Ayer fueron fondos para las zonas pobres, hoy que el Parlamento podrán votar las leyes laborales europeas, pero lo cierto es que Theresa May ya no sabe qué ofrecer para sacar al Reino Unido de la Unión Europea (UE) el 29 de marzo.

Según la promesa hecha este miércoles por la primera ministra conservadora británica, una vez consumado el divorcio entre Londres y Bruselas, la Cámara de los Comunes podrá decidir si acepta o no cualquier regulación en materia laboral que sea adoptada por el bloque europeo.

El anuncio busca acallar las preocupaciones de los legisladores laboristas sobre la necesidad de garantizar que el Reino Unido no quede atrasado con respecto a las normas laborales europeas una vez que el país abandone la UE.

May también anunció que los sindicatos serán consultados con tiempo sobre cualquier cambio futuro, y que se creará una entidad para proteger a los trabajadores vulnerables.

La secretaria general de la Confederación Nacional de Sindicatos (TUC), Francis O´Grady, rechazó, sin embargo, el ofrecimiento, y alertó que no existen garantías de que un futuro gobierno de derecha respetará esa legislación.

Los parlamentarios no deben dejarse engañar por este gesto puramente decorativo. Los derechos que tanto nos costó ganar aún corren peligro, sentenció.

La primera ministra británica está en una carrera contra el tiempo para tratar de convencer al Parlamento de apruebe su plan para sacar al Reino Unido del bloque europeo el 29 de marzo próximo, cuando vence el plazo acordado con Bruselas luego de que casi el 52 por ciento de los británicos votaron a favor de abandonar la alianza en el referendo de junio de 2016.

El acuerdo, sin embargo, se encuentra en un punto muerto desde que los legisladores, entre ellos más de un centenar de representantes del partido gobernante, rechazaron en enero pasado el plan de salida presentado por May.

La manzana de la discordia es una cláusula que pretende evitar el establecimiento de una frontera dura entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte.

Según lo pactado, esa salvaguarda garantizaría un flujo continuo, sin puestos fronterizos ni controles aduanales a ambos lados, ya que la zona se regiría por las leyes europeas hasta que las partes firmen un nuevo acuerdo comercial.

Los euroescépticos británicos alegan, sin embargo, que la cláusula amenaza la integridad constitucional del Reino Unido, porque el país podría quedar atado indefinidamente a las regulaciones comerciales de la UE.

May, quien se empeña en consumar el divorcio con o sin acuerdo con la UE, deberá presentar el martes próximo a la Cámara de los Comunes un nuevo plan para el Brexit, como se le conoce popularmente al abandono del bloque por parte del Reino Unido.

La nueva propuesta, sin embargo, aún está siendo negociada este miércoles por sus dos enviados especiales a Bruselas, mientras no se descarta que la primera ministra viaje personalmente a esa ciudad este fin de semana para lograr un acuerdo que convenza a la Cámara de los Comunes.

En caso de que el nuevo plan del gobierno sea rechazado otra vez, los parlamentarios deberán decidir si el país abandona el bloque europeo sin ningún tipo de acuerdo, o si extiende hasta junio el controvertido divorcio.

Ante tanta incertidumbre, el Partido Laborista, quienes abogaron infructuosamente por mantener al Reino Unido dentro de una unión aduanal y mercado único europeos después del Brexit, defiende ahora la celebración de un segundo referendo.

Los detractores de esta propuesta consideran, sin embargo, que otra consulta popular dañaría los pilares de la democracia británica, resquebrajaría la confianza del electorado y hasta podría desatar protestas sociales.

Al respeco, el diputado conservador Robert Halfon advirtió días atrás que ‘nuestro país debe elegir entre la calamidad económica de un Brexit sin acuerdo o la calamidad política de un segundo referendo.

Según Halfon, la mejor opción es aprobar el acuerdo de May, por muy imperfecto que este sea.

Una salida de la UE sin ningún pacto previo, advierten los analistas, provocaría una recesión económica en el Reino Unido, además de escasez de medicinas y alimentos, aumento del desempleo y la inflamación, el desplome de la libra esterlina, y retrasos monumentales en puertos y aeropuertos europeos, debido a la imposición de medidas aduanales y migratorias para los ciudadanos británicos.

Nestor Marin