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Un combate al terrorismo, hecho a medida de Estados Unidos
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Global Research, enero 26, 2020
Página 12
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El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, lideró una Conferencia Contra el Terrorismo, en Bogotá, que debería encendernos todas las alarmas. No es un error decir que fue el canciller norteamericano y no el presidente colombiano Iván Duque quien comandó esa reunión.

Pompeo, ex director de la CIA, halcón republicano y duro entre los duros, usó la cumbre del 20 al 23 de enero para enviar varios mensajes preocupantes. En pocas horas, confirmó el asesinato alevoso contra el general iraní Suleimaní; anunció “que está en marcha la estrategia para que Maduro se vaya” (o sea, un golpe de Estado contra el presidente elegido democráticamente por los venezolanos); conversó con la canciller golpista de Bolivia, Karen Longaric, sobre la colaboración norteamericana en las próximas elecciones del 3 de mayo (¿¡!?) y se privó de hacer cualquier alusión a las ejecuciones de defensores de los Derechos Humanos que por aquellas horas se sucedían en Colombia.  Sólo en lo que va del 2020 hubo 21 homicidios contra de líderes y liderezas sociales colombianos, un promedio de uno por día, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

El 21 de enero, mientras se desarrollaba la cumbre antiterrorista, cientos de miles de colombianos se volcaron a las calles de todo el país –en multitudinarias marchas que ellos llaman “paros nacionales”- para denunciar las acciones paramilitares y los asesinatos políticos entre otros reclamos. En este marco, ¿puede ser Colombia sede de un encuentro en defensa de los derechos humanos y por la seguridad?

¿Puede combatir el terrorismo el autoproclamado Juan Guaidó luego de haberse sacado fotos con narcoparamilitares armados en la frontera entre Colombia y Venezuela?

¿Puede ser Estados Unidos el patrocinador de una Conferencia Hemisférica de lucha contra el Terrorismo cuando su canciller desconoce las leyes internacionales y los pactos de humanidad al confesar el ataque contra Suleimani y, acto seguido, desafía las reglas de la democracia promoviendo un golpe de Estado en Venezuela e interviniendo en las elecciones de Bolivia?

La respuesta es que, más allá de los títulos, la conferencia no se convocó para luchar contra el terrorismo ni a favor de los derechos humanos, sino para impulsar un plan de acción contra Venezuela e Irán y, lo más alarmante, comprometer a toda la región en una cruzada que no nos pertenece y que, muy probablemente, viole la ley.

No permitamos un relanzamiento de la Doctrina de Seguridad en su versión 2.0. Si en el siglo pasado fue el “el peligro comunista” el justificativo que usó Washington para unificar bajo su mando las fuerzas represivas de nuestros países y garantizarse así la sumisión y el control de la región, hoy es el “peligro del terrorismo” el que se busca activar con los mismos fines. Por eso, en Bogotá, Pompeo denunció –aunque no hay ningún evidencia disponible ni documento que pruebe sus dichos- la presencia de Hezbollah en la región y la supuesta ayuda de Maduro a esa organización, así como “al ELN y a la disidencia de las FARC”. Los intentos de persecución a quienes no se alinean con los EE.UU. –hoy son Cuba, Nicaragua y Venezuela, mañana pueden ser otros- quedan claros en los 24 puntos del comunicado conjunto que lamentablemente Argentina firmó en Bogotá ( México y Uruguay se mantuvieron sólo como observadores).

Un par de ejemplos para reflexionar. En el punto 2 del comunicado los países se “comprometen a no dar refugio ni asilo a quienes financien el terrorismo o les presenten colaboración”. ¿En el mundo del “lawfare” podría Evo Morales llegar a ser acusado de colaborador del terrorismo? O en el punto 21, donde se promociona el equipamiento para control de fronteras, investigación e inteligencia. Casualidad o no, Israel, uno de los más conocidos fabricantes de esa tecnología, estaba en la cumbre.

Pompeo, ex director de la CIA, halcón republicano y duro entre los duros, usó la cumbre del 20 al 23 de enero para enviar varios mensajes preocupantes. En pocas horas, confirmó el asesinato alevoso contra el general iraní Suleimaní; anunció “que está en marcha la estrategia para que Maduro se vaya” (o sea, un golpe de Estado contra el presidente elegido democráticamente por los venezolanos); conversó con la canciller golpista de Bolivia, Karen Longaric, sobre la colaboración norteamericana en las próximas elecciones del 3 de mayo (¿¡!?) y se privó de hacer cualquier alusión a las ejecuciones de defensores de los Derechos Humanos que por aquellas horas se sucedían en Colombia.  Sólo en lo que va del 2020 hubo 21 homicidios contra de líderes y liderezas sociales colombianos, un promedio de uno por día, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

El 21 de enero, mientras se desarrollaba la cumbre antiterrorista, cientos de miles de colombianos se volcaron a las calles de todo el país –en multitudinarias marchas que ellos llaman “paros nacionales”- para denunciar las acciones paramilitares y los asesinatos políticos entre otros reclamos. En este marco, ¿puede ser Colombia sede de un encuentro en defensa de los derechos humanos y por la seguridad?

¿Puede combatir el terrorismo el autoproclamado Juan Guaidó luego de haberse sacado fotos con narcoparamilitares armados en la frontera entre Colombia y Venezuela?

¿Puede ser Estados Unidos el patrocinador de una Conferencia Hemisférica de lucha contra el Terrorismo cuando su canciller desconoce las leyes internacionales y los pactos de humanidad al confesar el ataque contra Suleimani y, acto seguido, desafía las reglas de la democracia promoviendo un golpe de Estado en Venezuela e interviniendo en las elecciones de Bolivia?

La respuesta es que, más allá de los títulos, la conferencia no se convocó para luchar contra el terrorismo ni a favor de los derechos humanos, sino para impulsar un plan de acción contra Venezuela e Irán y, lo más alarmante, comprometer a toda la región en una cruzada que no nos pertenece y que, muy probablemente, viole la ley.

No permitamos un relanzamiento de la Doctrina de Seguridad en su versión 2.0. Si en el siglo pasado fue el “el peligro comunista” el justificativo que usó Washington para unificar bajo su mando las fuerzas represivas de nuestros países y garantizarse así la sumisión y el control de la región, hoy es el “peligro del terrorismo” el que se busca activar con los mismos fines. Por eso, en Bogotá, Pompeo denunció –aunque no hay ningún evidencia disponible ni documento que pruebe sus dichos- la presencia de Hezbollah en la región y la supuesta ayuda de Maduro a esa organización, así como “al ELN y a la disidencia de las FARC”. Los intentos de persecución a quienes no se alinean con los EE.UU. –hoy son Cuba, Nicaragua y Venezuela, mañana pueden ser otros- quedan claros en los 24 puntos del comunicado conjunto que lamentablemente Argentina firmó en Bogotá ( México y Uruguay se mantuvieron sólo como observadores).

Un par de ejemplos para reflexionar. En el punto 2 del comunicado los países se “comprometen a no dar refugio ni asilo a quienes financien el terrorismo o les presenten colaboración”. ¿En el mundo del “lawfare” podría Evo Morales llegar a ser acusado de colaborador del terrorismo? O en el punto 21, donde se promociona el equipamiento para control de fronteras, investigación e inteligencia. Casualidad o no, Israel, uno de los más conocidos fabricantes de esa tecnología, estaba en la cumbre.

Telma Luzzani

Telma Luzzani: Autora de “Todo lo que necesitás saber sobre la Guerra Fría”. Editorial Paidós.

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