En relación al acuerdo migratorio firmado por los gobiernos de México y Estados Unidos nada hemos avanzado en el camino de las ciencias sociales para tratar de explicar ese acontecimiento. Nos hemos estancado en lo que se llama simplemente sentido común.

El hecho de que se haya elaborado tal acuerdo ha impulsado a varios partidarios del Presidente de la República a alegar que éste salvó a la patria, ya que evitó una guerra comercial con Estados Unidos. Grupos de la derecha y otros de izquierda llamada radical, en cambio, proclaman que se capituló frente al presidente de estadounidense y se atentó contra la soberanía nacional. Todo este margallate se percibe tan sólo como resultado de las relaciones personales entre los mandatarios de ambos naciones. Resulta grotesco que los que nos llamamos científicos sociales no analicemos las constelaciones de fuerzas sociales que están detrás de las acciones de ambos estadistas.

México es un país altamente dependiente de Estados Unidos, donde 80 por ciento de su comercio exterior depende de sus vínculos con esa nación. Pero además, la dependencia se extiende a todas las esferas de la vida social, y las clases dominantes en nuestro país estrechan cada vez más sus lazos orgánicos con una burguesía trasnacionalizada comandada por el Estado estadounidense. En este contexto, ponerse con Sansón a las patadas es muy peligroso para el desarrollo económico y social de México y es por ello que nuestro gobierno decidió suscribir el acuerdo con el de Estados Unidos para impedir que éste impusiera unos aranceles a las exportaciones mexicanas si nuestro gobierno no impidiera los flujos migratorios que atraviesan el territorio mexicano para llegar a terreno estadounidense.

Pero lo que no ha hecho el gobierno de México es asumir el papel de Dalila. En primer lugar, aquello con lo que amenaza el gobierno de Donald Trump no tiene viabilidad porque de llevarse a cabo dañaría gravemente a un sector muy importante del empresariado de Estados Unidos, no sólo del mexicano. En segundo lugar, el gobierno mexicano debe abandonar la autocompasión y contestar golpe por golpe, por ejemplo, imponiendo nuestros propios aranceles a las exportaciones del país vecino.

No debe olvidarse que México debe recurrir a múltiples organizaciones internacionales que defienden sus derechos como nación soberana, empezando por la propia Organización de Naciones Unidas, ya que el gobierno de Trump viola en forma flagrante un gran conjunto de leyes, decretos y reglamentos que conforman el derecho internacional. Y no está demás la gran lección del régimen de Lázaro Cárdenas (que el presidente de México presenta como uno de sus modelos): apelar a la gran movilización de masas impugnadora de la política del trumpismo depredador. Algunos alegaran que este tipo de movilización no puede darse en las condiciones actuales, pero ello se debe a la magra concientización del problema por parte de múltiples sectores, lo cual tiene su origen en la abstención gubernamental para incrementar y fortalecer tal concientización. Es necesario convocar a las organizaciones de la sociedad civil y a múltiples sectores del pueblo mexicano para ir solidificando las protestas frente a las amenazas del ocupante de la Casa Blanca, que por ahora está más negra que nunca.

La inexistencia de auténticos partidos de izquierda y la pasividad de miles y quizá millones de personas que esperan que el gobierno les resuelva todos sus problemas es un factor que paraliza el ir hacia adelante en lo que se llama la Cuarta Transformación. Este proceso no depende de la buena o la mala voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino de un compromiso que éste realice con la mayor parte de los sectores populares, el cual no depende de su buena voluntad sino de la organización sólida y bien asentada de los trabajadores de nuestra nación, ya que tal organización es la clave para que el gobierno sea presionado para generar auténticas políticas democráticas y en provecho de la soberanía nacional.

Francisco Javier Guerrero