El gobierno de Venezuela anunció la suspensión del diálogo que había mantenido en esta capital con representantes de la oposición, en respuesta a la extradición del negociador venezolano nacido en Colombia Alex Saab, quien ayer fue entregado por Cabo Verde a Estados Unidos.

Cabe recordar que el gobierno de Washing-ton ha fincado a Saab acusaciones por presunto lavado de dinero y otros delitos financieros, en lo que parece una persecución en contra del representante venezolano, quien ha desempeñado un importante papel en la obtención de suministros –particularmente, alimentos– para la nación caribeña, agobiada por el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Significativamente, la república bolivariana, que sería la parte supuestamente afectada por los movimientos de dinero efectuados por Saab, no sólo no le ha formulado acusación alguna, sino que, por el contrario, en cuanto fue capturado en Cabo Verde lo incluyó en la delegación gubernamental que ha venido participando en el diálogo interrumpido ayer, en un claro espaldarazo al detenido.

En tal circunstancia, es inevitable suponer que si hubo irregularidades en las transacciones realizada por Saab éstas responderían al propósito de eludir las sanciones impuestas por Washington a fin de allegar a Venezuela insumos que son requeridos con urgencia por el país sudamericano.

Con este contexto, resulta claro que la persecución contra el colombo-venezolano y su más reciente episodio, la extradición a Estados Unidos –concedida por un país débil y susceptible a toda clase de presiones por parte de la superpotencia–, constituyen acciones de provocación orientadas a boicotear el diálogo y la negociación que fue posible echar a andar tras afanosos empeños diplomáticos en agosto pasado.

Es importante considerar que de esas tratativas depende en buena medida el levantamiento de las sanciones económicas impuestas a Caracas por Washington y por la Unión Europea, las cuales han provocado en la patria de Bolívar una crisis económica, energética, alimentaria y sanitaria, dado que en virtud de tales sanciones el gobierno de esa nación se ve imposibilitado de adquirir en el extranjero combustibles, comida y medicamentos que requiere con urgencia.

Debe tenerse en cuenta, asimismo, que más de la mitad de los venezolanos esperan que los contactos entre el gobierno y la oposición se traduzcan en una mejoría de la situación económica y que sólo una cuarta parte de los consultados piensan que el objetivo central de las pláticas debe ser una solución a la confrontación política que vive el país, todo ello, según un sondeo recientemente divulgado por la Voz de América, un medio oficial del gobierno estadounidense.

En suma, pues, resulta inocultable que, con la persecución de Saab, Washington apuesta a prolongar el sufrimiento de la población venezolana como una forma de generar en forma artificial el descontento social en la nación caribeña.

La Jornada