Los gobiernos están aprobando con rapidez el uso de las vacunas contra el Covid-19. Se han desarrollado varias de ellas. Son tres las que se consideran generalmente, las creadas por: Pfizer, Moderna y Astra Zeneca (véase la útil reseña publicada sobre ellas en https://elpais.com/ciencia/2020-11-23/ las-diferencias-abismales-entre-las -vacunas-de-pfizer-moderna-y-oxford.html ?prm=enviar_email). A esas habría que añadir la Sputnik V, de Rusia.

En medio de la larga pandemia y sus severas consecuencias en materia de salud, el alto número de los fallecimientos producidos, las presiones sobre los sistemas sanitarios, los efectos adversos en la educación y los muy altos costos económicos y cuyo saldo negativo aún no se conoce, la disponibilidad de vacunas resulta un suceso relevante.

Hay, sin embargo, elementos de suspicacia al respecto. Una tiene que ver, por supuesto, con su eficacia. Fueron desarrolladas con mucha celeridad tratándose de un producto complejo con las características de una vacuna y que, usualmente, requiere de más pruebas clínicas que fueron obviadas y una idea de sus consecuencias en lo que se llama inmunidad de rebaño y en distintos individuos.

En este caso, según se sabe, no se conocen suficientemente las formas variadas en las que ataca el virus al cuerpo humano; así se registran casos que van desde los asintomáticos –pero contagiosos–, los leves, los difíciles, los graves, hasta los que provocan consecuencias duraderas y, claro, los que producen la muerte.

En cuanto a la relación de esto con el patrón de los contagios también hay vacíos. Esto se asocia con la forma agresiva en que se propaga el virus y las recurrentes acciones de prevención impuestas por las autoridades.

También se vincula con las reacciones de ciertos grupos que ven en la vacunación una forma de represión de las libertades individuales, que se ligan sobre todo con las medidas de confinamiento, pero también con el simple uso de un cubrebocas, que es un medio de obstaculizar la propagación del virus, aunque haya un negacionismo testarudo al respecto entre algunos gobernantes y segmentos de la población.

La investigadora belga Els Torreele que trabaja ahora en el Instituto para la Innovación y la Utilidad Pública en Londres, donde se investiga sobre la reforma del sistema mundial de desarrollo de medicamentos, critica en una entrevista la falta de transparencia en la creación de las vacunas contra el Covid-19.

Primero, apunta Torreele al hecho de que se gasten más de 4 mil millones de euros de dinero público en un resultado económico privatizado. Hay, pues mucha inversión pública, pero el control sigue en el ámbito privado, es decir: propiedad intelectual, fijación de precios, ensayos clínicos y los datos que se hacen públicos.

Al respecto, señala que en el Reino Unido el gobierno aprobó recientemente el uso de la vacuna de Pfizer a partir de información publicada en una nota de prensa de la propia empresa. Claro que la pregunta obvia es acerca de la función de los órganos especializados en salud y regulación de los gobiernos y cómo actúan. Hay incógnitas acerca de la duración del efecto de inmunidad que generan las vacunas y de las posibilidades de una nueva fase de contagios.

La vacuna de Pfizer, recientemente autorizada por Cofepris en México debe mantenerse a temperaturas ultra frías de alrededor de 70 grados bajo cero. ¿Existe esa capacidad de almacenamiento, mismo que se vincula directamente con los medios efectivos de distribución en el desigual territorio del país? Por otra parte, está el proceso mismo de vacunación; esta vacuna se administra en dos dosis con diferencia de 21 días y la inmunidad se alcanza hasta una semana después de la segunda dosis. Hay que repetir el proceso y hacer que la gente vaya dos veces a inyectarse.

El problema logístico será enorme y las posibles fallas, desastrosas. Y, sin embargo, en el planteamiento que se ha ido creando por largo tiempo con respecto a la naturaleza misma de la pandemia, las consecuencias que ha provocado y en buena medida la discutible gestión política emprendida, estamos encaminados a seguir el curso de las decisiones que se han tomado con respecto de las vacunas y en un contexto de mucha incertidumbre.

Cuando menos, estemos conscientes de la situación en que estamos ahora y admitamos que no tenemos muchas opciones. Pero sí tenemos el derecho de exigir a los responsables de la gestión de esta etapa de la pandemia y de la vacunación una efectiva responsabilidad con la población.

Gobierno y ciudadanos, a los que no se puede forzar a vacunarse, hemos de estar conscientes de lo que todo esto significa, en cuanto a las expectativas que se generan, el desempeño y cumplimiento de todas las partes involucradas en el proceso y las adaptaciones que esta nueva etapa va a exigir, sobre todo ahora que la nueva ola de contagios y fallecimientos se ha agravado.

En materia de la economía y en el marco de la pandemia, el gobierno ha rentabilizado lo que se ha llamado como una austeridad subsidiada, por medio de las abundantes remesas que se reciben y el aumento de las exportaciones demandadas por la industria de Estados Unidos. En cuanto a la cuestionable gestión de la pandemia y ahora el proceso de vacunación, no hay de donde subsidiarse.