el argentino Oscar Laborde.
Asimismo, el boliviano Adolfo Mendoza, presidente del Parlamento Andino (PA), solicitó una auditoría formal al informe de la OEA sobre Bolivia y manifestó que hay necesidad de que este tipo de hechos nunca más queden en el limbo y que la investigación pueda contribuir al fortalecimiento de la democracia en América Latina.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, quien preside este año la Comunidad del Caribe (CARICOM), anunció que su país no tomará parte en nuevas votaciones hasta que sea destituido el cuestionado delegado venezolano y reincorporado el representante legítimo del gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro.
A principios de enero acusó a la OEA de desarrollar una campaña de desinformación ‘para empañar el buen nombre y la reputación’ de su país y denunció a la secretaría general del organismo, por desvirtuar los hechos relacionados con la muerte en un naufragio de 33 ciudadanos de Venezuela en aguas venezolanas el 6 de diciembre. Demandó el cese de esa actividad y afirmó que el curso actual de la OEA “puede resultar en daños incalculables a la integridad de la organización y la confianza depositada en ella por parte de sus miembros legítimos”.
Paralelamente, Bolivia será sede en marzo de una reunión de UNASUR, donde también será presentada RUNASUR, organización regional dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos originarios de la región, promovida por el expresidente Evo Morales.
La obsesión de Almagro
Almagro señaló al medio argentino Infobae que los países de la región dejaron al autoproclamado presidente interino de Venezuela Juan Guaidó (reconocido por la OEA aunque no gobierne a nadie) “prácticamente solo, enfrentándose a ese régimen. El secretario general de la OEA, que confía en trabajar con la administración de Joe Biden tan bien como lo hizo con la de Donald Trump.
Aseguró que Cuba tiene una fuerte influencia en sectores clave del gobierno de Argentina y admitió que en el futuro quiere ser una figura política en su país. Lo cierto es que su obsesión contra el gobierno constitucional de Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, mantiene a la OEA en caída libre.
Almagro ha convertido a la OEA en auto chocador que arremete –sobre todo mediáticamente- a lo que se prestan los medios hegemónicos trasnacionales- contra cualquier instancia que no se ajuste a sus ritmos o criterios, como es el caso de la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusó a principios de diciembre de “negligentes”, por no agilizar las acusaciones contra el gobierno venezolano. “Cada día de inacción -dijo- es un día donde se permite que continúe el sufrimiento del pueblo de Venezuela”.
La CPI respondió los señalamientos y consideró que surgen “de la frustración de las expectativas de la Secretaría General de la OEA”, pero en realidad lo que marca es el fracaso dela estrategia de Washington contra Venezuela, uno de sus principales obstáculos en la recolonización de la región.
La CPI no pudo maquillar siquiera las abiertas presiones de Almagro como operador político del gobierno estadounidense, para poder presentar ante el imaginario colectivo internacional la presencia de un “estado fallido”, como justificación para acciones de intervención, y la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela.
Ya en septiembre del 2018 Almagro había declarado desde Colombia que “no se puede descartar una intervención militar en Venezuela”. Las acciones diplomáticas están en primer lugar pero no se pueden descartar otras dada la gravedad de la situación”.
También el canciller argentino, Felipe Solá, lo criticó fuertemente: “Lo que ocurrió en Bolivia no hubiese sido posible sin la anuencia de la OEA. Su función es denunciar golpes, no patrocinarlos”, dijo.El Parlamento de América del Sur (Parlasur) propuso abrir una investigación en enero sobre el papel de Almagro durante la crisis boliviana del 2019, exigiéndole explicar ‘el terrible error que cometió para someter a América Latina y al pueblo de Bolivia’, anunció su presidente, el argentino Oscar Laborde.
Asimismo, el boliviano Adolfo Mendoza, presidente del Parlamento Andino (PA), solicitó una auditoría formal al informe de la OEA sobre Bolivia y manifestó que hay necesidad de que este tipo de hechos nunca más queden en el limbo y que la investigación pueda contribuir al fortalecimiento de la democracia en América Latina.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, quien preside este año la Comunidad del Caribe (CARICOM), anunció que su país no tomará parte en nuevas votaciones hasta que sea destituido el cuestionado delegado venezolano y reincorporado el representante legítimo del gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro.
A principios de enero acusó a la OEA de desarrollar una campaña de desinformación ‘para empañar el buen nombre y la reputación’ de su país y denunció a la secretaría general del organismo, por desvirtuar los hechos relacionados con la muerte en un naufragio de 33 ciudadanos de Venezuela en aguas venezolanas el 6 de diciembre. Demandó el cese de esa actividad y afirmó que el curso actual de la OEA “puede resultar en daños incalculables a la integridad de la organización y la confianza depositada en ella por parte de sus miembros legítimos”.
Paralelamente, Bolivia será sede en marzo de una reunión de UNASUR, donde también será presentada RUNASUR, organización regional dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos originarios de la región, promovida por el expresidente Evo Morales.
La obsesión de Almagro
Almagro señaló al medio argentino Infobae que los países de la región dejaron al autoproclamado presidente interino de Venezuela Juan Guaidó (reconocido por la OEA aunque no gobierne a nadie) “prácticamente solo, enfrentándose a ese régimen. El secretario general de la OEA, que confía en trabajar con la administración de Joe Biden tan bien como lo hizo con la de Donald Trump.
Aseguró que Cuba tiene una fuerte influencia en sectores clave del gobierno de Argentina y admitió que en el futuro quiere ser una figura política en su país. Lo cierto es que su obsesión contra el gobierno constitucional de Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, mantiene a la OEA en caída libre.
Almagro ha convertido a la OEA en auto chocador que arremete –sobre todo mediáticamente- a lo que se prestan los medios hegemónicos trasnacionales- contra cualquier instancia que no se ajuste a sus ritmos o criterios, como es el caso de la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusó a principios de diciembre de “negligentes”, por no agilizar las acusaciones contra el gobierno venezolano. “Cada día de inacción -dijo- es un día donde se permite que continúe el sufrimiento del pueblo de Venezuela”.
La CPI respondió los señalamientos y consideró que surgen “de la frustración de las expectativas de la Secretaría General de la OEA”, pero en realidad lo que marca es el fracaso dela estrategia de Washington contra Venezuela, uno de sus principales obstáculos en la recolonización de la región.
La CPI no pudo maquillar siquiera las abiertas presiones de Almagro como operador político del gobierno estadounidense, para poder presentar ante el imaginario colectivo internacional la presencia de un “estado fallido”, como justificación para acciones de intervención, y la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela.
Ya en septiembre del 2018 Almagro había declarado desde Colombia que “no se puede descartar una intervención militar en Venezuela”. Las acciones diplomáticas están en primer lugar pero no se pueden descartar otras dada la gravedad de la situación”.
Aram Aharonian
Aram Aharonian: Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).